En su campaña electoral de 2020 Joe Biden hizo varias promesas al votante latino, incluyendo la de hacer aprobar una reforma migratoria con vías a la ciudadanía; legalizar a los Dreamers; proteger a solicitantes de asilo en nuestros puertos de entrada y cesar las deportaciones indiscriminadas.
El apoyo de millones de latinos fue una de las claves de la victoria del hoy Presidente.
Aunque cesaron las políticas extremistas de la administración Trump, como el secuestro de miles de niños arrancados a sus padres, los cambios prometidos no llegaron.
Sí, el gobierno carece de los votos necesarios en el Congreso, y la Cámara de Representantes está bajo control republicano. Ya lo sabemos. Pero esto no justifica la inacción o peor, la repetición de medidas que el gobierno actual había criticado desde la oposición.
Biden podría emitir órdenes ejecutivas para avanzar las metas que había declarado. En lugar de ello, está endureciendo su política migratoria, alarmado por la cantidad de intentos de cruces indocumentados, un problema real, enfocándose en los solicitantes de asilo en la frontera.
Un ejemplo es el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Presidente y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, que expande la colaboración entre ambos países para rechazar a migrantes que buscan protección.
Se trata de una ampliación de la cooperación vigente desde 2004, que permitía a ambos países rechazar a solicitantes de asilo en los puertos fronterizos oficiales, pero que no mencionaba los puertos de entrada no oficiales.
Ahora, pueden regresar a solicitantes de asilo detenidos dentro de los 14 días posteriores de su cruce. Así como en la frontera sur, en su mayoría, son migrantes de Centroamérica, que buscan refugio de la violencia y la extrema pobreza.
Es una expansión de la política instituida por la administración en enero, cuando anunció que permitiría una vía legal de ingreso para algunos solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero solo si lo solicitaban desde sus países de origen y si sus solicitudes eran aprobadas. Quienes comparecen en la frontera solicitando asilo sin esa autorización son expulsados de inmediato. Para ello, la administración usa la política llamada Título 42, instaurada por Trump y que permite las deportaciones bajo la artimaña de que los inmigrantes traen consigo el virus del COVID 19. El Título 42 expirará en mayo, después de un tortuoso camino para su cancelación promovido por este gobierno. .
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 14); la Convención de la ONU sobre Refugiados de 1951; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.7) y otras leyes internacionales protegen a los solicitantes de asilo y les permite presentar su caso legalmente.
El nuevo acuerdo con Canadá es una medida más política que práctica. El problema es de una magnitud mayor que la entrada de los solicitantes de refugio. Las olas migratorias son masivas y reales, como resultado de las crisis económicas y de la seguridad en Centroamérica.
Pero para los proponentes de la mano dura la solución al flujo migratorio indocumentado ha sido la militarización de frontera, la separación de familias y otras acciones punitivas. En lugar de ello deberían buscar, a un precio mucho menor, el desarrollo y estabilización de los países de origen.
Con el acuerdo Biden-Trudeau, Estados Unidos sigue por un camino que pretende ser intermedio pero que no avanza una solución que vaya más allá de nuestras fronteras. No hay nada que felicitar.
