El 23 de febrero de 1981, me encontraba en Madrid cuando militares insurrectos asaltaron el Parlamento español y tomaron rehenes a todos los legisladores y al pleno del gobierno. El miedo a un regreso a una nueva dictadura fascista se apoderó de mí y del resto del país.
Jamás hubiera imaginado que 40 años después se repetiría la pesadilla en el Congreso de Estados Unidos, a solo dos millas de mi casa, cuando cientos de insurrectos, alentados por el presidente republicano de Estados Unidos, asaltaron el Capitolio con un saldo mucho más sangriento.
Ambas intentonas golpistas perseguían lo mismo: aplastar la voluntad democrática popular. Los mismos que apoyaron adueñarse del poder por medio de la fuerza abusiva hace un año, lo hacen hoy por medio de leyes abusivas.
En 2021, se presentaron más de 440 leyes de supresión del voto en 49 estados. De ellas, al menos 34 han sido aprobadas. Y todas buscan lo mismo, dificultar lo más posible el derecho al voto a ciudadanos como nosotros, los votantes latinos.
En estados con grandes poblaciones latinas, como Arizona, Florida y Texas, nuestra gente confronta intimidación, acoso y abusivas exigencias de prueba de ciudadanía. Florida y Georgia, tras hacer mucho más difícil el voto de latinos, negros y personas de bajos ingresos, prohíben dar agua o alimentos a quienes esperan horas para votar.
Peor aún. Legisladores republicanos en al menos 14 estados han promulgado 23 leyes que permiten a funcionarios estatales controlar las juntas electorales y despojar a los secretarios de estado de su autoridad electoral. Más de 200 proyectos de ley permitirían a las legislaturas estatales “politizar, criminalizar o interferir en las elecciones”.
En otras palabras, estos legisladores republicanos se adjudican el poder dictatorial de modificar o rechazar cualquier resultado que desfavorezcan.
La supresión del voto impacta devastadoramente a nuestra gente. Estudios revelan que estas leyes aumentan la desconfianza en el sistema electoral, hacen mucho más larga la espera en las filas de votación y reducen sustancialmente nuestra participación.
El fracaso en el Congreso de aprobar Libertad para Votar: La Ley John Lewis, la cual eliminaría la inmensa mayoría de estas leyes supresoras, no debe desanimarnos. El Presidente Biden y los senadores demócratas tienen que resistir la oposición absoluta de la Bancada Republicana en la aprobación de este estatuto y garantizar a todos los ciudadanos que su derecho al voto es tan sagrado como lo dicta la Constitución.
La intentona golpista en España fracasó, y sus líderes y cómplices acabaron en prisión en medio del repudio popular. Todos tenemos que asegurarnos de que aquí en Estados Unidos también prevalezca el estado de derecho y el orden constitucional. Porque lo que nos jugamos es el futuro de nuestra democracia.
