A media tarde de un apacible día de julio el régimen de Nayib Bukele, lanzó una verdadera cacería de brujas contra la oposición de izquierda en El Salvador, arremetiendo contra contra ex funcionarias de gobiernos del FMLN; el régimen se ensañó en primer lugar con mujeres profesionales y muy destacadas en sus actividades.
En un nuevo asalto al derecho y en una acto más de persecución política contra funcionarios del gobiernos del FMLN, el régimen Bukele, sirviéndose de elementos de la Policía Nacional Civil, acaba de capturar a la ex ministra de Salud y ex alcaldesa de la capital, San Salvador, Violeta Menjívar; además capturó en su domicilio a la ex vice ministra de Educación, Ciencia y Tecnología en gobiernos del FMLN, la reconocida científica Erlina Hándal, hija del histórico dirigente del FMLN, Schafik Jorge Hándal, signatario de los Acuerdos de Paz en 1992.
Ante semejantes actos arbitrarios, violadores de todo legislación, debemos exigir garantías a la integridad física y la seguridad jurídica de ambas ex funcionarias, el respeto a sus derechos humanos, así como el inmediato acceso a ellas por parte de equipos jurídicos.
No había salido de su asombro la ciudadanía cuando en otros operativos policiales se detuvo al ex vice ministros de Trabajo, Calixto Mejía, mientras insistentes versiones mencionan también la detención del ex vice ministro de Agricultura, Hugo Flores, así como al ex ministro de Hacienda de Mauricio Funes, Carlos Cáceres.
Tampoco se conocieron las razones de estas capturas, que se realizaron como si se tratara de la detención de delincuentes en flagrancia, apartándose de las normas habituales de procedimiento a través de un requerimiento fiscal ante un juez.
Es de recordar que el sistema judicial salvadoreño fue tomado por asalto por la acción connivente del Ejecutivo y una Asamblea Legislativa absolutamente prisionera de los caprichos presidenciales a partir del 1 de mayo de este año. De tal manera que la independencia judicial es cosa del pasado, y solo encontramos usurpadores ilegítimos, que se han “tomado” por asalto la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Así las cosas no sorprenden estas arbitrariedades ni es esperable ningún tipo de justicia para los detenidos, que son a todos los efectos testimonio vivo de nuevos casos de Lawfare, o judicialización de la política.
Es evidente que la militarización que venía anunciando el Ejecutivo no tenía por objetivo combate alguno a la delincuencia organizada, sino preparar las condiciones para implantar a sangre y fuego, con la arbitrariedad y el despotismo que caracteriza a los tiranos, el asalto a las y los ciudadanos que han desempeñado destacados puestos en gobiernos anteriores.
Es importante advertir a la comunidad internacional que esto es solo el inicio de una ofensiva contra fuerzas de izquierda, progresistas y revolucionarias, que se oponen a la implantación de un régimen dictatorial.
Sin embargo, para el régimen y sus personeros, será bueno recordar, que el pueblo salvadoreño tiene vasta experiencia en combatir dictaduras y derrotarlas. La actual, naciente y nefasta, no será la excepción.
