Ciudades y estados santuario: chivos expiatorios de los ataques del gobierno de Trump

Este lunes, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordena a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional elaborar una lista de las localidades -conocidas como «ciudades santuario»- que «obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración». Una vez recopilada la lista, les indica tomar las acciones legales «necesarias». Básicamente, congelar los fondos federales que reciben esas jurisdicciones, demandarlos en corte y hacerlos blancos de acciones punitivas que pueden incluir el envío de tropas. 

Esto ya ha sucedido durante el primer gobierno de Trump. También en aquel entonces el mandatario trató de someter a las ciudades santuario a su voluntad reteniendo los fondos federales que les corresponden. Pero los jueces en casi todos los casos bloquearon esta política porque viola la separación de poderes. 

“Solo el Congreso tiene la autoridad para imponer nuevas condiciones a los fondos federales», escribió en aquel entonces el juez William Orrick. 

Ahora, las ciudades, condados y  estados que se declararon como ente santuario – entre 250 y 500 en todo el país – rechazan en diferentes grados apoyar con sus recursos los operativos federales contra inmigrantes indocumentados. 

Estos recursos incluyen la participación conjunta en operativos militarizados de caza de indocumentados o en el programa 287(g), que habilita a policías locales a aplicar las leyes federales de inmigración haciendo arrestos migratorios y a compartir información sobre el estatus migratorio de las personas.  

Por supuesto que las entidades que se declararon santuario no lo hicieron para dar refugio a delincuentes, como infundadamente afirma el gobierno de Trump. Por el contrario, ha sido para proteger a las poblaciones migrantes del crimen, para darles confianza de que sus gobiernos locales los protegerán, precisamente, de los delincuentes. Para que llegado el momento estos vecinos no teman denunciar crímenes, presentar testimonios y contribuir a la comunidad. 

No apoyan la inmigración ilegal y menos la protección de quienes violan las leyes criminales. Lo que hacen es considerar a las familias migrantes como parte de su población, como residentes con derechos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la órden previene que se «obstruyan a los funcionarios federales de inmigración ni a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando simplemente están tratando de eliminar las amenazas a la seguridad pública de las comunidades de nuestra nación«.

Lo dicho implica que en su migratoria, el régimen considera a los inmigrantes indocumentados como criminales peligrosos, inmerecedores de proceso judicial debido. Por eso los están arreando como ganado allí donde los encuentra para deportarlos sin miramientos, ni siquiera ya al país de procedencia, ya no dejándolos allí en libertad sino encerrándolos sin veredicto ni condena ni derecho a la apelación. 

No solamente están separando familias sino que también han deportado ilegalmente a ciudadanos estadounidenses que son hijos aquí nacidos de los indocumentados deportados. Cada día nos enteramos de nuevos casos espeluznantes que antes creíamos imposibles en nuestro país. 

La verdad es que el porcentaje de delincuentes entre los inmigrantes es menor que en el resto de la población. Así lo determinaron numerosos estudios e incluso uno del Departamento de Justicia, que ahora fue borrado de su sitio de internet. 

Estos estudios, como el de la Universidad Northwestern  revelan que los inmigrantes tienen sistemáticamente menos probabilidades de ser encarcelados que las personas nacidas en Estados Unidos.

Las operaciones militarizadas se basan entonces en premisas falsas, en una propaganda que se repite hasta el hartazgo para incitar al odio contra las familias migrantes. 

La verdad también es que las ciudades o entes santuario son legales. 

El gobierno se basa en su ataque en el código civil federal Título 8, Sección 1373 de 1996, (8 U.S. Code § 1373) que prohíbe a los gobiernos estatales y locales promulgar leyes o políticas que limiten la comunicación sobre “información relativa al estatus migratorio o de ciudadanía” de las personas. 

Pero como explica el Consejo Americano de Inmigración, esta Sección 1373 no prohíbe que se limite la comunicación sobre casos penales, estatus de custodia o fechas de liberación de personas bajo custodia; no exige que las jurisdicciones cumplan con o efectúen, las órdenes de detención migratoria federales; no prohíbe leyes que restrinjan ese cumplimiento; no impide que las jurisdicciones limiten la recopilación sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de la población. 

Numerosos tribunales han determinado además que la Sección 1373 interfiere ilegalmente con la autoridad estatal y local, y varios tribunales federales dictaminaron que el gobierno federal no puede obligar a los estados a aplicar las leyes federales de inmigración. 

Eso no significa que las autoridades migratorias no puedan operar para imponer las leyes migratorias de manera independiente. Pueden, sí, pero por su cuenta. 

Este renovado ataque contra las ciudades santuario, al margen de si tendrá o no éxito, pretende ahondar la división interna del país, encontrar chivos expiatorios para los fracasos del gobierno y avanzar el desmantelamiento de nuestras instituciones democráticas con la excusa del enfrentamiento contra ciudades santuario como Nueva York  desde 1985 y desde noviembre pasado, Los Ángeles.