En tribunales se ventilan actualmente varias instancias relativas a la política migratoria de la administración Biden. En más de una, gobiernos estatales, por xenofobia, por razones interpartidarias demandan o apelan para restringir la capacidad del gobierno federal de administrar la política migratoria del país.
El programa 287(g)
Uno de los ejes de esa ofensiva, pero también una demostración de la dificultad del gobierno actual de dejar contentos a todos, es la vigencia del programa ICE 287(g).
El nombre se refiere a la sección con ese número en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y parte de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996.
Este programa habilita al Departamento de Seguridad Interna y a agencias de la aplicación de la ley a permitir, bajo acuerdo, que los agentes identifiquen, procesen y detengan a sospechosos de infracciones a la ley migratoria que encuentren en su paso.
Principal entre estas agencias son los departamentos del Sheriff, es decir, la policía de los condados, de amplia autoridad y en cuya cabeza hay un uniformado que al mismo tiempo es un político electo por el votante.
ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, llama al 287(g) su “multiplicador de fuerza”.
La 287(g) tuvo su primavera durante el gobierno de Trump. Al asumir éste la presidencia, había 34 acuerdos establecidos por la administración Obama. Al terminar, el número se había quintuplicado a 152.
Biden cambió poco
Contrariamente a lo que expresó durante su campaña electoral, Biden no ha anulado los contratos federales con departamentos de Sheriff por el ICE 287(g). En su primer año de gobierno, su número se redujo en tan solo 10, a 142.
En gran parte, el acuerdo sirve los propósitos de la Migra, cuando son considerados independientemente de la política nacional e incluso de la conveniencia de instaurar un régimen de terror entre los indocumentados si es que el único criterio para la aprehensión y deportación es que la persona es indocumentada.
Para estirar sus tentáculos y deportar a más gente de lo que podría hacer solo, ICE estableció una red poderosa de alianzas con departamentos de Sheriff (también con departamentos de policía) en condados de todo el país.
Ahora bien: la participación en el programa es voluntaria. Los Sheriffs deciden si quieren participar o no. En consecuencia, la presencia de su departamento en el acuerdo refleja su ideario político.
La realidad es que ICE, durante los cuatro años de expansión del 287(g) se asoció con numerosos departamentos del Sheriff cuyos titulares practican una política xenófoba y racista, particularmente en el sur del país.
Los sheriffs, políticos con uniforme, tienen campañas electorales, equipo de campaña, recolección de fondos, y aunque no se presenten bajo una bandera partidista, se postulan en representación o preferencia de alguno de los principales partidos políticos.
¿De cual?
Entre los departamentos del Sheriff que firmaron un contrato por el programa 287(g) con el gobierno, el 92% son Sheriffs republicanos: 122, contra 8 demócratas.
Licencia para cometer abusos
Hace unos meses, la ACLU – la Unión Americana de Libertades Civiles – publicó una investigación sobre el espacio político ocupado por los Sheriffs. Casi seis de cada 10 Sheriffs de los 3,081 en el país han proferido retórica antiinmigrante. Más de la mitad apoyaron endurecer las políticas federales inhumanas hacia los inmigrantes como las ejercidas durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021). Más de las tres cuartas partes de ellos operan centros de detención para indocumentados, bajo condiciones infrahumanas.
Y casi dos tercios tienen antecedentes de discriminación racial y otros abusos de los derechos civiles.
“La xenofobia”, escriben los autores, “está en el corazón mismo del programa” 287(g).
Esto se traduce en que la mayoría de los agentes del Sheriff de las jurisdicciones afiliadas al programa de ICE buscan cualquier excusa para detener a quien sospechan que son indocumentados para así llevarlo a la deportación.
Inventan una narrativa de crisis
Según el informe de la ACLU, la participación de los departamentos del Sheriff en el programa 287(g) les da “licencia para cometer abusos”.
Después del advenimiento de la administración Biden en enero de 2021, la mayoría de los Sheriffs participantes en el programa 287(g) trabajaron en concierto con otros funcionarios estatales y locales para fomentar una narrativa de crisis en la frontera sur y demonizar a los inmigrantes.
Esta actividad no se reduce a cooperación con el gobierno, sino que incluye acción política independiente que asocia a estos sheriffs a la extrema derecha estadounidense.
Political Associates identificó a al menos 17 sheriffs afiliados a FAIR, la Federación Americana de Reforma Migratoria, una organización anti inmigrante cuyos líderes según el Southern Poverty Law Center “tiene vínculos con supremacistas blancos y grupos eugenistas”.
Respecto a las acciones individuales de estos Sheriffs, el ejemplo típico de un enemigo de la comunidad migrante ha sido Joe Arpaio que durante 24 años ejerció en el condado Maricopa de Arizona, hasta que en 2016 perdió la reelección. Arpaio destinó el sus recursos y personal a la persecución de inmigrantes, su alojamiento en condiciones humillantes y la difusión del trato que les deparaba a quienes cometieron la violación administrativa – no es crimen – de cruzar ilegalmente la frontera.
