La semana pasada, la Administración Biden promulgó nuevas normas que aceleran la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para el público, sea por poseer un pasado criminal o por cuestiones de seguridad nacional. La nueva regulación acorta el procesamiento para negar las solicitudes de asilo a migrantes que de todos modos no calificarían.
Se lleva a cabo al comienzo del proceso, durante las entrevistas iniciales de miedo creíble. Reemplaza el procedimiento acostumbrado de dejar la decisión a manos de jueces de inmigración, ante quienes hay más de cuatro millones de casos pendientes, por lo que la espera es de varios años.
Esta nueva regla se agrega a los medios ya establecidos en el último año por el gobierno para restringir el volumen de pedidos de asilo en la frontera, como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios varios.
Adicionalmente, unos 11,000 migrantes se encuentran del otro lado de la frontera en albergues, refugios o a la intemperie esperando que avancen sus solicitudes de asilo para entrar legalmente.
La ola migratoria de los últimos años comprende individuos y familias especialmente de México mismo, y los sudamericanos Venezuela, Cuba, Honduras y Guatemala. También de Haití, China, Afganistán y varios estados africanos.
Por su parte, el gobierno de México, que elegirá nuevo presidente en menos de tres semanas, está colaborando ahora en un esfuerzo de limitar el flujo migratorio que atraviesa camino a EE.UU. Así, requiere visas de entrada para los provenientes de Venezuela, Ecuador y Brasil, y a partir de la semana pasada, del Perú. Otra solución de parche.
Ante la administración Biden hay una paradoja: quiere urgentemente quitarse el peso de la inmigración indocumentada y de refugiados. Y presionado por la crítica implacable de los republicanos promulga regulaciones instantáneas y temporales y se olvida de las soluciones reales.
Faltando menos de seis meses para las elecciones presidenciales, los republicanos convirtieron la inmigración en uno de los temas principales. Especialmente el presunto nominado presidencial y ex titular Donald Trump, quien llama a los inmigrantes en cada ocasión “prisioneros, asesinos, narcotraficantes, enfermos mentales y terroristas”
Si Biden y los demócratas piensan que mostrar mano dura con los inmigrantes y prevenir su llegada les granjeará el apoyo del votante indeciso, se equivocan. Para mano dura nadie se puede igualar a Trump. En cambio debería retomar la política exitosa de su campaña de 2020, cuando prometió – aún sin cumplir – una reforma migratoria que permitiría la legalización de parte de los 11 millones de indocumentados en el país. La otra parte de la solución es la inversión masiva en los países de origen latinoamericanos para ofrecer condiciones de seguridad y confianza a inversiones, tanto públicas como privadas, que generen puestos laborales y eliminen las principales motivaciones de inmigración.