En un mitin en Des Moines, Iowa, la semana pasada, Donald Trump gritó a la multitud de sus fanáticos “Vamos a recuperar Estados Unidos”.
El expresidente parece absolutamente dedicado a recuperar el poder en 2024, si no antes. A eso se encaminan sus acciones y la de sus acólitos en todo el país.
Obran a su favor decenas de leyes restrictivas del voto en 23 estados. La leyenda de que Joe Biden es presidente ilegítimo, en la que cree la enorme mayoría de los votantes republicanos. La actual composición de la Suprema Corte, la más conservadora en décadas, cuenta con tres magistrados nombrados por Trump, con la proliferación de las mal llamadas “milicias” o grupos paramilitares extremistas y con las sumas multimillonarias dedicadas a minar las instituciones que conforman al país.
Estados Unidos se acerca políticamente a lo que aquí se llama con desprecio un país del Tercer Mundo. En ese sentido las elecciones de noviembre de 2022 son decisivas.
La república está en peligro.
Estado tras estado, gobernadores y legislaturas han promulgado decenas de leyes destinadas a ese único objetivo. Entre ellas, mandan que si los resultados electorales están en entredicho sean decididos por las legislaturas partidistas en lugar de por funcionarios objetivos. Han estado reemplazando a una decena de secretarios de estado, encargados de la administración del voto con otros tantos proponentes de la “gran mentira”.
El sector que representan es ya minoritario y difícilmente podría aspirar a la presidencia en comicios normales. Conscientes de ello se dedican a destruir la confianza del electorado y simultáneamente, a destruir ese proceso.
Reclaman falsamente que hubo fraude en 2020 y simultáneamente, preparan ellos mismos un verdadero fraude para 2022 – las elecciones al Congreso y gubernaturas – y las presidenciales del 2024.
Los ataques a los mecanismos electorales por parte del partido de Trump hacen temer que las elecciones de 2020 podrían haber sido las últimas democráticas.
que alistan el golpe de estado estarán mucho más preparados y lamentablemente, como ha sucedido tantas veces en la historia, los mecanismos democráticos comunes fallan y su debilidad es la antesala del advenimiento de una dictadura.
Para que ello no suceda, la inacción es inaceptable.
Pero primero, debemos tomar conciencia de la gravedad de la situación y luego, tomar medidas preventivas, como la ley de protección del voto existente ya en el Congreso cuyo debate y votación es bloqueado por los republicanos en el Senado.
Para simplemente poder votar por leyes, cuando ambas cámaras tiene mayorías demócratas exiguas, estos deben de una vez por todas cambiar las reglas de debate y anular el llamado “filibuster”, por el cual si un senador declara su oposición a cierto proyecto se requieren actualmente sesenta de los 100 miembros para proceder a la votación.
Una vez refrendada por el presidente Biden, esa ley anulará las restricciones del voto a nivel estatal y recuperará la primacía federal sobre nuestras elecciones, tal como lo determina la Constitución.
Además, será necesario establecer observadores electorales de peso y autoridad para que representen en caso de crisis la voz de la razón.
Nuestras instituciones democráticas deben comprender que el probable fraude electoral que está en ciernes podría causar un daño quizás irreparable a la nación.
Que la democracia está en peligro ya no es un eufemismo. El ataque no es cosa de un futuro nebuloso. Ya está aquí y avanza.
