En la noche del 3 de noviembre de 2020, pocos minutos después de que Fox News causara la furia de Donald Trump al anunciar que Joe Biden había ganado los comicios presidenciales, el entonces presidente emergió en el patio de la Casa Blanca. Los ilusos esperaban que iba a conceder su derrota y felicitar al ganador.
En lugar de ello, Trump anunció que era víctima de una conspiración, que había habido un gigantesco operativo de fraude electoral en su contra y que en realidad, él era el ganador.
El resto es sabido. Hasta el día de hoy Trump esgrime la mentira del fraude como su principal herramienta en su campaña de venganza. Hoy está más cerca que nunca de volver a ser presidente.
El ataque al voto contrario
Y en decenas de estados, las legislaturas y gobernadores republicanos se abocaron a una implacable campaña de supresión del voto de todo aquel que pueda votar por los demócratas, entre ellos los distritos de mayoría demócrata, las comunidades afroamericanas, las áreas de bajos ingresos, las zonas urbanas en estados de mayorías rurales republicanas y los votantes latinos.
La avalancha de leyes antidemocráticas se debe a una absoluta realidad demográfica. Sin ellas, los republicanos perderán las elecciones, porque son minoría.
Menos de un año después, 21 estados habían producido 33 leyes que hacían más difícil y no más fácil votar. Más de 425 propuestas de ley estaban en distintas etapas de aprobación (o rechazo). La tendencia siguió en 2022 y 2023.
Leyes restrictivas
Entre las leyes más restrictivas están las purgas de votantes, que privan del derecho al voto a centenares de miles de ciudadanos por razones varias.
En varios estados se impusieron sanciones criminales contra funcionarios electorales que ayuden a los votantes, por ejemplo, dándoles agua a quienes hacen filas o dándoles instrucciones si son discapacitados o si ofrecen de propia iniciativa boletas por correo.
En otros se promulgó legislación que crea dificultades para estos votantes, restringiendo el número de casillas electorales en sus vecindarios, eliminando modos de acceso al idioma. Se limitó la autoridad de los trabajadores electorales para detener el acoso de los observadores electorales que supuestamente están a la caza de fraude.
El acoso contra los trabajadores electorales se generalizó y miles de ellos, tanto voluntarios como asalariados, renunciaron a sus puestos.
En distintos lugares se prohibió la votación fuera de hora y la votación desde al auto.
Se acortó el plazo para solicitar una boleta por correo o para entregarla, y se prohibió a los funcionarios explicar el mecanismo de votación a quienes pregunten. Se requiere prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
Una larga lista
La lista es larga y solo la insuficiente imaginación de legisladores y gobernadores limita los distintos casos.
Se espera una cantidad adicional de leyes restrictivas que serán legisladas adrede a último momento, para que estén en vigencia el día de las elecciones aunque sean desafiadas en tribunales.
En 2023 siguieron sumándose más leyes restrictivas, con énfasis en facilitar que funcionarios partidistas interfieran en los procesos democráticos y en ampliar los motivos por los que se puede rechazar un voto en ausencia.
Resalta una nueva ley de Texas que permite una supervisión estatal extrema de la administración electoral diaria del condado de Harris, que es el epicentro del voto demócrata en el estado.
Florida, de los peores
Entre los estados más restrictivos está Florida y entre los promotores más agresivos de la persecución de los votantes por el otro bando se destaca Ron DeSantis, el gobernador republicano del estado y hasta hace pocos días precandidato presidencial.
DeSantis no esperó el visto bueno de Trump para lanzar la campaña antidemocrática. En noviembre de 2018, dos de cada tres votantes de Florida aprobaron la Enmienda Constitucional 4, que restaura automáticamente el derecho de voto a 1,4 millones de floridanos que habían cumplido sus sentencias carcelarias. Pese a la voluntad popular tan bien expresada, el gobernador y la legislatura republicana pasaron una ley, SB 7066 que condiciona ese derecho al voto a que los expresidiarios paguen restitución, gastos judiciales, multas y honorarios antes de que se les permitiera votar. Para votar, debían pagar.
La intimidación de votantes en el estado llegó a arrestos, demandas judiciales, encarcelamiento y amenazas contra organizaciones comunitarias. Y Florida, hogar de 1 millón de latinos, participó alegremente en la fiebre de supresión del voto.
La SB 7050
El festejo llegó a su punto culminante el 24 de mayo de 2023, cuando DeSantis promulgó la ley SB 7050.
Entre las nuevas regulaciones se encuentran limitaciones sobre quién puede registrar votantes, mayores cargas administrativas, incluida la inscripción en el estado antes de cada ciclo electoral, y aumentos significativos en las multas por infracciones.
