GEO Group, una de las mayores contratistas privadas de prisiones del país, presentó en octubre una demanda federal contra funcionarios de California para anular una ley estatal que permite a oficiales de salud pública locales inspeccionar instalaciones de detención de inmigrantes.
La empresa con sede en Florida argumentó en su demanda que la ley de California, firmada por el gobernador Gavin Newsom en agosto, es inconstitucional porque invade la autoridad del gobierno federal para gestionar centros de detención. Por eso, GEO reclamó inmunidad intergubernamental como contratista.
“Este caso es el último de una serie de intentos del estado de California por prohibir la aplicación de las leyes de inmigración federal en el estado, o por obstaculizar tanto esos esfuerzos que agencias y contratistas federales implicados en esta función de seguridad nacional por mandato constitucional se vean forzados a abandonar California”, indica la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California.
Christopher Ferreira, vocero de GEO, no respondió a las solicitudes de comentarios.
La demanda menciona a Newsom, a Rob Bonta, fiscal general del estado, y a Kristopher Lyon, oficial de salud del condado de Kern, como demandados. Los tres tampoco quisieron hacer comentarios. La primera audiencia está programada para febrero.
GEO Group podría expandir su control sobre las instalaciones de detención de inmigrantes ahora que el ex presidente Donald Trump ganó un segundo mandato.
Trump ha prometido una deportación masiva de inmigrantes que viven en los Estados Unidos sin papeles, y los inversores creen que las políticas de Trump crearán un auge para las empresas privadas de prisiones, como GEO. Las acciones de GEO se dispararon un 75% luego de la victoria de Trump.
Personas y grupos asociados con el gigante de prisiones privadas gastaron aproximadamente $5.6 millones en cabildeo y donaciones durante el último ciclo electoral, gran parte de ello destinado a comités de acción política conservadores, incluyendo $1 millón para Make America Great Again Inc., según OpenSecrets, una organización sin fines de lucro que rastrea datos de financiamiento de campañas y cabildeo.
César García Hernández, profesor de derecho migratorio en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que probablemente un juez bloqueará la implementación de la ley de California mientras el litigio esté pendiente.
En marzo, un juez federal bloqueó a Washington de aplicar la mayor parte de una ley destinada a aumentar la supervisión y mejorar las condiciones de vida en la única instalación de detención de inmigrantes privada de ese estado.
“GEO ha tenido bastante éxito al recurrir a los tribunales para bloquear el acceso a sus instalaciones”, dijo García Hernández. “La empresa privada de prisiones está tratando de protegerse bajo el hecho de que opera esta instalación por un contrato con el gobierno federal”.
La ley de California otorga a oficiales de salud pública locales, que inspeccionan rutinariamente cárceles y prisiones estatales, la capacidad de inspeccionar instalaciones privadas de detención, incluidas las seis instalaciones federales de inmigración en California.
Los detenidos han denunciado amenazas a la salud que van desde brotes de covid-19, paperas y varicela hasta agua contaminada, comida enmohecida y conductos de aire que expulsan polvo negro.
Los legisladores estatales han intentado regular las instalaciones de inmigración con resultados mixtos.
En 2019, el demócrata Newsom firmó una medida que prohíbe el funcionamiento de prisiones e instalaciones de detención privadas en California. Pero luego un tribunal federal declaró la ley inconstitucional, argumentando que interfería con las funciones federales.
En 2021, los legisladores de California aprobaron una ley que exige que los centros de detención privados cumplan con las órdenes de salud pública estatales y locales, así como con las regulaciones de seguridad y salud laboral. Esa medida se adoptó en el apogeo de la pandemia de covid-19, mientras el virus arrasaba instalaciones de detención donde las personas estaban hacinadas en dormitorios con poca o ninguna protección contra virus transmitidos por el aire.
Bajo la nueva ley, los oficiales de salud pública determinarán si las instalaciones cumplen con las normas ambientales, como garantizar una ventilación adecuada, ofrecer atención básica de salud fisica y mental, tratamiento de emergencia y alimentos preparados de manera segura. A diferencia de las instalaciones correccionales públicas, que se inspeccionan cada año, los oficiales de salud inspeccionarán los centros de detención privados según lo consideren necesario.
Los que están a favor de esto dicen que los oficiales de salud pública están bien capacitados para inspeccionar estas instalaciones porque entienden cómo hacer que los espacios confinados sean más seguros para grandes poblaciones.
Pero GEO argumentó que los códigos y regulaciones de salud de California no siempre son consistentes con los estándares federales.
Por ejemplo, la demanda señaló que California exige que los detenidos en riesgo de autolesión o suicidio sean trasladados a una instalación de salud mental. Pero las reglas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permiten a los centros de detención mayor discreción: pueden transferir a un detenido a un centro de salud mental o mantenerlo en aislamiento contra el suicidio con monitoreo cada 15 minutos. GEO también advirtió en su queja que implementar la ley podría costar hasta $500,000.
Defensores de los inmigrantes dicen que el gobierno federal ha hecho un mal trabajo garantizando la salud y la seguridad. En un artículo publicado en junio, investigadores mostraron que los funcionarios de inmigración y un auditor privado realizaban inspecciones con poca frecuencia, al menos una vez cada tres años, y proporcionaban información pública limitada sobre las deficiencias y si o cómo se solucionaban.
En respuesta, los detenidos han presentado demandas alegando condiciones insalubres y hacinadas; la negación de atención médica y mental adecuada; negligencia médica; y muerte por suicidio a causa de negligencia.
“¿Por qué no dejan que un inspector entre a las instalaciones si están cumpliendo con los estándares?”, dijo José Rubén Hernández Gómez, quien estuvo detenido durante 16 meses y fue liberado en abril de 2023. “Si no tienen nada que ocultar, no deberían estar presentando una demanda”.
Hernández Gómez realizó una huelga de hambre durante 21 días después de presentar decenas de quejas alegando maltrato y malas condiciones de salubridad.
En octubre, ocho miembros de la delegación congresional de California instaron al Departamento de Seguridad Nacional a terminar sus contratos con dos centros de detención operados por GEO, Golden State Annex y Mesa Verde ICE Processing Center, donde este año realizaron múltiples huelgas de hambre y laborales. Los huelguistas exigieron el fin de servicios médicos y de salud mental inadecuados, malas condiciones de vida y el aislamiento solitario.
Defensores temen que las victorias legales de GEO puedan ser peligrosas para la salud de los inmigrantes.
Después que el Departamento de Salud del estado de Washington no pudo acceder al Northwest ICE Processing Center, el único centro de inmigración del estado, dos personas murieron en la instalación, incluyendo una en octubre.
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