Entrevista: La brutalidad policial como crimen de odio

A finales del mes pasado, un registro de Los Ángeles Times mostró que desde el año 2000, 993 personas han perdido la vida a manos de la policía en el condado de Los Ángeles. Casi todas las víctimas eran hombres, de los cuales, el 80% eran afroamericanos o latinos.

Recientemente, uno de los casos de brutalidad policial que generó más impacto en la comunidad fue el de Frederick Holder, joven afroamericano de 28 años de edad que en el 2021 perdió la vida por 17 de los 33 balazos que le dispararon tres agentes del sheriff de Los Ángeles. El joven no iba armado.

La controversia se generó porque hace unas semanas, el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, publicó que los tres agentes involucrados en el caso no serán procesados judicialmente ya que aparentemente, actuaron dentro de los protocolos de la ley.

Este caso se une al lamento nacional por Tyre Nichols, el joven afroamericano que perdió la vida en Memphis, Tennessee, donde seis policías no respondieron al grito de ayuda del joven mientras lo golpeaban en el suelo. La víctima, quien era un fotógrafo-artista de 29 años de edad y padre de un menor de 4, falleció tres días después a consecuencia de los golpes propinados por las autoridades. Tampoco iba armado.

Basado en los innumerables casos de aparente, y en algunos videos obvio, abuso policial, Robin S. Toma, director Ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles, explica que legalmente este puede ser considerado un delito de odio. El problema, es que hay que probarlo y muy pocos fiscales o ninguno decide investigar contra un departamento del que depende, en gran medida, su trabajo.

Toma es también director del programa LA vs Hate, que busca reducir los delitos de odio al mínimo y transformar el prejuicio en aceptación, la inequidad en justicia y la hostilidad en paz.

“No hay nada en los estatutos de California que diga que no: un policía puede ser procesado judicialmente como cualquier otra persona, de este tipo de delito. Pero el problema es demostrarlo. El crimen que parte de la motivación de odio se debe denunciar y luego mostrar que fue cometido sustancialmente por el perjuicio o antagonismo contra la víctima por sus condiciones de género, color, idioma, orientación sexual, religión o incapacidad mental o física”.

Agregó que no necesariamente debe de haber golpes o abusos físicos, con las puras palabras puede constituir un delito o situación de odio.

“Una cosa es que sea teóricamente posible, pero les otra comprobar el crimen y luego convencer a un jurado de que es un crimen de odio”, expresó. “En muchos casos es muy poco probable que todos los miembros de un jurado puedan percibir las acciones de un policía de la misma manera que una persona que no sea policía”.

Aunque también subrayó que los jurados tienen sus prejuicios en dos sentidos. Unos miembros asumen que ciertas personas siempre se portan mal. Otros siempre dan el beneficio de la duda y eso complica todo.

“Históricamente las policías se han beneficiado de esa presunción positiva, pero poco a poco va cambiando esa percepción con los videos que van saliendo”.

Explicó que muchas veces los fiscales no quieren continuar un caso contra un policía porque hay conflicto de intereses. Los fiscales dependen de policías en muchos aspectos para realizar su trabajo y si empiezan a procesar a los agentes, se les pueden complicar las cosas en trabajos futuros.

Indicó que la comunidad ha pedido que fiscales independientes lleven los casos de policías, pero hasta el momento no se ha logrado. Es una propuesta en ciertos lugares, incluso en Los Ángeles.

“Estos casos los deberían llevar los fiscales estatales, ellos no dependen de los policías locales, en ese caso habría menos problemas institucionales”, explica.

Hasta que llegó George Gascón a la fiscalía del distrito del condado de Los Ángeles (2020) se podían contar con los dedos el número de policías que habían sido acusados y procesados judicialmente por un tipo de abuso o brutalidad policial al momento de someter a sus víctimas. Una cantidad insignificante considerando que son casi mil las personas que han perdido la vida a manos de un agente del orden desde el año 2000, algo así como 43.5 personas anualmente o 3.5 cada mes.

Durante la presente administración del fiscal del distrito de Los Ángeles, por lo menos 20 agentes estaban siendo investigados hasta hace unos meses.

Toma subraya que es casi inédito que se levanten cargos contra la policía. Aunque los fiscales tienen la opción, deciden no hacerlo.

Hasta el momento no hay un solo policía que haya sido enjuiciado por un delito de odio en California, por lo menos no lo recuerda en el momento de la entrevista.

Presión de la comunidad

Toma subrayó que es importante que siga creciendo la presión de la comunidad para que los agentes del orden sean enjuiciados.

“Estoy seguro de que las policías están recibiendo más peticiones para examinar los casos. Es cuestión de tiempo para que haya cambios”.

En el caso de Memphis, todos los policías eran afroamericanos y fueron despedidos. Toma explica que en este caso difícilmente se podrá hablar de racismo, pero sí sobre una cuestión de entrenamiento de los agentes. Es parte de la responsabilidad de las autoridades tener un sistema que funcione para corregir esos casos en donde los policías actúan de una forma no conforme con la política escrita y al entrenamiento.

“Puede uno tener un entrenamiento perfecto, pero si se cometen violaciones y nadie los corrige, ¿qué mensaje se manda?”, explica. “Eso es parte del problema; aunque también puede haber policías con actitudes hostiles contra un grupo, con prejuicios que se muestran consciente y abiertamente. Esas actitudes pueden jugar un papel determinante en los casos de abuso”.

Agrega que las investigaciones y los castigos a los agentes podrían ayudar para encontrar las causas del problema y corregirlas.

Raramente pasa que los policías sean despedidos, explica. Cuando eso sucede, manda un mensaje que están cambiando las cosas -como en el caso de Memphis- y posiblemente vaya a ver más balance en los juicios contra los policías ya sea administrativamente o que pierdan su empleo.

Si consideras que has sido víctima de un delito de odio por parte de las autoridades o algún vecino o vecina puedes comunicarte al 211 en el condado de Los Ángeles o visita la página https://www.lavshate.org/ y reportar el incidente.

Este artículo está respaldado en su totalidad o en parte por fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos Estadounidenses Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Stop the Hate. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, vaya a CA vs Hate.

This resource is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to CA vs Hate.

Perfil del autor

Agustín Durán

Agustín Durán es un inmigrante que ha ejercido el periodismo en diferentes medios de Los Ángeles por 23 años y actualmente es editor de Metro de La Opinión. Es graduado de Ciencias de Comunicación en Ciudad de México y tiene una maestría en Comunicación Masiva de la universidad de Northridge. Es padre, esposo y es tan escéptico que no le cree ni a su madre cuando le dice ´te quiero´, se lo tiene que probar.