Inmediatamente, numerosas organizaciones comunitarias, legales y de protección del votante presentaron demandas judiciales contra distintas partes de la ley.
Para los votantes latinos, una parte especialmente maligna de la 7050 es la que limita la actividad de organizaciones comunitarias para registrar nuevos votantes. Estas organizaciones iniciaron una demanda colectiva y un juez federal en el Distrito Norte de Florida aceptó su solicitud de medida cautelar preliminar e impidió que esta medida entrase en vigor.
Sin esperar una decisión sobre los méritos de la ley, que estaba presupuestada para abril en el Tribunal del Undécimo Circuito, el estado de Florida presentó una apelación a la impugnación de la ley, intentando bloquear el interdicto, y este jueves 25 de enero, un tribunal federal de apelaciones escuchaba los argumentos orales de ambos lados.
El caso es “Federación Hispana vs Byrd”, que afirma que la ley promovida por DeSantis viola las Enmiendas Primera y 14 de la Constitución.
Conferencia de prensa
La semana pasada, los demandantes latinos celebraron una conferencia de prensa para presentar su caso ante los medios estatales y nacionales.
La conferencia de prensa fue dirigida por Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, junto con líderes de LatinoJustice PRLDEF, ACLU y Poder Latinx.
“Creemos que la democracia es más fuerte cuando más personas participan, y no menos, especialmente al inicio de un año electoral”, dijo Miranda.
La ley SB 7050, explicó Miranda, “hace más difícil que las organizaciones sin fines de lucro registren gente a pesar de que los latinos se registran entre tres y cuatro veces más que los blancos a través de organizaciones comunitarias”.
La ley, detalló, prohíbe a personas que residen aquí legalmente pero no son ciudadanos a participar en el esfuerzo de registro de nuevos votantes que sí lo son.
Adriel I. Cepeda Derieux, vicedirector del proyecto de derechos al voto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó la ley como “un ataque descarado contra las comunidades marginales de Florida”.
“La ley”, dijo Cepeda Derieux, “ha sido clara en cuanto a que los estados simplemente no pueden excluir a los no ciudadanos de actividades, empleos o programas simplemente porque no son ciudadanos. Los estados tienen que justificar ese tipo de discriminación con muy buenas razones, porque los tribunales aplican lo que se llama un escrutinio estricto y Florida simplemente ni siquiera se acerca a enfrentar ese tipo de escrutinio”.
“Es un caso bastante sencillo, en realidad”, añadió.
Por su parte, la abogada Carolina Wassmer de Poder Latinx enfatizó que “la medida cautelar nos ha permitido seguir utilizando personal que ya tiene experiencia en el campo electoral y que continúa haciendo este trabajo año tras año porque sabe la importancia de votar, aunque no puede participar en la elección”.
“Si perdemos esta orden judicial preliminar”, agregó Wassmer, “tendríamos que reestructurar todo el programa. Perderíamos confianza no sólo en nuestros votantes, sino también en nuestros financiadores.
Delmarie Alicea, abogada de la organización LatinoJustice en Orlando, dijo que “el tribunal inferior afirmó lo que hemos estado argumentando, que la SB 7050 es inconstitucional y que su función principal es silenciar a nuestras comunidades. Hasta la fecha, el estado no ha justificado la prohibición de que los no ciudadanos se encarguen de la inscripción de los votantes”.
“Si esta ley llegara a pasar”, agregó Alicea, “no solo impedirá que las personas de nuestras comunidades se registren para votar, sino que también afectará a estas organizaciones nacionales a la hora de ayudar a las personas a acceder a las boletas electorales. Es que siguen ideando nuevas estrategias y nuevas formas de intimidar a nuestra comunidad”.
Frederic Bills, Director Nacional de Participación Cívica en la Federación Hispana, dijo que “Florida ha estado aprobando estos proyectos de ley de supresión de votantes cada año, vulnerando nuestros derechos y promoviendo la forma en que podemos motivar a los votantes a salir a votar, que podemos informar a los votantes y que podemos registrarnos para votar”.
“El problema”, agregó, “es que esta ley no tiene conexión con los problemas reales… Florida y otras legislaturas están utilizando una lógica falsa. No hay evidencia de fraude generalizado ni de que los residentes legales no puedan registrar a los ciudadanos de manera efectiva”.
“El objetivo final de los políticos es que quieren que vote menos gente”.
Este artículo está respaldado en su totalidad o en parte por fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos Estadounidenses Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Stop the Hate. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, vaya a CA vs Hate.
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