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Por decreto, Felipe Calderón desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dejando sin empleo a 45 mil trabajadores que meses después se convirtieron en esquiroles de ellos mismos. La finalidad de aquel decreto fue facilitar la venta de dos hilos negros de fibra óptica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin el obstáculo de la compañía que abastecía de energía eléctrica a los estados del centro de país, el negocio de la interconexión sería todo un éxito.
Este 14 de febrero, Felipe Calderón en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción III del Código Fiscal de la Federación, anunció el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, o lo que es lo mismo, que las colegiaturas pagadas a instituciones de educación privada de los niveles de preescolar al bachillerato serán deducibles de impuestos.
Esta medida en principio es positiva luego de varios años de pedir un beneficio fiscal a los padres que han optado por la educación en instituciones privadas. Sin embargo, el decreto presidencial es limitado, primero por los mínimos alcances fiscales, segundo, por avizorar ampliamente matices de índole electoral y poco o nada de política fiscal, y tercero, por no apuntalar al crecimiento y desarrollo de la educación pública. Veamos porqué.
Con la entrada en vigor de este decreto, la hacienda pública de México dejará de percibir alrededor de 13 mil millones de pesos, cifra que en términos generales impacta de manera negativa a la de por sí maltrecha estabilidad económica, aunque muchos analistas económicos sostengan que no sucederá nada.
Y aunque Felipe Calderón dijo que no se verán mermados los programas de desarrollo social, será conveniente conocer con qué instrumento sustituirá esos ingresos, sobre todo con la planeación presupuestaria aprobada por el Congreso de la Unión a finales del año pasado.
Pero además el hecho de poner límites a las deducciones es lo que domésticamente llamaríamos “dar atole con el dedo”, primero porque amarra al contribuyente fiscalizando ahora sus gastos de educación y después al permitir sólo cierto margen de operación, el contribuyente de clase media no puede aspirar a mandar a los hijos a los colegios o instituciones de alto prestigio, ya que las colegiaturas contribuidas no podrían gozar del beneficio fiscal en su totalidad.
Por el contrario, las familias adineradas ven en este beneficio fiscal una especie de beca que les viene bien en términos de que les descontarán un impuesto más de los que ya han sido descontados durante varios sexenios como consecuencia de los hoyos fiscales existentes.
Ahora bien, este supuesto beneficio fiscal tiene matices electorales porque curiosamente se da en un año donde se renovará al gobernador del Edomex y por tanto, se medirán las fuerzas de los partidos políticos que tendrán que decidir en el primer trimestre del 2012 (si no es que antes) a sus respectivos candidatos en función de los índices de aceptación y popularidad que arroje la elección mexiquense.
Por ello, la estrategia de Calderón permite ver que se trata de apuntalar la imagen del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien en más de una ocasión ha sido presentado como el candidato ideal. Sin embargo, al interior del PAN los golpes por debajo de la mesa están a la orden del día y de no tener la aceptación necesaria en la opinión pública, podría caerse dicho perfil de candidato.
El decreto en materia educativa se da también en beneficio de otra banda política; al final del día está también el secretario de Educación Alonso Lujambio, un panista aficionado, que en caso de no despegar Ernesto Codero, podría ser el plan B de Calderón.
En ese sentido, el decreto beneficia más a los aspirantes panistas a obtener la candidatura presidencial y no tanto a los contribuyentes.
Finalmente, con el decreto calderonista se abre una vez más el debate sobre la educación pública versus la educación privada. Es evidente que si muchos padres de familia han optado por la educación privada, es porque el sistema público no cuenta con la infraestructura suficiente que soporte la demanda educativa nacional; además, los niveles de productividad en el sector público han sido evidenciados como pobres y mediocres, las pruebas “Enlace” y demás instrumentos de medición de aprendizaje han dado cuenta de los bajos niveles de aprobación y rendimiento por parte de los estudiantes mexicanos; muchos de los maestros no están capacitados adecuadamente ni actualizados en su formación académica, y no se mencione la actividad política que tienen que desarrollar al interior de sus respectivas secciones sindicales.
Pero, en lugar de corregir esos vicios en el sistema educativo, el decreto presidencial presenta un estímulo para que más padres se decidan (como ya lo han hecho muchos) por la educación privada (incluso de corte religioso) y se debilite el sistema público hasta su eventual desaparición o colapso.
En ese sentido, el beneficio fiscal impacta, creo para mal, directamente en los problemas aparentemente irresolubles de la educación pública.
La facultad que la constitución política le confiere a un presidente de una nación de establecer decretos, es una jurisdicción de importante madurez política. Sin embargo, cuando se utiliza con otros fines, se pierde el rumbo sobre las verdaderas bondades y beneficios que tendría en una economía desarrollada gobernar a través de la figura del decreto presidencial. Triste realidad para los ciudadanos mexicanos.
juanjosesoliss@gmail.com
