Por mayoría de 8 a 1, la Suprema Corte rechazó esta semana considerar un desafío a la ley neoyorquina de estabilización de los alquileres de 1969 (RSL), en una demanda que podría haber afectado a un millón de viviendas rentadas, especialmente en Nueva York y en California, ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San José, Santa Mónica o Pasadena.
Los demandantes – pequeños y medianos propietarios de apartamentos de renta – alegaron que las autoridades siguen agregando protecciones a los inquilinos en detrimento de ellos, impidiénoles elegir a sus inquilinos o financiar reparaciones básicas, de una manera que viola la Constitución.
Entre otros cambios señalaban la dificultad de excluir a los inquilinos incluso después de vencidos los contratos, incluso si el propietario quiere vivir o que sus familiares vivan allí, o convertir las viviendas en condominios o retirar su propiedad del mercado de alquiler. Esto se agrega a la imposibilidad práctica de actualizar los montos de alquiler al establecer límites a lo que pueden cobrar..
La decisión del tribunal supremo deja en pie el sistema de control de renta existente.
Creemos en los derechos de los inquilinos. Pero estas leyes, que pretendían ser una solución temporal al severo déficit de viviendas se ensaña especialmente con los pequeños propietarios. Muchos de ellos son inmigrantes latinos. Tienen una unidad de renta en su garaje o dividieron su lote para tal propósito o están comprando dos, cuatro o hasta 12 unidades, comparado con las grandes corporaciones que poseen miles de unidades de renta.
Sus propiedades hace tiempo que no son rentables, y con la adición de las limitaciones a los desalojos de la época del COVID que ampliaron las áreas de protección a los inquilinos, existe un nutrido grupo de pequeños propietarios que se ven obligados a vender – a menudo con pérdidas – sus propiedades a las mismas corporaciones.
Lamentablemente las leyes no los toman en cuenta.
Si no cambia esta situación, las ciudades se quedarán sólo con propietarios corporativos que no tienen el menor interés en el bienestar de los inquilinos.
Si los gobiernos realmente quieren proteger a los inquilinos a largo plazo, deben apoyar a los pequeños propietarios, en lugar de obstaculizarlos.
Deben diferenciar entonces entre estos pequeños propietarios y las grandes corporaciones.
La solución pasa por participar a los pequeños propietarios en la búsqueda de soluciones, tomando en cuenta sus intereses e invitándolos a ser parte del proceso legislativo, prestando testimonio y formando comités de asesoramiento. Asimismo, deben considerar participarlos en los programas de asesoramiento legal gratuito que se ofrece a muchos inquilinos.
El control del alquiler es necesario para defender a los más débiles de propietarios abusivos
Pero en muchos casos se ha convertido en un aliciente para subir los alquileres aún más en los nuevos contratos. Y castiga precisamente a quienes pretenden defender al hacer más difícil calificar, dejando fuera a familias de bajos ingresos, a quienes no tienen ni crédito ni ingresos verificables porque trabajan en efectivo.
