Chile volvió a una “convivencia de dictadura”, por Alberto Buitre
A esta hora se ha vuelto común que la policía y el Ejército de Chile comentan tortura contra la población; además de violencia sexual, detenciones extrajudiciales, disparos de ametralladoras UZI contra casas y transeúntes, allanamiento de morada, fractura de huesos, lesiones craneales, detención y violencia de niños y niñas, secuestro, creación de centros clandestinos de detención, desnudamientos, incendios provocados, robo, saqueo y asesinato. En tanto, el presidente Sebastián Piñera se niega a levantar el toque de queda y estado de emergencia militar decretado desde el pasado día diecinueve, cuando accedió a suspender el alza a los precios del transporte luego de las masivas protestas, dando a cambio, la vuelta al clima de dictadura que ese país sufrió entre las décadas de 1970 y 1980.
El Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) ha confirmado al menos dieciocho muertos desde que se instauró el sitio militar -cifra reconocida por el régimen-, mientras que el número de heridos alcanza los doscientos sesenta y nueve, de los cuales, ciento treinta y siete son por armas de fuego. Según el subsecretario del interior de Chile, Rodrigo Ubilla, al menos novecientas setenta y nueve personas han sido detenidas, y sólo quinientas noventa y dos de éstas lo fueron durante el periodo de toque de queda entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Pero el INDH tiene otras cifras: son mil ochocientas noventa y cuatro personas detenidas, hasta el pasado jueves. Y la cifra aumenta.
Todo cambió una noche
Las protestas en Chile tienen su origen en la profunda desigualdad social, además del lucro en todos los derechos sociales. Se jacta de tener uno de los mejores índices per cápita de Latinoamérica, pero el treinta y tres por ciento de los ingresos de cada chileno acaba en los bolsillos del uno por ciento de la población más rica, dueña de bancos y los sistemas privados de pensiones y de salud.
En este país se paga por todo, nada es gratis. Los hospitales, la educación, la cultura, las jubilaciones, el transporte. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al agua potable como un derecho al que todas las personas deben acceder, en Chile se pagan casi nueve dólares al mes por el líquido a una empresa privada, cuando en países como México se pagan casi cuatro dólares cada dos meses como impuesto al Estado.
No fue casualidad que la gente tomara las calles cuando el gobierno anunció el aumento a los pasajes del transporte, los cuales casi alcanzan los dos dólares de costo.
Se viralizaron las imágenes de la evasión del pago del metro en Santiago, protagonizadas por estudiantes de secundaria y bachillerato. La respuesta del gobierno fue la represión por parte de la policía de Carabineros. Las reyertas aumentaron, hasta que, en la noche del dieciocho de octubre, hombres encapuchados prendieron fuego al edificio de la compañía eléctrica Enel, así como a varias estaciones del subterráneo y autobuses. Al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera sacó a los militares a la calle.
El gobierno fabricó el Estado de emergencia
La crisis de derechos humanos que hoy vive Chile, no es casualidad; no lo fueron los destrozos, ni la posterior salida de los militares a las calles de la región metropolitana de Santiago. Me dice Marcos Barraza, actual secretario de Derechos Humanos del Partido Comunista de Chile, que “el gobierno ha fabricado el Estado de emergencia” y sostiene que “es posible” que el régimen de Sebastián Piñera “haya sembrado los incendios”.
A Barraza le resulta incongruente que no haya existido presencia de Carabineros ni de efectivos militares en las zonas donde ocurrieron los incendios en la noche previa al toque de queda militar y posteriormente, como cuando ardió un supermercado en la localidad de Renca, en Santiago, donde murieron ocho personas al quedar atrapadas luego de que presuntos saqueadores prendieran fuego al inmueble. Los edificios han estado desprotegidos –dijo–, y no es coherente la ausencia de policía en estos lugares dado el estado de emergencia. “El gobierno ha replegado a las fuerzas armadas de los incendios”, sostiene, al conversar conmigo desde Santiago.
¿Volvió la dictadura?
Barraza fue ministro de Desarrollo Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Fue, junto a Claudia Pascual, entonces directora del Servicio Nacional de la Mujer, de los dos últimos ministros emanados de las filas comunistas, desde que Salvador Allende fue presidente entre 1970 y 1973.
Según Marcos Barraza, el régimen de Sebastián Piñera está haciendo memoria de lo más cruento vivido durante la dictadura de Augusto Pinochet, en estos días en los cuales hay una “violación sistemática” de los derechos humanos. “Hay una sensación de desapego de la democracia”, dice.
Ha sido tal la violencia que Barraza lanza una preocupación sobre un posible ocultamiento de las verdaderas cifras de muertos, heridos, desaparecidos, torturados y detenidos durante estos días en los que los militares y los carabineros patrullan las calles, cargando rifles de asalto. “Es preocupante que no haya un conteo real de víctimas. Hay temor de que se estén escondiendo las cifras desde la represión”, apunta, al tiempo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunciaba el descubrimiento de un centro clandestino de detención y tortura debajo de la estación del metro Baquedano, en Santiago.
-¿Es esta una vuelta a una dictadura cívico-militar?
-Es un gobierno ilegítimo que se resiste con violencia armada –dice Barraza–. Una democracia que se convirtió en autoritarismo. Un gobierno que busca profundizar la lógica autoritaria sin contrapesos. Piñera traspasó la franja de la democracia y entró en una vorágine de la que, el retorno, es difícil. Agudizó el neoliberalismo y recurrió a las fuerzas armadas para protegerse. Hay una regresión histórica de treinta años hacia una convivencia de dictadura.
Al tiempo que escribo esto, el Partido Comunista analiza impulsar un juicio político contra Sebastián Piñera mediante una acusación constitucional. ¿El motivo? Brota sangre en las calles de Santiago.
Luis Alberto Rodríguez Ángeles. Escritor y periodista. Premio Nacional de Periodismo en derechos humanos por el Alto Comisionado de la ONU en DD.HH. en México. Reportero con 20 años de experiencia en la cobertura de movimientos sociales. Profesor y activista.
