Vivimos en un mundo
En el que el suelo desgrava,
Donde el pasado no existe
Y el futuro es de una Caja.
En el que el presente
Es una deuda abierta
Y unas horas
Que no son nuestras.
—Alberto García-Teresa, poeta español
Era la puesta en marcha de una promesa. A lo largo de la campaña presidencial de los Estados Unidos en 2020 fue uno de los anzuelos con los que el candidato Joe Biden buscó ganar el voto del vasto sector poblacional a quienes iba dirigida específicamente: los más de 45 millones de endeudados con decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles universitarios, federales o privados, que persiguen a muchos por el resto de sus vidas. Si ganaba la presidencia, Biden les garantizó un perdón de $10 mil a $20 mil dólares del total de su deuda, dependiendo del tipo de deuda estudiantil que tuvieran. Era una especie de compra de votos a un precio bastante alto. Por lo menos así lo vieron sus oponentes. Pero al fin y al cabo, todas las promesas de campaña son eso: un quid pro quo. Es el canje de la (siempre imperfecta) democracia. Y Biden ganó las elecciones. No solo por el prometido alivio parcial de la deuda estudiantil, sino, entre otras razones, para evitar que el ocupante de la Casa Blanca en esos momentos pudiera continuar allí cuatro años más. De modo que muchos ojos han estado pendientes de que cumpla esta y muchas otras promesas desde su posesión el 20 de enero de 2021.
Tratar de cumplir este compromiso ha sido otra cosa. Se ha vuelto una compleja maraña, llena de obstáculos para la administración Biden, debido en gran parte a la oposición de miembros del Partido Republicano y de jueces conservadores nombrados durante el pasado gobierno, quienes han bloqueado y mantienen bloqueada esta iniciativa. Para resumir, les presento aquí algunas movidas destacadas de este enredo.
Primera movida: desde marzo de 2020 el Departamento de Educación de la administración anterior había determinado una suspensión temporal del pago de los préstamos estudiantiles para dar un alivio a los deudores por la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19. Una vez instalado como presidente, una de primeras disposiciones de Biden fue la de extender la suspensión de los pagos hasta el 1 de mayo de 2022. Luego la volvió a extender hasta finales de 2022. En noviembre pasado, después de que un juez texano bloqueara la órden ejecutiva de cancelar la porción prometida de la deuda, Biden extendió una vez más la postergación de pagos de la deuda hasta el 30 de junio del 2023, con la idea de que los pagos pendientes se reanudaran dos meses después.
Segunda movida: El 19 de agosto de 2021, el Departamento de Educación indicó en un comunicado la activación de la posible anulación del total de la deuda de ciertos préstamos estudiantiles para unas 323 mil personas registradas en el Seguro Social con comprobadas y documentadas discapacidades totales y permanentes para trabajar. El perdón de esta deuda suma un promedio de 5.8 billones de dólares y forman parte del total actual de la deuda de más de 1.7 trillones de dólares. Esta decisión no es parte de una iniciativa de la administración Biden; ha existido desde hace años. El Departamento de Educación requería que los deudores llenaran una serie de formularios que hacía engorroso y desalentador el proceso, de manera que no terminaban de cumplir las normas y por tanto no recibían la anulación de sus préstamos. Lo que el actual gobierno intenta es reactivar esta iniciativa precedente, haciéndola automática. Pero, en la práctica, como señala la Red Nacional de Defensa Legal para Estudiantes, una de las organizaciones que lucha por los derechos de los estudiantes, hasta la primera semana de diciembre de 2022 estas personas todavía no habían recibido la anulación de la deuda (1).
Tercera movida: El 24 de agosto de 2022, esto es, un año y siete meses después de su posesión presidencial, Biden anunció alegremente en la página de la Casa Blanca y de sus redes sociales (Twitter e Instagram), el comienzo del proceso de condonación de $10 mil a $20 mil de la deuda estudiantil para deudores con ingresos menores de $125 mil dólares, o parejas con menos de $250 mil dólares anuales. Todo lo que tenían que hacer los prestatarios era llenar un sencillo formulario en línea y esperar la respuesta del gobierno donde se les indicaría si eran o no acreedores del descuento a su deuda en una fecha de la que serían informados.
