Trump se sale con la suya

A medida que se acerca la fecha de la segunda toma de posesión de Donald Trump como Presidente, se van diluyendo las investigaciones, cargos y juicios desarrollados durante sus cuatro años en el exilio político. 

Incluyen treinta y cuatro condenas por delitos graves, además de sentencias de culpabilidad de casos de fraude, subversión electoral y obstrucción de la justicia, así como condenas civiles por ataque sexual, difamación y falsificación de documentos.

Durante los últimos cuatro años, el equipo legal de Trump se dedicó, más que a acelerar los trámites y demostrar su inocencia, a retrasar los procedimientos jurídicos y postergar su desenlace, para que, en caso de que aquel ganase las elecciones del pasado noviembre, les dé punto final . 

Efectivamente, Trump ganó las elecciones y asumirá el mando el lunes 20. 

Desde su victoria en noviembre, varios casos federales relacionados con el intento de subvertir las elecciones de 2020 y el acaparamiento de documentos clasificados en Mar-a-Lago fueron desestimados.

En el caso de la subversión electoral, la mayoría pro Trump de la Corte Suprema se tomó varias semanas con el mismo juego, para finalmente apoyar la teoría del equipo de defensa de que un Presidente tiene inmunidad judicial para casi todos sus actos y que esta rige incluso después de terminado su gobierno. 

Un caso estatal de subversión electoral en Georgia está en el limbo después de que el 19 de diciembre los jueces expulsaron del mismo a la fiscal de distrito, según ellos por una relación que mantuvo con un fiscal de su equipo. 

En otro caso civil de fraude fiscal en Nueva York en el que un juez lo declaró culpable y ordenó pagar 464 millones de dólares, la multa ya fue reducida a 175 millones y se espera la decisión de un panel de apelaciones estatal.. 

Además, un jurado concluyó en mayo de 2023 y luego en enero de 2024 que Trump había agredido sexualmente y difamado a una escritora, imponiéndole una multa de casi 90 millones de dólares. Trump apeló ambos casos. 

El 10 de este mes y después de que la Suprema Corte se negó a una postergación adicional, el juez Juan Merchan después de haber encontrado a Trump culpable de 34 cargos, lo  condenó a una “liberación incondicional”, que es una ausencia total de castigo. Eso no impidió que Trump siguiera insultando al letrado y protestando la decisión. 

A partir de ahora y oficialmente, Trump es un “convicted felon”, un delincuente convicto”. 

Lo más reciente en esta saga es el comportamiento de la jueza federal del Distrito Sur de Florida Aileen Cannon, nominada por Trump en noviembre de 2020. 

Cannon desestimó la investigación – que duró años y costó muchos millones al fisco – del procurador especial Jack Smith contra Trump, dictaminando que el nombramiento de aquel había sido inconstitucional, por lo que todo lo que hubiera hecho en tal función fue descartado. 

Adicionalmente, Cannon decidió prohibir la publicación del informe de Smith, que a la sazón ya renunció a su puesto en el Departamento de Justicia. 

Los portavoces de Trump anunciaron que iniciarán una investigación criminal vengativa contra el funcionario ni bien asuman el poder. 

Sin embargo, en representación de Estados Unidos, Smith y su equipo alcanzaron a apelar la orden judicial alegando lo obvio: que Cannon, por más jueza federal que sea, no tiene la autoridad para prohibir o entorpecer la labor del Departamento de Justicia. 

Finalmente, en el día de ayer Cannon anunció que permitiría la publicación de la primera mitad del informe Smith, aquella que contiene el razonamiento del funcionario para sus acciones de investigación. 

Sin embargo mantuvo bajo candado los datos de la investigación en la que se acusó a Trump de negarse a devolver documentos clasificados después de dejar el cargo, prohibiendo por el momento su entrega a miembros selectos del Congreso. 

Cannon dictaminó que los fiscales y los abogados defensores tendrán que comparecer ante ella en el tribunal el viernes 17 para discutir si el Departamento de Justicia podía entregar a los miembros del Congreso el informe. 

Cannon, nuevamente, carece de autoridad para intervenir de tal manera en el funcionamiento de los poderes constitucionales. Pero toda apelación, gracias a su intervención, le dará tiempo a Trump para dar fin al caso, ya que el lunes 20, Trump será Presidente y la maniobra dilatoria de la jueza Cannon logrará su cometido, evitando no solo la condena de Trump sino el conocimiento público de los detalles de sus delitos. 

Surge también el interrogante de cómo llegó Cannon, una jueza con muy poca experiencia y conocida aliada de Trump, a ser designada la encargada de decidir estos casos, cuando este procedimiento debía haberse efectuado en sorteo entre decenas de jueces federales. 

No presentar los casos al público privó a los votantes de noviembre de información y por medio de la desinformación y su ataque contra la justicia logró que prevalezca la sensación de que Trump estaba siendo perseguido, y esto fortaleció su apoyo en las urnas. 

Todo lo cual le permitirá iniciar su periplo sin tener que pagar las consecuencias de sus hechos.