El enfrentamiento del pasado 12 de enero en Iguala, cuando los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se enfrentaron a efectivos del Batallón 27 por considerar que éstos participaron en la desaparición forzada de sus hijos, es una fuerte llamada de atención de lo que se puede avecinar si esa tragedia no se aclara debidamente.
Una medida desesperada
Aunque por fortuna no hubo víctimas mortales, el enfrentamiento terminó con varias personas seriamente lesionadas, entre ellas dos padres de familia, un estudiante y un periodista. Luego del altercado, el gobierno federal anunció que daría permiso a los familiares para visitar los cuarteles de ese batallón.
Pese a que el gobierno federal niega tajantemente esa posibilidad, puesto que ello implicaría que se trató de un crimen de Estado, hay muchos indicios que apuntan en esa dirección. Los testimonios de varios jóvenes que sobrevivieron al ataque en Iguala indican que los soldados del Batallón 27 no sólo pecaron de negligencia sino que también los agredieron directamente. La Procuraduría General de la República (PGR), por su parte, insiste en que los únicos culpables de los hechos fueron la policía de Iguala y de Cocula, el exalcalde José Luis Abarca y el cartel de los Guerreros Unidos.
El problema para la PGR, y para las autoridades en general, es que han caído en el descrédito total. Los mexicanos sabemos que toda la vida han mentido, ocultado y distorsionado la información sobre crímenes y abusos que involucran a quienes detentan el poder. Por eso nadie cree en las versiones oficiales.
Actuaron de manera extrajudicial
Ejemplos sobran. Para no ir más lejos está el caso Tlatlaya. Durante meses la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que los 22 civiles que murieron en ese municipio habían caído en un enfrentamiento con soldados. Pero investigaciones periodísticas descubrieron que muchos de los presuntos delincuentes fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. El Ejército tuvo que reconocer finalmente que los efectivos que participaron en el operativo actuaron de manera extrajudicial.
En el caso de Ayotzinapa el gobierno federal ha hecho constantes llamados para que cesen las protestas y vuelva la calma. El procurador Jesús Murillo Karam acaba de asegurar que aunque los estudios forenses de la Universidad de Innsbruck sólo pudieron identificar los restos de un joven no desmienten la hipótesis de que los normalistas desaparecidos fueron cremados en Cocula.
Sin embargo, los padres de los estudiantes y miles de mexicanos siguen sin creerle. La versión oficial ha sido incluso puesta en tela de juicio desde el punto de vista científico por investigadores como Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde de la UAM, como publicó hace poco el diario “La Jornada”. Ambos sostienen que es imposible incinerar al aire libre a 43 cuerpos con unas cuantas llantas y palos y creen que lo más factible es que hayan sido cremados en hornos del Ejército.
No bajar la guardia
Así, a casi cuatro meses de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas, persisten las dudas sobre lo que las autoridades dicen que ocurrió la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Y es de esperarse que mientras el gobierno no dé muestras contundentes de que está dispuesto a dejar de mentir la ciudadanía no bajará la guardia pues está en todo su derecho de conocer la verdad.
María Luisa Arredondo es fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com
