Los funcionarios electorales no aparecen en los titulares ni tienen representación; su remuneración es mínima o son voluntarios. El 24% de ellos tiene 71 años de edad o más y 32% están entre 61 y 70. Son alrededor de un millón de personas en todo el país.
Están en la primera línea de nuestra democracia.
Son ellos los encargados de todo el proceso físico, desde armar los recintos electorales, equipar los puestos de votación previa, asegurar y administrar el flujo de votantes hasta contar los resultados. De mucho más.
Donald Trump y sus secuaces, en su intento de permanecer en el poder pese a haber perdido las elecciones de 2020, defenestraron a estos trabajadores, los acusaron de fraude, orquestaron o apoyaron una intensiva campaña de intimidación, con mentiras, amenazas de muerte y ataques físicos. Hubo más de mil denuncias.
Poco se hizo desde entonces para castigar a los culpables.
Ahora, las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, así como las primarias a partir del 15 de enero próximo, amenazan con ser las más contenciosas de la historia estadounidense.
El país parece irremediablemente dividido respecto a Donald Trump, a quien millones idolatran. Él los incita y explota con sus mentiras. Convirtió a los funcionarios electorales en el chivo expiatorio de los resultados electorales que no gustaron a políticos y votantes republicanos.
No es desdeñable la probabilidad de que los ataques se intensifiquen y lleguen a mayores crímenes. Junto con las legislaturas estatales, es el deber del Congreso proteger a los trabajadores electorales.
Según una encuesta de abril del centro Brennan, casi la mitad de estos empleados administrativos temen por su seguridad física. Casi uno de cada tres ya fue acosado, abusado o amenazado. Más del 15% de ellos anunció que renunciará antes de los próximos comicios.
Se sienten también perseguidos por legislaturas estatales de mayoría republicana, que en 31 estados promulgaron leyes que los exponen a penas criminales por infracciones menores que puedan ayudar a los votantes.
Está frente al Legislativo un paquete de medidas de protección, que incluye el Election Worker Protection Act de 2023 (S 1318) y el Support our Election Workers Act (S 1609), ambos de la senadora Amy Klobuchar.
El primero daría subvenciones “a cada estado elegible para reclutar y capacitar a personas para servir como trabajadores electorales y voluntarios electorales”. El segundo aumentaría sus salarios.
El esfuerzo incluye también un proyecto de ley de seguridad electoral para incrementar el castigo por hostigar o intimidar a los administradores electorales, así como fondos para asegurar el funcionamiento de los centros electorales en cada estado y para combatir los ciberataques.
Se suma a los existentes
Son parte del paquete del presupuesto nacional, sobre el cual no existe el acuerdo entre los partidos que es condición para finiquitar la tarea y evitar el cierre del gobierno.
Queda poco tiempo: el Congreso está en receso hasta el 14 de agosto y tiene hasta el 30 de septiembre para cumplir con su obligación.
Le quedan tan solo 12 días de sesiones.
El próximo presupuesto es probablemente la última oportunidad para que el Congreso ayude a salvaguardar las próximas elecciones, que están bajo una amenaza sin precedentes.
Si queremos obtener resultados claros y evitar una crisis peor que la de 2021, el Congreso debe cumplir su deber y financiar la protección de los administradores electorales.
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