Cuarta movida: A comienzos de noviembre de este año, el juez Mark Pittman del Distrito Norte de Texas, nombrado por Donald Trump, bloqueó la órden ejecutiva de Biden, declarando que era una usurpación del poder legislativo del Congreso. El bloqueo ha ido acompañado también de otras acciones legales de grupos conservadores. La Corte de Apelaciones del Circuito Octavo aceptó el bloqueo como parte de la demanda de varios estados (Nebraska, Kansas, Carolina del Sur, Missouri, Iowa y Arkansas), controlados por el partido Republicano, y elevó el caso ante la Corte Suprema.
Quinta movida: A comienzos de este mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró que estudiará la situación hacia finales de marzo próximo, y quizá llegue a una decisión en junio de 2023. La Casa Blanca ha dicho que dos meses después de esa fecha, los deudores de balances pendientes de los préstamos estudiantiles deberán reanudar los pagos.
Detrás de toda esta maquinaria de oposición al perdón de una porción de la deuda estudiantil hay en realidad una historia ligada a las acostumbradas prácticas discriminatorias y racistas de algunos sectores del sistema educativo de los Estados Unidos. Para entenderla hay que comenzar con la pregunta de cuándo y por qué las universidades públicas y privadas comenzaron a cobrar las crecientes y enormes sumas de dinero que cuesta hoy día obtener una educación universitaria. Y cómo se crearon los préstamos estudiantiles federales, y eventualmente de instituciones financieras privadas, para que los aspirantes a una educación superior pudieran obtenerla a través del endeudamiento, muchas veces impagable. Y cómo la deuda estudiantil llegó a ser hoy la segunda más grande del país, de 1.7 trillones de dólares, superada solamente por los préstamos hipotecarios de vivienda.
Como todas las historias que tienen que ver con la construcción ideologizada de la nación, esta no es para nada inocente. La educación universitaria dejó de ser exclusivamente para las élites poco antes del fin de la segunda guerra, cuando la Ley GI de 1944 fue implementada como parte de la recuperación de la Gran Depresión, y a través de la cual el gobierno financiaba la educación universitaria para promover la movilidad de la clase media. Esta iniciativa fue seguida en 1958, por el Decreto de la Defensa Nacional de Educación, bajo la administración de Eisenhower y como parte de la Guerra Fría, cuando el gobierno se propuso promover grupos de individuos, mayoritariamente hombres jóvenes blancos, para desempeñarse en campos especializados, y de paso combatir el avance del comunismo. Como lo destaca el especialista en finanzas, Jeff Gitlen, “a los estudiantes de secundaria que mostraban ser prometedores en matemáticas, ciencias, ingeniería, o lenguas extranjeras, o aquellos que querían ser maestros, se les ofreció subvenciones, becas, y préstamos estudiantiles” (2).
Los estudiantes de minorías racializadas fueron sistemáticamente excluidos del acceso a la educación universitaria, u orientados, si acaso, desde la escuela secundaria a seguir carreras intermedias y técnicas. El sistema educativo mismo en las escuelas primarias y secundarias era segregado expresamente y dichas escuelas mantenían un alto índice de deserción escolar debido a que los filtros discriminatorios del sistema educativo terminaba empujándolos fuera e impidiéndoles el acceso a una educación avanzada.
La década de los 60, y sobre todo su segunda mitad y principios de los 70, fue un periodo decisivo en la lucha por los derechos civiles, con un fuerte enfoque en el derecho a la educación y en contra de la guerra en Vietnam y los ataques aéreos a Cambodia, acompañado de una feroz resistencia por parte del establecimiento dominante. California fue central en este movimiento de justicia social y racial en el tiempo en que Ronald Reagan fue gobernador del estado por dos términos seguidos (1967-1975). Las políticas de Reagan, a lo John Wayne, le puso en directa confrontación con los dos sistemas públicos universitarios del estado (UC y CalState), a los cuales cerró temporalmente en 1970.
Crucial en esta disputa contra los reclamos de mayor financiamiento, inclusión e igualdad de acceso a la educación fue Roger A. Freeman, un austriaco nacionalizado estadounidense que llegó a ser una figura relevante en las políticas conservadoras y excluyentes en la educación, tanto a nivel nacional en el tiempo de la presidencia de Nixon, como estatal durante la reelección de Reagan en California. Defendiendo las políticas represivas de Reagan contra las demandas de los estudiantes a un acceso igualitario, Freeman dio una declaración antológica a la prensa: “Estamos en peligro de producir un proletariado educado. ¡Eso es dinamita! Tenemos que ser selectivos a la hora de decidir a quién permitimos obtener una educación universitaria” (3).
