Cuando en marzo 2020, Breonna Taylor fue asesinada en Louisville, Kentucky, por un grupo de siete policías que actuaron más como una patota que como siete agentes del orden, algunos argumentaron que se trataba de un caso que no era representativo de la conducta que tradicionalmente exhiben los miembros del Departamento de Policía de Louisville Metro (LMPD).
Parece que estaban equivocados, pues tras una exhaustiva investigación de casi dos años que ordenó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se acaba de publicar un reporte que indica que “la conducta ilegal de Louisville Metro y LMPD no comenzó en 2020… ‘Breonna Taylor fue un síntoma de los problemas que hemos tenido durante años’”.
Agresión de años
Estos problemas, evidentemente, están relacionados con la historia de racismo que se remonta a los orígenes de la nación, la filosofía de control social del sistema de justicia criminal y la composición demográfica de un departamento de policía en el que solo 14% de los agentes son afroamericanos, en una ciudad en la que alrededor de un cuarto de la población es del mismo grupo racial.
“Durante años, LMPD ha practicado un estilo agresivo de vigilancia que despliega de manera selectiva, especialmente contra los afroamericanos, pero también contra personas vulnerables en toda la ciudad”, dice parte del reporte.
Gravedad de la situación
Reconociendo la gravedad de la situación, fue el mismo Procurador General de la Nación Merrick Garland quien se encargó de anunciar el reporte en una conferencia de prensa en el que se presentó evidencia de la conducta discriminatoria de los agentes del orden.
El Departamento de Policía de Louisville «se basó en gran medida en paradas de tráfico pretextuales en los vecindarios negros», dijo Garland. “En estas paradas, los oficiales usan el pretexto de hacer una parada por una infracción de tránsito menor para investigar otros delitos”.
El reporte también describe insultos y agresiones que reflejan el nivel de intolerancia que prevalece entre algunos miembros de la fuerza policial.
“Algunos se han grabado a sí mismos arrojando bebidas a los peatones desde sus automóviles, insultaron a personas con discapacidades y llamaron a los negros ‘monos’, ‘animales’ y ‘niño’, describió Garland.
Conducta ilegal
La investigación concluyó que la conducta ilegal de la policía de Louisville incluye:
• Un patrón o práctica de conducta que viola la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución Nacional
• Participación en conductas que violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Calles Seguras y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
• Uso de fuerza excesiva, incluidas restricciones injustificadas del cuello, uso irrazonable de perros policía y pistolas Taser
• Búsquedas basadas en órdenes judiciales no válidas
• Órdenes ejecutadas ilegalmente sin tocar la puerta y anunciarse
• Paradas, registros, detenciones y arrestos ilegales
• Discriminación ilegal contra afroamericanos
• Violaciones de los derechos de las personas que hacen discursos críticos de la actividad policial
• Discriminación de las personas con discapacidades al responder en una crisis
• Deficiencias al responder e investigar la violencia doméstica y la agresión sexual
“Esta conducta es inaceptable. Es desgarradora. Erosiona la confianza de la comunidad necesaria para una vigilancia eficaz y es una afrenta a la gran mayoría de los oficiales que arriesgan sus vidas todos los días para servir a Louisville con honor, y es una afrenta a la gente de Louisville que merece algo mejor», dijo el Procurador General.
Medidas correctivas
Garland reconoció que desde la muerte de Breonna Taylor, el Departamento de Policía de Louisville Metro ha introducido medidas correctivas de algunas de las conductas ilegales de la policía.
«La ciudad de Louisville ha firmado un principio de acuerdo con el Departamento de Justicia”, dijo Garland. “Este acuerdo compromete a la ciudad y al LMPD a trabajar con el Departamento de Justicia, la comunidad, los agentes de policía y otras partes interesadas para abordar los problemas que hemos identificado. Este acuerdo nos compromete a negociar un decreto de consentimiento legalmente vinculante con un monitor independiente”.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
