Sheriffs extremistas amenazan la democracia en Estados Unidos

Sheriff Bruce Zuchowski

El comité de elecciones en el condado de Portage, Ohio, decidió hace un par de semanas prescindir de los servicios del Departamento del Sheriff local para patrullar los centros de votación y prevenir irregularidades. En lugar de ello, dijo, contratará una empresa privada de seguridad o solicitará la ayuda de los  Departamentos de Policía locales, para proteger a los votantes de posible acoso por los agentes del Sheriff durante los comicios.

El comité tomó esta medida extraordinaria después de que el Sheriff del condado Bruce Zuchowski, exhortó en su cuenta de Facebook a registrar todas las casas del condado que muestren carteles de apoyo a Kamala Harris, para enviarles allí a los supuestos inmigrantes indocumentados en la localidad de Springfield. 

El Sheriff Zuchowski, que se está postulando para la reelección, comparó a quienes se encuentran en el país ilegalmente con “langostas humanas”. Zuchowski escribió “…¿Qué va a pasar si la hiena que ríe y cambia de postura gana? Yo digo… ¡anoten todas las direcciones de las personas que tenían sus carteles en sus jardines!”. 

Se trata obviamente de vecinos que expresaban sus creencias políticas amparados por la Primera Enmienda de la Constitución. Leyes nacionales y estatales prohíben a los funcionarios gubernamentales recurrir a la “amenaza de invocar sanciones legales y otros medios de coerción… para lograr la supresión” de expresiones desfavorecidas, como dijo en una carta a Zuchowski la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Varias organizaciones protestaron y denunciaron al oficial, así como el gobernador republicano Mike DeWine. Sin embargo, la oficina del secretario de estado dijo que los comentarios no violaban las leyes electorales y que no planeaba ninguna acción.

La temeridad de Zuchowski, quien repitió ayer sus alegatos en reacción a las protestas, no debería sorprender. Entre los alguaciles electos en 3,081 condados en 46 estados, con 56 millones de estadounidenses – se fortalece cada vez más una corriente de aquellos que se consideran “constitucionalistas”, pretendiendo ser la última autoridad local, por encima del Presidente, el Congreso o las agencias federales del orden. Bajo el título de «Posse Comitatus» se agrupan en la “Asociación de alguaciles constitucionales y agentes de paz” (CSPOA) . Otras organizaciones son American Police Officers Alliance y Protect America Now (PAN). 

Mas esto no detiene el crecimiento de esta ideología política extremista, definida como “Posse Comitatus”, por el nombre de una ley de 1878 que, pretenden, justifica su posición. Esa ley limita los poderes del gobierno federal en el uso de personal militar federal para hacer cumplir políticas internas dentro de Estados Unidos.

Entre otras posiciones, comparten el derecho de los padres a determinar el plan de estudios en escuelas públicas, la desconfianza en las autoridades federales, la patraña de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, las conspiraciones de Q-anon tales como la existencia pedófilos en el gobierno, el apoyo a las milicias armadas, la creencia que negros, latinos, judíos y sus aliados quieren reemplazar a los blancos del país y la obsesión por las armas. Y el apoyo acrítico a Donald Trump. 

Creen que pueden interpretar las leyes de acuerdo con su concepto de la Constitución. Pero la idea de que son la autoridad política suprema es obviamente una ficción; la Cláusula de Supremacía incluida en el Artículo VI de la Constitución establece claramente que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales cuando surgen conflictos.

Pero esto no detiene el crecimiento de esta ideología política extremista.

En general, las jurisdicciones de los Sheriffs en todo el país representan el 30% de los asesinatos anuales por agentes. Solo 4% de ellos son afroamericanos y 2% son mujeres. En algunas cárceles condales, abundan detenciones sin comparecencia ante juez, el hacinamiento de enfermos mentales, la inclusión de delincuentes violentos y detenidos por infracciones de tráfico y castigos ilegales. 

Estos agentes de la ley adoptan posiciones afines a la extrema derecha republicana. A medida que se acercan las elecciones aumenta su participación en la campaña de Donald Trump y sus representantes y sube el tenor de sus declaraciones políticas.

El Southern Poverty Law Center ha calificado a los agentes constitucionalistas de extrema derecha. 

Se destacan no solo por sus acciones sino también porque se niegan a cumplir órdenes. Por ejemplo, en los más terribles días de la pandemia el Sheriff del condado Douglas en Oregon John Hanlin rehusó hacer cumplir la orden de la gobernadora de usar mascarillas

Se han negado públicamente a cumplir normas actuales o futuras que limiten la posesión de armas

Su hostilidad hacia los inmigrantes, contra Kamala Harris personalmente, la juventud afroamericana y las imposiciones federales los hacen posibles protagonistas de los intentos de suprimir el voto en las elecciones. 

En los condados donde ejercen amenazan la democracia.

Las autoridades electas condales y estatales y el Congreso deben tomar medidas para eliminar de raíz este foco de posible insubordinación y desobediencia de la ley antes de que sea tarde.

Autor

  • Gabriel Lerner

    Fundador y co-editor de HispanicLA. Editor en jefe del diario La Opinión en Los Ángeles hasta enero de 2021 y su actual Editor Emérito. Nació en Buenos Aires, Argentina, vivió en Israel y reside en Los Ángeles, California. Es periodista, bloguero, poeta, novelista y cuentista. Fue director editorial de Huffington Post Voces entre 2011 y 2014 y editor de noticias, también para La Opinión. Anteriormente, corresponsal de radio. -- Founder and co-editor of HispanicLA. Editor-in-chief of the newspaper La Opinión in Los Angeles until January 2021 and Editor Emeritus since then. Born in Buenos Aires, Argentina, lived in Israel and resides in Los Angeles, California. Journalist, blogger, poet, novelist and short story writer. He was editorial director of Huffington Post Voces between 2011 and 2014 and news editor, also for La Opinión. Previously, he was a radio correspondent.

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