El pasado 2 de enero, Marcelino de Jesús Martínez, un indígena Triqui residente de Greenfield, una pequeña comunidad costera del condado de Monterey, California, fue arrestado bajo cargos de complicidad en la violación de una menor: su hija.
Martínez habría vendido a la menor en cuestión, de 14 años, según las primeras declaraciones de la policía de Greenfield.
La realidad es más complicada: aparentemente, se trata de una ancestral costumbre de muchos pueblos: la dote y el arreglo entre familias del casamiento de sus hijos.
Martínez y el novio de la joven son Triquis, una de las 16 comunidades indígenas de Oaxaca. Miles de Triquis viven en Greenfield, donde trabajan enlos campos de cultivo del Valle de Salinas.
Aunque no hay números exactos, se estima esta población en varios miles y comenzaron a establecerse en esta region del estado hace ya dos décadas.Según los datos que proporciona la policía, Martínez reportó como perdida a su hija a fines de diciembre. Después de una investigación, la policía determinó que se trataba de un acuerdo matrimonial con la familia del novio, Margarito de Jesus Galindo, de 18 años, también residente de Greenfield.
Joe Grebmeier, jefe de policía de Grenfield, declaró el 12 de enero que Martínez había intentado vender a su hija a cambio de dinero -unos 16 mil dólares-, cien cajas de cerveza y refrescos. Pero como Galindo no había completado el pago, el padre de la novia quiso anular el trato y se fue a quejar a la policía, lo que originó la investigación.
Debido a presiones de activistas y organizaciones civiles, Grebmeier se disculpó por haber dicho que Martínez «vendió» a la joven y explicó que se trataba de la dote matrimonial. El dinero hubiera servido para pagar por los costos de la boda, para la que asimismo estaba destinada la cerveza.
Galindo permanece en libertad aunque será acusado de violación ya que él y la menor de edad reconocieron haber mantenido relaciones sexuales.
«No hubo violencia, secuestro o amenazas» por parte de Galindo, declaró Grebmeier a la prensa.
Antecedente
Hace unos años ocurrió un caso similar en el estado de Washington con una niña de 13 años pero el novio fue absuelto de los cargos de violación porque se contempló el aspecto cultural, según el Dr. Seth Holmes, un antropólogo y médico de Pennsylvania que trabajó en el Centro Comunitario
Natividad y con Salinas Valley Triquis.
Holmes comentó que este tipo de tratos o arreglos entre familias son comunes en la comunidad Triqui y que las jovenes no son obligadas a casarse. Las comunidades indígenas toman esta tradición con mucha seriedad y respeto, asegura Holmes.
«¿Quiénes son los estadounidenses para decir que su forma de casarse es mejor que la de los Triquis, especialmente cuando el 50 por ciento de esos casamientos terminan en divorcios?», interrogó Holmes.
En realidad, casi todas las comunidades practicaban antiguamente esta costumbre de la dote.
En California, además de los Triquis, otro grupo inmigrante lo practica. Se trata de los Hmong, provenientes de Laos y que residen mayoritariamente en el Valle Central de California y en Minnesota.
Pero si observamos de cerca a la institución del matrimonio, veremos que ésta tiene mucho de interés economico. Hasta hace poco, las casas reales establecían casamientos entre sus hijos para ampliar dominios o establecer alianzas. ¿Y el amor?
El «conseguir un buen partido» es para muchos el pasaporte a subir en la escala social, al igual que el casarse con mujeres bellas ‹adorno perfecto de acuerdo a valores sociales que lo aprueban.
Todo bajo el manto del «amor», por lo que quienes mantienen y reproducen estos valores ven con desprecio y desconfianza la tradición del arreglo matrimonial y la dote.
Esta también existe de manera manifiesta en la sociedad «civilizada» actual bajo varias formas. Al casarse con «un buen partido», es claro que es éste quien pagará las cuentas, aunque no se llame «dote».
En la corte
El 20 de enero Martínez compareció ante un juez y se declaró no culpable de los cargos de ser un proxeneta, por apoyar y ser cómplice de un adulto que tuvo relaciones sexuales con una menor, y poner en peligro el bienestar de una menor.
Su caso recién empieza y es seguro que después del mismo (independientemente de cual sea el veredicto), Martínez enfrentará proceso de deportación debido a su situación migratoria ‹la mayoría de los trabajadores del campo carecen de residencia legal.
De acuerdo con las autoridades, aún cuando se puedan aceptar aspectos culturales de grupos étnicos como atenuantes, el caso involucra a una menor y por lo tanto existe violación.
Resonancia
Este caso logró atención internacional, y según Andrés Cruz García, activista Triqui de Greenfield, afecta la percepción sobre su cultura y hasta las buenas relaciones con las autoridades locales, ganadas después de largas negociaciones y diálogos.
Según García, desde hace varios años esta comunidad indígena se reúne mensualmente con las autoridades para tratar aspectos de común interés. García afirma que esto ha permitido a los Triquis de Greenfield entender mejor las leyes del país y a su vez la policía local comprender mejor
comportamientos de estos trabajadores. Como resultado, según García, se logró una mejor conviviencia social y tranquilidad mutua. Este caso podría afectar dicha relación y dar nuevos argumentos a grupos antiinmigrantes.