Llega fin de diciembre con el balance del año. Uno de ellos es trágico: las muertes de inmigrantes a manos de la Patrulla Fronteriza y otras agencias dependientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en las fronteras del país, que llegan a números alarmantes.
Números alarmantes
Según un informe de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, (Southern Border Communities Coalition) de agosto, en 2022 se registraron cuarenta muertes en la frontera, totalizando más de 250 desde 2010. Fueron más en 2012:58. Y antes, 35, 17, 17 y 12 en 2017. Los datos son actualizados al 20 de diciembre de 2022.
De los 250, 64 murieron por un tiro, asfixia, taser (arma de electrochoque que se utiliza para incapacitar a las personas), paliza o agente químico a manos de agentes federales; 89 en persecuciones de automóviles a alta velocidad iniciadas por la Patrulla que culminaron en colisiones; 54 por atención médica inadecuada o emergencias médicas. Una treintena es por motivos varios, incluyendo cuatro suicidios y 18 personas ahogadas tratando de cruzar la frontera.
Finalmente en 15 casos se trató de homicidio a manos de agentes fuera de servicio, que fueron consecuentemente en su mayoría acusados, condenados y sentenciados a prisión.
De todos esos casos que terminaron en muerte y muchísimos más que derivaron en heridas y hospitalización, ¿cuántos agentes fueron hallados culpables?
Ni uno.
Lamentablemente en los 90 años de historia de la agencia, ningún agente ha sido condenado de asesinato mientras estaba de servicio.
¿Cómo es posible?
Dice el informe de SBCC: “La falta de responsabilidad y supervisión de CBP, junto con su cultura de violencia, ha resultado en la pérdida de vidas de ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos.
La impunidad
Específicamente en los casos donde el motivo de la muerte fue “el uso de la fuerza” o “fatal shooting”, y contrariamente a los otros causantes, no hay casi datos.
6 de octubre de 2022, El Paso, Texas: “Un hombre mexicano que recibió un disparo mortal dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas esta semana tomó un «arma afilada» de un escritorio dentro de la instalación y continuó acercándose a los agentes estadounidenses después de que intentaron detenerlo con un Taser… Los agentes de la Patrulla Fronteriza luego abrieron fuego contra Manuel González Morán, de 33 años. Fue llevado al hospital y luego murió a causa de las heridas”.
11 de octubre de 2021, Tucson, Arizona: “La policía de la ciudad está investigando la muerte de un hombre que presuntamente recibió un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio en Tucson el fin de semana pasado”.
19 de febrero de 2022, Douglas, Arizona: “…la Oficina del Sheriff del Condado de Cochise (CCSO) reveló que un migrante fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza cerca de Douglas, Arizona. La CCSO eliminó esa declaración en comunicados de prensa posteriores, indicando en cambio que el migrante resultó gravemente herido y sucumbió a sus heridas. Cuando se le preguntó sobre la remoción, “el oficial de información pública explicó que no había sido revisado por los canales apropiados”
Este incidente en particular suscita interrogantes sobre el cambio en la narrativa y quién influyó en ella, incluidos CBP y un organismo llamado Equipos de Incidentes Críticos de la Patrulla Fronteriza (BPCIT).
Recopilación de evidencias
Estos son descritos como “agrupaciones tácticas informales destinadas a ayudar a los funcionarios fronterizos a recopilar evidencia, incluso en escenas donde los funcionarios de la agencia podrían estar implicados.”
Resulta que fueron estos equipos los encargados, supuestamente, de investigar los homicidios. De hecho, lo que organizaron fue el encubrimiento y la protección de los agentes involucrados.
Cuando estos incidentes resultan en muertes por uso de la fuerza, la Patrulla Fronteriza no entrega la investigación a quienes por ley son los únicos autorizados en hacerlas – la FBI, la Oficina del Inspector General del DHS o la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP – sino que lo hace a esas agrupaciones informales, BPCIT o CIT.
La práctica de investigarse a sí mismos de manera totalmente informal precede a la presidencia de Trump y ya en 2010 bajo la de Obama estos grupos se encargaron de colectar evidencias e investigar en el caso de la muerte de un inmigrante a manos de los uniformados.
