Durante décadas, el Servicio de Correos de Estados Unidos (USPS) fue una de las agencias federales mejor administradas y más populares del país.
Lejos de querer mantener este prestigio, Donald Trump incentivó la competencia privada, bloqueó fondos necesarios para el desarrollo de USPS y maniobró la junta de directores para que se convirtiera en otro brazo de su voluntad personal.
En mayo del 2020, seis meses antes de las elecciones presidenciales y habiendo lanzado su campaña contra el voto por correo: Trump nombró a Louis DeJoy director general de Correos.
DeJoy es un multimillonario aliado de Trump. Inmediatamente, diseñó un plan que sabotearía la capacidad de USPS de funcionar durante las elecciones. Despidió a la plana mayor del servicio. Mandó decomisionar centenares de máquinas clasificadoras y destruirlas para que no sean repuestas. Ordenó retirar miles de buzones y decenas de oficinas en barrios de minorías. Eliminó horas extras para muchos trabajadores.
Tuvo que desistir bajo demandas judiciales de partes de su plan en vísperas de las elecciones.
Pero bajo su dirección, las entregas a tiempo se han desplomado, incluyendo las de medicamentos. Ahora, propone despojar a USPS de parte de sus bienes activos, subiendo los precios de las cartas y empeorando el servicio. Podría destruir la agencia, privatizándola, y probablemente sea este su propósito.
Los clientes institucionales y corporativos huyen a transportistas privados, cercenando aún más los ingresos.
Que no nos quepa dudas: igual que las leyes de represión del voto aprobadas en varios estados, esta es una estrategia para que los republicanos vuelvan al poder tergiversando la voluntad popular.
Sin embargo, ocho meses desde que Biden y no Trump es presidente, Louis DeJoy sigue en su puesto.
¿Por qué? ¿Por qué no es despedido de inmediato por el presidente?
Porque el gobierno federal tiene esa autoridad, nos explican. Solo la junta de directores lo puede hacer. Y Trump dejó sin reemplazar varios puestos en la junta. Todos los miembros restantes son sus nominados. Nuevos miembros nominados por Biden están estancados en el Senado.
Parecería que no hay una solución. Pero la hay.
El conflicto de intereses de DeJoy, que también es miembro del directorio, es espeluznante. Ha comprado acciones de empresas del presidente de la junta. Posee entre 30 millones y 75 millones de dólares en una empresa que fundó y que provee servicios al correo.
Los contratos de esta empresa se han triplicado desde que asumió el cargo.
En lugar de vender esas acciones, las ha transferido a sus hijos, que cuidan sus intereses y se lo pueden regresar en cualquier momento.
Que el director de una agencia como USPS otorgue contratos a su empresa es, como ya definieron expertos, la definición de diccionario de corrupción.
El gobierno sí puede – y debe – despedir a DeJoy, bajo la ley que rige el funcionamiento de juntas de directores, y que reza: “Los gobernadores no serán representantes de intereses específicos que utilicen el Servicio Postal y solo podrán ser removidos por causa justificada”.
No puede haber causa más justificada que el director general sea corrupto y se dedique a destruir la agencia. Por lo mismo se puede despedir a otros miembros del directorio.
Se supone que los funcionarios públicos representan el interés público. DeJoy no lo hace.
Cada día que pasa con Louis DeJoy como director general de los correos federales nos acerca a la destrucción de USPS y reduce su capacidad de transportar los votos en las próximas elecciones.
