Matanza de los jesuitas: EE.UU. declasifica documentos con pruebas delictivas

El participante en las negociaciones de paz en El Salvador, Roberto Cañas, hace un análisis de los “documentos desclasificados” por EE.UU, como pruebas importantes y contundentes para procesos judiciales por crímenes contra la Humanidad.

En la Audiencia Nacional de España se terminó la vista oral del juicio contra Inocente Orlando Montano, por la matanza de seis sacerdotes jesuitas, Elba y Celina; ocho personas asesinadas con lujo de barbarie, de lo cual hay pruebas contundentes no sólo de testigos sino de documentos de una parte de antes y durante el conflicto armado (1980-1992).

Un enemigo de la humanidad

La fiscalía pide 150 años de cárcel para Montano por haber participado en la decisión y diseño del asesinato; este exalto jefe militar en la época de la guerra civil salvadoreña fue uno de los cerebros de la guerra contrainsurgente que se habría implantado desde Washington.

El abogado querellante Manuel Ollé expresó, que “en este proceso se juzga a un enemigo de la humanidad; y no a un delincuente común”, refiriéndose a Montano.

Es importante señalar que a Montano no se le enjuicia en la Audiencia Nacional de España por graves violaciones a los Derechos Humanos ni por crímenes de guerra ni de lesa Humanidad. Apegados a Derecho en España le acusan de Terrorismo de Estado, como la manera de encontrar una condena con asidero legal en la península ibérica.

En el juicio declararon Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford. Una de las fuentes más citadas por las especialistas, fueron los documentos desclasificados en distintos momentos por el gobierno de los Estados Unidos.

A partir de los contenidos de los documentos desclasificados, Terry Karl, señaló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional, del Departamento de Defensa (DIA), el Departamento de Estado y otros organismos de EEUU tuvieron conocimiento de la responsabilidad del Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña en el asesinato de los Padres Jesuitas, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, así como del involucramiento de varios miembros de la Tandona en el asesinato y su posterior encubrimiento.

Los Perpetradores

De acuerdo al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), de San Francisco, que investigó el Caso de la Masacre de la UCA, hubo un grupo llamado Los Perpetradores del asesinato múltiple, entre los que incluye al expresidente Alfredo Cristiani, el Ministro de la Defensa, el Jede del Estado Mayor General, y el Jefe de la Aviación, entre otros.

Se conoce como la Tandona, a la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966. Fue la promoción más grande, más poderosa y la más corrupta en la historia militar salvadoreña, además de que varios de sus miembros están acusados de abusar de los derechos humanos de civiles. Este grupo de coroneles dirigió buena parte de las operaciones en la guerra y contra los que se han dirigido buena parte de las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el ejército.

Los documentos desclasificados por EEUU tienen una enorme y demoledora importancia en los juicios y proceso sobre graves violaciones de los derechos humanos de antes y durante la guerra civil salvadoreña, puesto que Washington fue parte del conflicto, por su injerencia directa: apoyo financiero, en armas, adiestramiento a jefes y tropas, así como en la implementación de estrategias, como “tierra arrasada”, “quitarte el agua al pez” y la “guerra de baja intensidad”. Las dos primeras fueron estrategias y tácticas aplicadas

La participación de la Administración de EE.UU. en el conflicto armado salvadoreño es de larga data. Para las distintas administraciones norteamericanas, el conflicto armado en Centroamérica, tanto en Nicaragua como en El Salvador y Guatemala (en los tres países hubo insurgencias influenciadas por el triunfo de la Revolución Cubana; en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional –FSLN- tomó el poder en 1979; mientras que las guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas concluyeron las guerras civiles por medio de negociaciones políticas en la década de 1990), fue concebido como un problema de Seguridad Nacional y era visto según la doctrina norteamericana como parte del expansionismo soviético-cubano en la región.

Los rojos terminarán

El presidente Ronald Reagan llegó a decir que públicamente que El Salvador sería la línea por donde el comunismo no pasaría, en consonancia el partido de la ultraderecha salvadoreña Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) cantaba su himno de que El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.

La Guerra Fría fue la gran justificación.

Especialmente para los gobiernos republicanos que veían la situación en Centroamérica a través de los lentes de la Guerra Fría. Para ellos, todo estaba siendo dirigido desde Moscú y La Habana, con el objetivo de establecer una presencia comunista en el hemisferio para desafiar a Estados Unidos.

