Con un Congreso y una Casa Blanca políticamente divididos e incapaces de pasar una ley de inmigración, los gobernadores de Texas, Florida y Arizona han estado enviando autobuses repletos de inmigrantes indocumentados a Nueva York, Los Ángeles, Washington, DC, y a otras ciudades del país.
En una nueva movida en el tablero de ajedrez de la cuestión migratoria, ahora la Administración Biden está explorando introducir un programa que, en la década de 1980, el entonces ex presidente Ronald Reagan propuso.
El plan
Se trata de obligar a que aquellos que cruzan por la frontera sur estadounidense pidiendo refugio que tengan que permanecer en Texas, cuya proximidad con la frontera facilitaría que sean removidos del país una vez que se concluyan los trámites preliminares de pedido de asilo que generalmente conducen a una orden de deportación.
El plan de las autoridades migratorias sería enfocarse en familias centroamericanas ya que es más fácil, por una cuestión de proximidad, deportarlos a sus países de origen.
La nueva iniciativa surgió porque en mayo, tras el fin de aplicarse el Título 42, parecía que el número de ingresos estaba cayendo considerablemente. Pero en meses posteriores la situación cambió. Un cambio fundamentalmente generado por el cruce no de individuos, que son más fáciles de deportar, sino que de numerosas familias que, en agosto, habrían llegado a uno de los niveles más altos de todos los tiempos.
En julio, por ejemplo, la Patrulla de Fronteras (CBP) reportó que más de 60,000 familias cruzaron la frontera méxico-estadounidense. Una cifra que representa casi la mitad de todos los migrantes que entraron ese mes. Aunque todavía no se han dado a conocer las estadísticas de agosto, de acuerdo a reportes periodísticos se estima que habría crecido por encima de 90,000 ingresos. Un crecimiento de más del 50% y un récord histórico que ha alarmado a las autoridades migratorias y puesto el foco en las familias.
De acuerdo al plan, las familias seleccionadas deberían permanecer en Texas y sus movimientos podrían ser monitoreados a través de brazaletes de tobillo conectados con un sistema GPS. Mientras permanecen en Texas, se coordinaría con organizaciones comunitarias locales a fin de asegurar que cuenten con vivienda y otras facilidades.
Pero una vez que se hagan las evaluaciones iniciales, aquellas familias que se considere que no califican para poder continuar con sus trámites de asilo, serían deportadas. Estar en la misma frontera, o próximas a la frontera, ayudaría a implementar la orden que generalmente es más complicado cuando las familias se han trasladado a puntos remotos del país.
Expandiendo FERM
El plan representaría una expansión del actual programa Family Expedited Removal Management (FERM) que es utilizado para monitorear a quienes se trasladan a distintas ciudades del país. El programa no solo utiliza tecnología GPS, sino que también impone otros límites como, por ejemplo, toques de queda.
Aparte de la conveniencia de tener a las familias cerca de la frontera para facilitar su deportación, si ese fuera el caso, el plan también serviría como herramienta propagandística para, una vez que se corra la voz en la comunidad migrante y a través de comunicados de prensa y videos, disuadir a quienes estén pensando en venir sin seguir los pasos protocolares que han establecido las autoridades migratorias.
Esas vías legales incluyen programar citas en un puerto de entrada utilizando la aplicación, CBO One, o participar de un programa que requiere solicitar migrar con el apoyo de un patrocinador que asume ciertas responsabilidades. Los que cruzan sin ajustarse a estas regulaciones y son detenidos confrontan consecuencias mucho más severas que en el pasado. Consecuencias que incluyen la prohibición de reingresar a Estados Unidos por cinco años y hasta la posibilidad, en casos de reiterados intentos, de acciones penales.
Rechazo
El plan no solo es rechazado por los organismos de derechos humanos y defensores de los intereses de migrantes, sino que también, en el otro extremo del espectro ideológico, por gobernadores como Greg Abbott y Ron DeSantis que, aliados con grupos nativistas, están a la cabeza del movimiento antiinmigrante estadounidense.
Más de tres décadas atrás la Administración Reagan confrontó una situación semejante en la frontera sur y decidió requerir que los migrantes tramitaran su pedido de asilo en ciudades fronterizas. Pero el rechazo de las autoridades locales (que hasta trataron de desalojar y cerrar las operaciones de los funcionarios federales que operaban en el estado) y el dictamen de un juez federal (que autorizó a que los migrantes abandonaran Texas) hizo que el plan fracasara.
Treinta cinco años después, con un México y una América Central con inseguridad y grandes desigualdades económicas, la esperanza de una vida mejor en Estados Unidos continúa siendo una alternativa más que atractiva para millones que están dispuestos a arriesgarlo todo.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.
