En México, las escenas del potencial violento y aterrador de crimen organizado es cada vez más preocupante y escandaloso.
Los diarios del país informan día con día el incremento de los hechos delictivos como una constante que difícilmente abandonará la esfera pública.
Por su parte, el gobierno encargado de la seguridad nacional, poco o nada hace para poner un remedio a la fuerza que están cobrando las bandas de criminales. Todo indica que nos hemos convertido en un Estado Fallido, pero las autoridades y políticos no lo quieren aceptar.
Si no es Ciudad Juárez, es Tijuana, si no es Torreón, si no es Michoacán, si no es Sinaloa, pero lo cierto es que ya es un hábito que todos los días una ciudad o una entidad federativa sean presas del terror. Secuestros, balaceras, levantados, robos a mano armada, desaparecidos, descabezados, tráfico de drogas, asesinato de periodistas, alcaldes, etcétera, hacen cundir el pánico en toda la población y generan la percepción de que nadie está(mos) a salvo en este país.
Al parecer el destino nos alcanzó y no hay política que indique una solución o remedio a tan grave problema social. El poder político ha sido rebasado por el poder de la corrupción y la sangre. Sin embargo, a pesar de ello, el gobierno de Felipe Calderón se niega a cambiar la estrategia y creen en su gabinete de seguridad nacional, que la mejor arma contra el crimen es una serie de discursos bravucones y vacíos que no dicen nada y que por el contrario ponen a los ciudadanos en un estado mayor de indefensión.
Por su parte la clase política sólo demuestra interés por la obtención de poder y tampoco exige al jefe máximo de las fuerzas armadas y responsable de la seguridad nacional que tome decisiones efectivas, sin generar daño en los ciudadanos. Los políticos están más preocupados por las próximas elecciones y los malabares que deberán hacer para colgarse de un nuevo puesto o cargo, que realmente dar solución a los problemas de los mexicanos.
Quizá ahí esté ubicado el primer punto que debe atacarse para darle una mejor dirección al país, despedir a los legisladores que sólo sean trapecistas de la administración y política pública.
En las últimas semanas, el crimen organizado ha cobrado la vida de varios alcaldes del país, esto de entrada es un hecho trágico. Y desde luego, esto se debe entender como el asesinato de actores políticos incómodos que merman el desarrollo del crimen organizado; pero también, (hay que decirlo) de políticos corruptos que se benefician y alían con los delincuentes y que tarde o temprano son traicionados por la dinámica del propio crimen organizado.
No obstante, lanzar las dos hipótesis anteriores, es también una escalofriante idea que muestra el grado de desorientación y de nula información por parte de los organismos de inteligencia que han fallado en distinguir entre quiénes son los políticos honestos y quiénes los cómplices de los delincuentes.
Comenzando por el sospechoso secretario de seguridad pública federal Genaro García Luna, quien en más de una ocasión se le ha vinculado con el crimen organizado, además de montar escenarios mediáticos que más tarde se diluyen de forma vergonzosa ante la opinión publica.
Los encargados de la procuraduría general de la República y de la secretaría de seguridad pública Federal, han demostrado que o son tapaderas de los grandes capos, y por tanto, engañan a Felipe Calderón;
o bien que son torpes y que el encargo les ha quedado muy grande para enfrentar un problema que requiere de arrestos suficientes y mano dura, pero sobre todo de honestidad. Lo lamentable es que toda critica o análisis al respecto, la mayoría de las veces se queda en la primera opción.
Por decirlo muy a la mexicana, el crimen organizado anda a sus anchas en el territorio nacional con la complicidad de sus perseguidores. Lo anterior sólo se consigue con corrupción, cáncer al que ya me he referido en pasadas entregas.
La guerra que vive el México sangriento se sustenta en el diálogo de sordos y necios. La violencia y los actos criminales al ser noticia habitual cada día aumentan, pero la voracidad de los medios y las cifras que se renuevan a cada minuto, obligan a perder de vista la gravedad del crimen.
Al principio, eran casos esporádicos en lugares muy identificados con los carteles. Hoy todo lugar puede vivir un acto criminal, como lo han sido universidades de prestigio, restaurantes de lujo y lo más reciente, afuera de una tienda de conveniencia en la bahía de Acapulco.
A quién pedir orden o justicia si el gobierno ha demostrado torpeza. En estos casos hay que pedir ayuda a quienes han pasado por estos problemas y salido de ellos con resultados satisfactorios. Un ejemplo muy cercano es la legalización de la marihuana medicinal en el Estado de California. Si bien no es el ejemplo más significativo, sí es un referente que ha mostrado utilidad y orden legal, por lo menos se tiene más control en la producción y consumo del enervante.
En el México violento, la discusión es incipiente, pues se piensa que legalizar la droga significaría comprarla a los capos, lo cual incrementaría su poder. Pero no reparan en que con una normatividad sólida sin agujeros, la legalización de las drogas podría incluso verse como un beneficio o fortalecimiento económico. Pero ¡lo olvidaba!, México es un país con una ley agujerada por tantos balazos, que sin lugar a dudas, insisto, le permite al crimen organizado andar a sus anchas por todo el país.
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