Investigan a los investigadores
El 27 de octubre de 2021, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC), que agrupa a centenares de organizaciones pro inmigrantes sin fines de lucro, al cabo de una investigación, envió una carta al Congreso denunciando que los grupos BPCIT carecen de autoridad para realizar investigaciones penales o administrativas de agentes y que las evidencias señalan que supuestamente están involucrados en la obstrucción de justicia, y protegen la impunidad de los responsables, operando desde la sombra.
Agregó que: “Según un informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, CBP no tiene información confiable sobre muertes y no ha informado constantemente información relacionada con muertes al Congreso”.
Al día siguiente el San Diego Union-Tribune publicó “La Patrulla Fronteriza tiene una Unidad de Policía secreta que Protege a los Agentes Cuando Matan, Dicen Grupos” que detalla la información proporcionada al Congreso.
“La Patrulla Fronteriza tiene unidades secretas especiales que trabajan para encubrir cualquier irregularidad cuando los agentes matan a alguien o usan la fuerza de formas potencialmente problemáticas, según una carta enviada al Congreso el jueves pidiendo una investigación. Estas “unidades de policía en la sombra”, dice la carta, han estado operando desde al menos 1987 y sin ninguna autoridad real bajo la ley federal. No aparecen en los documentos del Departamento de Seguridad Nacional como entidades oficiales”.
Como resultado de la denuncia, en enero de 2022 los congresistas Carolyn Maloney (D-N.Y.) y Bennie Thompson (D-Miss.), presidentes del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, respectivamente, convocaron al entonces comisionado de la CBP Chris Magnus para testimoniar acerca del papel de los BPCIT.
La acción del Congreso se debió a “informes de que unidades deshonestas (rogue) dentro de Aduanas y Protección Fronteriza han interferido con las investigaciones policiales”, informó The Hill al respecto.
Al mes siguiente, la Oficina de Derechos y Libertades Civiles (CRCL), en el Departamento de Seguridad Interna, envió un memo al comisionado Magnus, anunciando la apertura de una investigación de las denuncias sobre potenciales violaciones de los derechos civiles o las libertades civiles relacionadas con los BPCIT, por estar presuntamente involucrados en investigaciones criminales sin autorización.
Y en junio de este año, la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU estableció que “las acciones mortales de la agencia plantean preguntas urgentes sobre cómo se investigan estas actividades y qué medidas se toman para garantizar la seguridad pública y la rendición de cuentas”.
Una vez más, la ACLU enfatizó que más allá del aumento en la cantidad de estas muertes es problemático que las investigaciones sean encargadas al mismo organismo responsable por ellas, los grupos BPCIT.
Finalmente, el entonces comisionado Magnus ordenó la disolución de estas unidades para fin de año y la transferencia de todas las investigaciones de incidentes críticos a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), órgano especializado del Departamento de Justicia.
Magnus renunció en noviembre y es temporariamente reemplazado por Troy A. Miller.
Como consecuencia de esta decisión, los agentes de la Patrulla Fronteriza ya no podrán investigarse a sí mismos.
Grupos extrajudiciales no autorizados
La existencia de los BPCIT como grupos extrajudiciales que desde las sombras operaron por años para limitar la responsabilidad y proteger, no al público, sino a los efectivos del organismo debe alarmarnos.
Fue el trabajo de la coalición SDCC que llevó a la decisión al más alto nivel gubernamental de desmantelar esas unidades de supuesta investigación, y específicamente de Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la coalición.
Su labor inició cuando abogados que representaban a la familia de Anastasio Hernández Rojas, asesinado en 2010 en el puerto de entrada de San Ysidro, encontraron indicios de que la unidad de BPCIT con sede en San Diego había manipulado e incluso destruido evidencias en el caso para proteger a los agentes involucrados.
Cabe esperar que a partir de ahora se investiguen y si cabe, se haga justicia, para que las muertes no investigadas en la frontera a manos de agentes federales sean cosa del pasado.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.