La historia de la participación de agencias de Estados Unidos en el caso jesuitas tampoco es nueva. Meses después de la masacre de la UCA, los jesuitas solicitaron oficialmente a diversos organismos del gobierno de Estados Unidos (Departamento de Estado, Consejo Nacional de Seguridad, CIA y DIA) el acceso a la información que habían logrado recabar sobre el caso.

De la DIA, que es la agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, contestaron que ellos tenían 21 documentos, pero que no podían ponerlos a disposición de los jesuitas porque, de acuerdo con un artículo de sus leyes, no puede entregarse información que pueda dañar la seguridad nacional de Estados Unidos. Tras mucha insistencia, la DIA reconoció que tenía 85 documentos y que podía suministrar algunos. De los que entregó, a veces, en una hoja de 25 o 30 líneas, están tachadas y son ilegibles 15 a 18 líneas.

Minimizaron los costos políticos

Al cumplirse un año de la masacre de la UCA el Padre José María Tojeira al ser entrevistado declaraba: “la verdad es que desde el primer momento la embajada de EEUU y su embajador William Walker jugaron a minimizar los costos políticos que este asesinato iba a traer para el gobierno de El Salvador. Y esto dominó toda su actuación, por encima del afán de la verdad. Pusieron policías, hicieron un despliegue de investigadores, pero los dominaba el deseo de minimizar los costos”.

Más recientemente en un artículo del periódico español “El Mundo”, de noviembre de 2019, se mencionó que “hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y un alto cargo del Departamento de Estado de EE.UU. sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA”.

La participación de la comunidad de agencias de los Estados Unidos, no se reduce al Caso Jesuitas, ni a lo que sucedió en El Salvador. Ocho años antes, un telegrama secreto del embajador de EEUU, Dean Hinton, advertía a Washington que el asesinato del arzobispo Óscar Romero lo había decidido Roberto D’Aubuisson.

¿Cómo es que EE.UU. sabiendo que algo se fraguaba contra el Arzobispo, no lo detuvio? ¿No fue “complicidad” como con lo de los jesuitas? Está documentado que Nixon, Ford, Carter, Reagan y Bush padre, cinco administraciones de EE.UU. fomentaron apoyaron y encubrieron asesinatos en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua.

Treinta años después

Treinta años después del asesinato de los seis jesuitas y de Elba Ramos y su hija Celina, de 15 años, los autores intelectuales de la masacre, salvo Orlando Montano, siguen libres. Los documentos desclasificados por el gobierno de  Estados Unidos han sido claves para el juicio en la Audiencia Nacional y lo serán también para juicios que están en proceso como el mismo Caso de Masacre de la UCA, Mozote, Monseñor Romero y otros; aunque faltan muchos documentos claves que siguen bajo los archivos de las agencias de inteligencia que cuidadosamente EE.UU ha decidió no desclasificar.

El abogado Benjamín Cuéllar, de la Agrupación Víctimas Demandantes (VIDAS), ha exigido al gobierno salvadoreño que reclame a Naciones Unidas (ONU) todos los archivos de la Comisión de la Verdad (1993).

El 23 de febrero de 1981, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un documento titulado «La interferencia comunista en El Salvador: documentos que demuestran la ayuda Comunista de la insurgencia salvadoreña», también conocido como «el Libro Blanco«. El documento fue utilizado como justificación para la intervención de Estados Unidos en Nicaragua.

Los críticos dijeron que la técnica desplegada por el Libro Blanco era corrolate eventos en El Salvador sobre los presuntos ejemplos de la participación militar soviética y cubana. El Libro Blanco se afirma que es parte de un esfuerzo de propaganda para desviar la atención de apoyo estadounidense a un régimen represivo mediante la creación de una falsa amenaza de la insurgencia comunista.

El Libro Blanco fue escrito por un joven del Departamento de Estado, un oficial llamado Jon D. Glassman.

La intervención norteamericana en El Salvador es uno de los factores de lo que ocurrió en El Salvador durante el conflicto armado, conocer la verdad sobre esta intervención, reflexionar sobre ella es una cuestión importante, La deuda histórica que las administraciones tienen es algo que deben saldar.

Republicado bajo acuerdo con la revista Contrapunto.com.sv donde salió el original.

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Roberto Cañas, excomandante guerrillero en El Salvador y negociador de la paz en ese país. Hoy experto en Educación y analista político.

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