Las políticas de Freeman tuvieron un efecto directo en las decisiones del gobernador Reagan para reducir el financiamiento de la educación pública universitaria del estado, con la excusa de falta de fondos y la necesidad de ahorrar, sin mencionar nunca el verdadero motivo de exclusión social y racial, en un estado con cuantiosa población latina, afroestadounidense, asiática e indígena. Reagan promovió un incremento de la matricula en las universidades públicas, que hasta ese momento era muy baja y casi gratuita, impidiendo así el acceso a miles de estudiantes sin recursos, o de las llamadas comunidades de color.
Posteriormente, en sus años como presidente (1981-1989), Reagan impulsó aún más el aumento del costo de la educación tanto pública como privada, seguida de la implementación de políticas neoliberales que condujeron a una mayor privatización de la economía, con cada vez menos inversión federal y estatal. La consecuencia de esto fue el crecimiento del sistema de préstamos estudiantiles debido al aumento oneroso de los costos de la educación. Desde los tiempos de Reagan al presente, los precios de matrícula y de los cursos han subido en más del mil cien por ciento, sumado a un detrimento en la calidad de la educación dada la creciente burocratización de las universidades (con mayor personal administrativo que profesores) y con más educadores de tiempo parcial que de tiempo completo. Como apunta John Schwarz en The Intercept, “La deuda de los estudiantes, que había desempeñado un papel menor en la vida estadounidense hasta la década de 1960, aumentó durante el gobierno de Reagan y luego se disparó después de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando los estados hicieron enormes recortes en la financiación de sus sistemas universitarios” (4).
El Decreto sobre Educación Superior (Higher Education Act, HEA), creado por Lyndon B. Johnson en 1965, que evolucionó hasta el actual FAFSA, provee ayuda financiera para estudios universitarios, y sin duda ha ayudado a cientos de miles de estudiantes. Pero como lo indican estudios recientes, “revelaron una desigualdad continua para los estudiantes de color, quienes a menudo han tenido que obtener más préstamos estudiantiles que sus contrapartes más privilegiadas” (5).
El aumento cada vez mayor de los costos para obtener una educación universitaria impulsó en 1992 la creación de diversos programas adicionales a FAFSA, como el Programa de Préstamos Directos con el gobierno federal y los préstamos no subsidiados Stafford, que significaba, este último, que eran los estudiantes, y no el gobierno, quienes tenían que pagar los intereses mientras estaban estudiando. Estos programas se consideran el origen del actual sistema de préstamos estudiantiles.
Bajo el gobierno de Obama en 2010 se estableció que todos los préstamos federales estudiantiles tenían que ser Préstamos Directos, los cuales se comienzan a pagar con intereses después de que el estudiante se gradúa o abandona sus estudios. En ese mismo año los bancos y entidades financieras privadas, sin relación con el gobierno, comenzaron a otorgar préstamos estudiantiles, con intereses más altos. Dos años más tarde, la deuda estudiantil ya alcanzaba la astronómica suma de un trillón de dólares y en 2021 ascendió a $1.7 trillones. Y el aumento no parece tener fin, llevando a más de 45 millones de personas a una de las mayores crisis financieras del país.
La Oficina para la Protección del Consumidor del gobierno federal ha insistido en mencionar por varios años que los más directamente afectados por los préstamos estudiantiles públicos o privados son los afroestadounidenses (90 por ciento) y los latinos (72 por ciento), comparados con estudiantes blancos (66 por ciento) y asiáticos (51 por ciento). Esta y otras oficinas de protección al consumidor y organizaciones de derechos civiles, han hallado que entre los problemas que acarrean los programas de préstamos y sus altos intereses se destaca el hecho de que los estudiantes de minorías raciales tienen más dificultades a la hora de pagar los préstamos estudiantiles, lo cual les crea aún más barreras para su movilidad socioeconómica. Al mismo tiempo, las dificultades de acceso a los beneficios que sí tiene la comunidad blanca, los obliga a que obtener préstamos con intereses más altos con entidades financieras privadas, creando un ciclo interminable de endeudamiento (6).
