Todos sabemos sobre los inmigrantes y ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa que fueron enviados a campos de concentración después del ataque a Pearl Harbor. Sabemos sobre su lucha para que se reconozca la injusticia cometida, sobre su lucha por reparaciones. De lo que casi no se habla, y muchos desconocen, es sobre los miles de latinoamericanos de etnia japonesa que durante ese mismo período fueron traídos de países de América del Sur, América Central y el Caribe a los campos de concentración estadounidenses.
Antes que Estados Unidos le declarara la guerra al Japón, era claro que, por razones históricas e ideológicas, su simpatía residía con los Aliados. Por ende, se venían realizando trabajos de inteligencia que también se extendieron a América Latina.
En 1940, el presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó que las embajadas estadounidenses en América del Sur incluyeran agregados con responsabilidades legales, que en realidad eran agentes del FBI, con la misión expresa de recoger inteligencia, especialmente de las comunidades japonesas. Una de sus tareas era preparar listas de los latinoamericanos que fueran identificados como simpatizantes del Eje y, por ende,
potencialmente una amenaza a los intereses de seguridad estadounidenses en la región. En la medida en que las tensiones se incrementaron con el Japón, la atención se centró en los japoneses latinoamericanos.
Ese mismo año, el Comité Interamericano de Neutralidad, que se había creado un año antes en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Lima, Perú, se reunió por primera vez. En la reunión se estableció el principio que se seguiría para la detención de personas de los países beligerantes que, más tarde, serviría como base para la detención de los japoneses de América Latina. Y en enero de 1942, en la una nueva conferencia de ministros de Relaciones Exteriores en Rio de Janeiro, Brasil, se decidió que los detenidos serían enviados a Estados Unidos.
A partir de 1942, la presión de Estados Unidos se intensificó y, con incentivos financieros y la complicidad de los gobiernos locales, se comenzaron a usar las listas para detener a los japoneses. Algunos países como México optaron por mantenerlos en su territorio, pero otros, como Perú, procedieron con deportaciones masivas a Estados Unidos.
El modelo panameño
Las deportaciones que alcanzarían a muchos países latinoamericanos tendrían como antecedente la experiencia de Panamá.
El Canal de Panamá era un punto estratégico que debía ser protegido a cualquier costo. Después de todo, esta conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico era vital para mantener el comercio y el transporte de material bélico que, de ser afectado por un ataque o sabotaje, afectaría no solo a Estados Unidos, sino que a todo el hemisferio.
El interés por la comunidad japonesa de Panamá, que en la década de 1940 era de alrededor de 400 personas, en realidad se remonta a 1919. Y en 1933, la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) de los Estados Unidos comenzó a tener un registro de todos los japoneses panameños.
En la medida en que las diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y el Japón aumentaron, crecieron los incidentes y medidas antijaponesas en Panamá. Ya en 1940, cuando un barco japonés, el Sagami Maru, cruzaba el canal, soldados estadounidenses lo abordaron para inspeccionarlo. Y en julio se encontró una excusa para cerrar el canal a todos los barcos japoneses. Incluso, a mediados de 1941, el gobierno panameño prohibió que los japoneses tuvieran negocios en el país.
El historiador C. Harvey Gardiner reporta que en octubre de 1941, poco antes de Pearl Harbor, el embajador estadounidense en Panamá, Edwin Wilson, logró convencer a las autoridades del país centroamericano para que, en caso de guerra, permitieran que Estados Unidos arrestara a todos los japoneses del área del canal, mientras que los panameños se encargarían de arrestar a los que residieran en otras localidades del país. Todos serían transferidos a los estadounidenses quienes los transportarían a campos de concentración.
El plan se llevó adelante tal como se había acordado. Menos de una hora después del ataque a Pearl Harbor, ya había japoneses panameños que eran arrestados. De acuerdo a Nat Barrows, del Chicago Daily News, en enero de 1942, unos 185 japoneses estaban detenidos en la Isla Taboga, en la Zona del Canal. En las afueras del campo de concentración, en lo que había sido la sede de un club, se encontraban 34 mujeres y 47 niños.
Las condiciones de la detención eran sumamente duras. De acuerdo con lo que aparece redactado en documentos diplomáticos, los detenidos japoneses, incluyendo ancianos, eran obligados a realizar trabajos físicos intensos. Tenían que transportar maderas pesadas, afilar sierras, cavar pozos. En ocasiones se llegaba a la crueldad de hacerlos cavar un pozo para inmediatamente después obligarlos a volver a llenarlo con la misma tierra. Quienes se cansaban eran golpeados y pateados.
Finalmente el 2 de abril de 1942, los japoneses que estaban en la Zona del Canal fueron puestos en el barco SS Florida y transportados a la estación de inmigración Algiers, en Nueva Orleans, Luisiana. Previo a la partida, se les removió sus pasaportes y otros documentos. Por lo tanto, al llegar a territorio estadounidense sin los papeles apropiados y sin visa eran inmediatamente puestos bajo la jurisdicción del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y detenidos como inmigrantes indocumentados.
En el transporte iban no solo panameños sino también japoneses de Costa Rica y de México. De acuerdo a Associated Press, en el SS Florida iban un total de 184 hombres y sus familias que serían distribuidos en distintos campos. La mayoría, irían al campo de concentración de Livingston, en Luisiana, en donde permanecerían durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el conflicto concluyó, muchos que no habían sido intercambiados por ciudadanos de los países Aliados que eran mantenidos prisioneros de los japoneses, intentarían regresar a su país. Pero, en la mayoría de los casos, el gobierno panameño bloquearía su retorno.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO DE ESTA SERIE:
El caso de los japoneses peruanos que fueron arrestados y deportados a campos de concentración en Estados Unidos.
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