Algunos ejemplos de los Sheriffs
Dice el Consejo de Inmigración Estadounidense (American Immigration Council):
La presencia física en los Estados Unidos sin la debida autorización es una violación civil, en lugar de un delito penal. Esto significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede colocar a una persona en proceso de remoción (deportación) y puede exigir el pago de una multa, pero el gobierno federal no puede acusar a la persona de un delito penal a menos que se haya ordenado previamente su deportación y reingreso. en violación de esa orden de deportación
Otro ejemplo, el sheriff del condado de Alamance, Carolina del Norte, exigió a sus agentes “traerme algunos mexicanos”.
“Esto condujo a incidentes como el de un hombre latinx que fue arrestado y luego deportado por “proporcionar la dirección incorrecta de la escena del crimen” después de sufrir una herida de bala, o el de una mujer latinx cuyos tres hijos pequeños quedaron solos durante ocho horas en la calle. lado de la carretera por la noche después de que fue arrestada y luego deportada por conducir sin licencia”, explica el Proyecto de Migración Latina en un informe.
A pesar de ello, seis años después la administración Trump renovó el contrato con este sheriff.
Otro caso. Un agente del Sheriff de Frederick, Maryland detuvo a Sara Medrano, según él porque tenía una luz trasera quemada en su vehículo. Al pedir hablar en español la inquirió por su estado migratorio y anunció que llamaría a Migración. Después de una hora cuando no logró que los agentes de ICE vinieran, la dejó ir.
El Sheriff Jim Pendergraph del condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, le dijo al Congreso que ICE estaba “abrumado por los elevados números de indocumentados que él le estaba enviando”.
El del condado de Johnston, Steve Bizzell, reconoció que su objetivo al suscribir al programa 287(g) era reducir, si es que no eliminar, la población inmigrante de su condado, porque los “mexicanos” se estaban “reproduciendo como conejos”.
En 2020, cuando la administración Biden trató de suavizar el programa, el Sheriff del condado de Jackson, Texas, A.J. Louderback, tuiteó: “Biden tiene más empatía para extranjeros delincuentes que han ingresado a nuestro país ilegalmente que para los ciudadanos y ¡los agentes del orden de la nación!”
El Sheriff Al Nienhuis del condado de Hernando, en el estado de Florida, dijo en Facebook que: “Hoy, CADA pueblo es un pueblo fronterizo. La frontera no solo está abierta a la gente que quiere una vida mejor, está abierta a CUALQUIERA que quiera cruzar (ilegales de más de 170 países son capturados con frecuencia, NO solo de América Central)… Si es un delincuente violento, miembro de una pandilla o terrorista, (cruzar) es un camino FÁCIL a los Estados Unidos…. Pero las fronteras abiertas no son aceptables…
Los más extremistas
En el condado Barnstable de Massachusetts, el Sheriff James Cummings dijo a un medio de comunicación local que los jueces fueron demasiado indulgentes al determinar una fianza para inmigrantes y que consideraba que 287(g) le daba esa autoridad por encima de los jueces..
Así, algunos Sheriffs, envalentonados por la tónica de confrontación cultivada por Donald Trump, declaran su soberanía absoluta y se niegan a obedecer aquellas órdenes federales con las que no concuerdan.
Constituyen el 17% de los sheriffs participantes en 287(g). Son los alineados con el llamado “movimiento patriota”, en particular, los Alguaciles Constitucionales (CSPOA) (Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association).
El más vocal de ellos es el Sheriff del Condado Milwaukee en Wisconsin, David Clarke, un aliado de Donald Trump y quien brega para que las agencias del Sheriff tengan atribuciones migratorias y se les permita tomar decisiones de deportación, por ejemplo.
CSPOA, creada en 2011 promueve la teoría legal marginal y poco sólida de que ellos y solamente ellos tienen la máxima autoridad independientemente de los gobiernos estatal y federal, que los supremos árbitros de la ley. Desde 2020, 404 Sheriffs se han declarado “constitucionalistas”. De ellos, 136 están todavía en funciones.
Junto con FAIR, incitan a los Sheriffs a convertirse en activistas de derecha, incluyendo contra los más modestos intentos de control de armas, por lo que decenas de condados se declararon “santuarios de la Segunda Enmienda” (de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas).
Su participación también puede ser marginal, pero es abiertamente política. En abril de 2021, decenas de Sheriffs enviaron una carta al presidente Biden instándole a “proteger la frontera” de la “invasión de ilegales”.
Conclusión
Vemos entonces que una fracción de las agencias de policía del país – encapsulada en las agencias de Sheriff de condados – se alinea con las políticas de la extrema derecha, encontrando la manera más directa de ejercer sus posiciones en la aprehensión indiscriminada de inmigrantes, mediante la participación en un programa.
En momentos en que nuestra atención se enfoca en bandas irregulares y armadas como los Proud Boys, es importante recordar que los Sheriffs comandan a miles de efectivos fuertemente armados y su capacidad operativa es muchísimo mayor.
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