La semana pasada nos sorprendió Pedro Carrillo, el nuevo administrador en ejercicio de la ciudad de Bell (al este de Los Angeles), al confirmar que no eran sólo tres los funcionarios que ganan allí salarios siderales sino (al menos) diez,
Así, la directora de servicios administrativos Lourdes García gana $422.707 al año. El director de servicios generales Eric Eggena, $421.402. Annette Péretz, directora de servicios comunitarios, $273.542, el vice-ingeniero municipal $247.573; el coordinador de desarrollo empresarial $295.627, un capitán de policía $238.075 y un teniente, $229,992.
Esto se agregó a nuestros ya conocidos Robert Rizzo, administrador de Bell, con 1.2 millones entre salarios, beneficios, vacaciones y días de enfermedad pagos. El jefe de policía Randy Adams con casi medio millón sólo en salario y la vice administradora Angela Spaccia, $376.288.
Los cuatro concejales electos, un puesto de tiempo parcial, se adjudicaban salarios de unos 100,000 dólares al año. A la luz del escándalo se los recortaron en 90%. Al parecer, podían.
Esto da bronca. Primero, por el mal hecho a la población. Bell, de 36,624 habitantes (casi todos hispanos inmigrantes o sus hijos), tiene un caudal electoral de sólo 7,500, de los que menos de 400 participaron en el voto por la aprobación de una carta magna que le permitió birlar las limitaciones legales a los salarios de los funcionarios.
Con un salario anual promedio de $35,000, es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. Mientras reducían servicios, despedían y congelaban salarios multiplicaban las bonificaciones para esos corruptos en el poder.
Porque eso son: corruptos. Aprovechadores. Miserables. Han llevado a Bell a la ruina, con una deuda pública de 77 millones de dólares cuyos intereses crecerán en 42% a fines de este año. Después de ellos, el diluvio.
Pero hay un segundo daño. Perdurará después de que se disipen los humos del escándalo. Estará allí cuando pasen las elecciones y el procurador general (y candidato a goberrnador) Jerry Brown ya no necesite viajar desde el norte celebrar una conferencia de prensa en Bell para anunciar la investigación que hace tiempo tenía que estar promediando. Un segundo daño que, en una conversación con la junta editorial de La Opinión cuatro días atrás, mencionó el presidente de la Asamblea John Pérez.
Hablo del daño causado a la imagen de los public servants, la gente de la administración pública, los líderes electos, de la política.
Pérez representa en la Asamblea al distrito 46, que incluye las ciudades de Huntington Park, las también escandalosas Maywood y Vernon y porciones populares de Los Angeles como Boyle Heights y Little Tokio. Llegó a Sacramento con el 84% de los votos.
Lo que dijo Pérez es cierto. El cinismo por la cosa pública se magnifica. El resultado: desprecio por todos los políticos. Los más capaces y dedicados de ellos se ven manchados por el escándalo al igual que los venales y mediocres. Se alejan. Los brillantes se abstienen así de interesarse en mejorar la situación de la población, que de por sí, casi no vota.
Pero, ¿quien gana cuando a uno no le interesa la política? ¿quien lucra cuando uno no sabe quiénes son sus representantes y qué hacen por uno?
Precisamente, los mismos que ahora se ha desenmascarado.
Es un círculo vicioso en el que estamos cayendo. Porque la verdad es que la enorme mayoría de los administradores y profesionales urbanos de las 473 ciudades de California gana una fracción que los de Bell (entre 20% y 30%, con un mínimo de 100,000 y un máximo de 310.444 para Santa Mónica y Beverly Hills ), al igual que la enorme mayoría de los concejales y políticos. Y aunque fuesen ambiciosos y hasta sedientos de poder o manipuladores, trabajan arduamente. Y se enorgullecen por los logros de sus ciudades y angustian por sus problemas. Y no son corruptos.
Pero ahora, quién lo cree.