Las estadísticas federales muestran que uno de cada ocho estadounidenses tiene deudas estudiantiles. Un problema que no es solo de individuos, sino de parejas, familias y amigos que están atrapados en la misma situación. Muchos encuentran que terminar una carrera universitaria no es una garantía para conseguir un trabajo dentro de su área de estudios ni a corto ni mediano plazo, mientras que el pago del préstamo no espera, y los intereses se acumulan con deudas que oscilan entre los $27 mil a los $100 mil dólares. En la década pasada, un promedio de 85% de los universitarios graduados regresaron a vivir con sus padres, incapaces de conseguir un trabajo bien remunerado para mantener el altísimo costo de vida de las ciudades en los Estados Unidos, incluyendo renta, pago de un vehículo, comida, ropa, seguro y gastos médicos, pago de la deuda estudiantil, tarjetas de crédito, vida social, entre otros. Esto ha conllevado también a un deterioro mental y emocional, que hace irrisoria para muchos la aspiración de “la búsqueda de la felicidad”, señalada como un derecho en la Declaración de Independencia del país.
Cryn Johannsen, autora del libro Solving the Student Loan Crisis: Dreams, Diplomas & a Lifetime of Debt (Resolviendo la crisis de los préstamos estudiantiles: sueños, diplomas y una vida de deudas), que considero uno de los textos más incisivos y prácticos sobre el tema, dice que “los préstamos estudiantiles tienen una complejidad total y una falta total de transparencia”, una trama a la que se refiere como “la nebulosa sopa de los préstamos estudiantiles”. Johannsen plantea diversas soluciones al problema, comenzando por lo que ella denomina un jubileo en el cual toda la deuda estudiantil debe ser perdonada (una práctica bíblica que, entre otras cosas, significaba el perdón de las deudas); ofrecer estudios universitarios gratuitos, como los que tienen numerosos países del mundo, incluyendo a Argentina, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Alemania, Austria, Escocia, Finlandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Chipre, Suecia, Malta y Grecia. O permitir a los prestatarios actuales refinanciar sus préstamos con intereses más bajos, restablecer la protección de derechos de bancarrota a los deudores, y apoyar a los políticos que luchan en nombre de los estudiantes con préstamos.
Adicional a esto y otras posibles soluciones, se hace esencial cuestionar y subvertir de manera radical el desastre humano, político y social causado por el neoliberalismo, que ha terminado por hacer de la educación, como todo lo que toca, un producto más de su voracidad metalizada y sin alma. En palabras de Noam Chomsky, siguiendo el pensamiento de Wilhelm von Humboldt, el verdadero objetivo de la educación es el de formar “una sociedad de personas libres, creativas e independientes, capaces de apreciar y aprovechar los logros culturales del pasado y añadir a ellos; una educación que ayude a crear mejores seres humanos”. Una sociedad donde la vida no sea solo “una deuda abierta / Y unas horas / Que no son nuestras”, sino una donde la educación esté puesta al servicio de la justicia, la inclusión y el disfrute.
Fuentes citadas:
1) “Making Relief Automatic for Borrowers with Total and Permanent Disabilities” (Cómo hacer que el alivio sea automático para los prestatarios con discapacidades totales y permanentes). National Student Legal Defense Network, 5 diciembre, 2022.
2) “A Look Into the History of Student Loans” (Una mirada a la historia de los préstamos estudiantiles), por Jeff Gitlen, LendEDU, August 24, 2022.
3) “Working Class. Professor Sees Peril in Education” (Clase trabajadora. Profesor ve peligro en la educación), por Roger A. Freeman. San Francisco Chronicle, 30 de octubre, 1970.
4) “The origin of Student Debt: Reagan Advisor Warned Free College Would Create a Dangerous ‘Educated Proletariat’” (El origen de la deuda estudiantil en Estados Unidos), por Jon Schwarz. The Intercept. 25 de agosto de 2022.
5) “75 years of reforms have failed to fix our college financial aid system” (Por 75 años se ha fracasado en arreglar nuestro sistema de ayuda financiera univrsitaria), por Elizabeth Tandy Shermer. The Washington Post, 3 de mayo, 2021.
6) “The significant impact of student debt on communities of color” (El significativo impacto de la deuda estudiantil en las comunidades de color”), por Aissa Canchola and Seth Frotman. Oficina de Protección al Consumidor, 15 septiembre, 2016.
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Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
