SAN SALVADOR – La Compañía de Jesús de Centroamérica y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) se pronunciaron este 8 de junio en favor de que se establezca la verdad y se llegue a la justicia en el caso de la matanza de los seis sacerdotes. Entre ellos, están los rectores de la institución universitaria: Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, así como dos colaboradoras de estos, muertos por la Fuerza Armada el 16 de noviembre de 1989.
Comunicado jesuita
En un comunicado de la jerarquía jesuita y de la UCA se expresa que “la protección del estado salvadoreño a los militares que cometieron este crimen se ha mantenido a lo largo del tiempo. Las repetidas dificultades y barreras para que en El Salvador se juzgue a los autores intelectuales del mismo, e impedir la extradición a España de los militares que fueron requeridos por el Juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, son las principales muestras de ello”.
Ante tales muestras de impunidad del Estado Salvadoreño, los jesuitas instaron al que este lunes será enjuiciado, coronel retirado Inocente Montano, “a aprovechar esta gran oportunidad para contribuir con esta noble causa, poniéndose del lado de la verdad y la justicia, dando a conocer todo lo que sabe sobre dicho crimen”.
Hace casi 31 años, el 16 de noviembre un pelotón élite, el Atlacatl, de la Fuerza Armada, penetró en el campus universitario (UCA). Llegaron a la residencia de los rectores y profesores, los sacaron al patio y los masacraron en el suelo. Dentro del recinto domiciliar masacraron a las dos mujeres colaboradoras de los jesuitas.
Las víctimas fueron: Ignacio Ellacuría S. J., español, rector de la universidad; Ignacio Martín-Baró S. J., español, vicerrector académico; Segundo Montes S. J., español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno S. J., español, director de la biblioteca de Teología; Amando López S. J., español, profesor de Filosofía; Joaquín López y López S. J., salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador; Elba Ramos, salvadoreña, empleada doméstica y Celina Ramos, salvadoreña, hija de Elba Ramos, de 16 años.
No dejar testigos
A la mayoría se les dio tiros de gracia en cumplimiento de la orden girada –según los testimonios recogidos- de no dejar “testigos” a la hora de matar a Ellacuría. Esta orden emanaba del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, coronel René Emilio Ponce, fallecido el 2 de mayo de 2011.
Tras largas investigaciones en las que estuvieron involucradas policías internacionales (España, Estados Unidos e Inglaterra; una importante comisión del congreso de EE.UU., encabezada por el congresista Joe Mockey), se determinó que la FFAA consideró a la UCA como “centro subversivo y refugio subversivo”, en medio de una Ofensiva del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en contra de la capital San Salvador.
Por tal motivo el Alto Mando de la FFAA planificó y ordenó la matanza. Según la Comisión de la Verdad (ONU-1993), este hecho está calificado como un grave crimen de lesa humanidad. De hecho en la historia moderna es la más grande masacre contra sacerdotes jesuitas en el mundo hasta el momento por el ejército de una nación.
Tras intentos de buscar justicia en El Salvador, negada y tergiversada la verdad, la Audiencia Nacional de España, bajo el mandato del magistrado Eloy Velázquez emitió órdenes internacionales de arresto desde Madrid. Fueron: contra Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zárpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León.
Entre los acusados por España, en un proceso que se llevó desde 2009 al 2011, uno de los principales acusados resultó ser el ya fallecido general Emilio Ponce, entonces jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada. Además, el coronel Guillermo Benavides (preso en la actualidad en El Salvador cumpliendo una condena de 30 años por su responsabilidad material en la masacre). Y también el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, quien se nacionalizó chileno y vive en Chile y quien ha sido requerido para declarar en el juicio en una video conferencia en la embajada de España en Madrid.
El 15 de noviembre de 2017 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación posible del exviceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Orlando Montano para evitar su extradición a España, donde estará sentado en el banquillo de los acusados para responder sobre la matanza.
Durante el curso de este proceso judicial en España, un testigo no identificado confesó su propia participación en la masacre e implicó al Alto Mando del Ejército salvadoreño y al expresidente Cristiani.
Las pruebas puestas a disposición de los periodistas incluyeron notas escritas a mano tomadas durante una reunión del Alto Mando Militar Salvadoreño en la que supuestamente se planeó la masacre. Tanto el Alto Mando militar como el Ejecutivo del país probablemente sabían, si es que no estaban directamente involucrados en estas reuniones de planificación. Los documentos desclasificados de la CIA indicaron que durante muchos años la CIA supo de los planes del gobierno salvadoreño para asesinar a los jesuitas.
Lee aquí el comunicado de la Compañía de Jesús.
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