La Corte federal de Apelaciones del Noveno Circuito otorgó esta semana una victoria al estado de California y la protección de los inmigrantes.
Ciudades santuario
El tribunal declaró ilegal que la administración retenga fondos que le corresponden a ciudades, condados y otras instituciones estatales que se niegan a hacer tareas de inmigración, ya que las mismas les corresponden a los federales. De esa manera evitó que el gobierno negara fondos a las ciudades santuario y otras jurisdicciones similares que declaran que protegen a los inmigrantes.
Se trata de programas en todo el estado que avanzaban iniciativas de justicia penal que favorecen a la comunidad. El gobierno federal participa en la financiación y debía contribuir con una partida de 28.2 millones de dólares.
La administración Trump ha estado tratando de diversas maneras de obligar a las jurisdicciones estatales que colaboren en su política contra los inmigrantes. Específicamente a partir de 2017, intentó retener los fondos, especialmente de la ciudad de San Francisco, después de que esta se declaró Ciudad Santuario aquel ese mismo año.
Las demandas de la secretaría de Justicia de Trump fueron tres: tener acceso a las cárceles para entrevistar a los reos acerca de si tienen derecho a permanecer en Estados Unidos; que se les notifique por adelantado cuándo pondrían en libertad a los indocumentados encarcelados (para así interceptarlos a su salida y deportarlos) y certificar que el estado acata la ley federal que pide información migratoria de los gobiernos locales.
El Congreso decide presupuestos
Específicamente, La Corte tomó su decisión, escrita por el juez Richard Clifton en un panel de tres magistrados. Dictaminó que los programas de asistencia llamados Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, o Byrne JAG, deben ser financiados tal como fue acordado por el gobierno. Los fondos deben ser entregados a las jurisdicciones porque así lo determinó el Congreso, que es quien decide cuestiones de presupuestos. El programa es así llamado en honor a un policía de Nueva York que perdió la vida a manos de delincuentes. Fue establecido en 2006 a nivel nacional.
“Nuestros tribunales han rechazado consistentemente las tácticas ilegales y de mano dura del Presidente Trump para obligar a las comunidades que cumplan su voluntad. Por eso demandamos a la Administración para mantener nuestras comunidades seguras y protegidas”. Así celebró Xavier Becerra, el Fiscal General de California en un comunicado emitido a la prensa. “No íbamos a conceder los $28.3 millones que ganamos para hacer ese trabajo”, agregó.
Por otra parte, el tribunal federal redujo el alcance de su decisión a los fondos en cuestión y se abstuvo de expandirla a nivel nacional.
Los fondos estaban congelados esperando la decisión judicial desde el año pasado, cuando el mismo Becerra la pidió de los tribunales.
Lee también
Victoria para las mujeres: la Corte Suprema bloquea ley antiaborto
Trump y la hidroxicloroquina: mentiras que cuestan la vida
Se acabó la primavera judicial: Corte Suprema autoriza subsidios para escuelas religiosas
