La violencia policial en Colombia, en especial en Cali, ha cobrado las vidas de manifestantes que protestaban por la crítica situación por la que atraviesa el país. La Defensoría del Pueblo dijo que al menos 19 personas habían muerto después de que los agentes dispararon contra los participantes.
Violenta represión
Por su parte, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas acusó a las fuerzas de seguridad de Colombia de usar fuerza excesiva contra los manifestantes.
Las protestas multitudinarias en todo el país se multiplicaron a partir del 28 de abril, en oposición a un plan de aumento de impuestos que intentaba reducir el creciente déficit fiscal pero que pejudicaba a la población más vulnerable y que encontró rechazo generalizado.
Sin embargo, se fueron ampliando, abarcando lo que los manifestantes consideran la deficiente reacción del gobierno del presidente Iván Duque a la pandemia.
Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el COVID ha causado más de 60,000 muertes, mientras que cinco millones de empleos fueron afectados.
Y finalmente, la extraordinaria violencia desplegada por la policía exacerbó la situación, al causar horror e indignación en la población.
La economía de Colombia está en crisis. El Producto Interno Bruto cayó en casi 7% en un año, la peor cifra en medio siglo, y la pandemia ha catapultado su tasa de desempleo, que ya venía alta, a un 14.2% oficial, aunque analistas consideran que la cifra es mucho mayor.
Pobreza generalizada
La pandemia profundizó la brecha social. Muchos colombianos recién estaban saliendo de la pobreza e ingresando a la clase media, pero largos meses de encierro y la carencia de protecciones estatales adecuadas, desde seguro de desempleo adecuado, programas oficiales suficientes, y una estructura sanitaria o social que aguante la situación.
Incluso después de que Duque anunció el retiro de la ley de reforma fiscal de su consideración en el Congreso (el viernes anterior habia suavizado el peso que cargaría la población), las protestas siguieron en las principales ciudades del país.
Los organizadores – el Comité Nacional de Paro y las centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores – llamaron a un paro nacional el 5 de mayo, en demanda de mejoras a los planes de pensión, salud y educación de Colombia.
En muchas regiones se sumaron a las protestas sectores campesinos e indígenas, sectores desatendidos tradicionalmente cuya situación empeoró considerablemente en los últimos meses.
Está por ver si el gobierno de Colombia cambia de rumbo – algo difícil ya que representa sectores oligárquicos que se benefician con la situación – o se decide por la represión abierta. Es que debe utilizar otro mecanismo para captar el dinero que tanto necesita su economía. Especialmente, buscando aumentar la tributación entre los más pudientes y atacando los paraísos fiscales de los que éstos gozan.
Más vacunación
Colombia debe acelerar la lucha contra la pandemia, que a su vez impulsa la desigualdad. Esto significa especialmente acelerar el programa de vacunación, que hasta ahora ha sido marcadamente insuficiente, abarbando solo al 3% de la población, lo que la ubica en el puesto 94 del planeta.
En comparación, Israel vacunó a toda su población, Chile al 51% y Estados Unidos, al 46%.
De lo contrario, las condiciones impondrán un círculo vicioso de crisis sin fin.
Al mismo tiempo, al gobierno colombiano debe hacer frente al tema de la represión policial, erradicar los elementos más represivos de su seno, y combatir la impunidad. Los acontecimientos que llevaron a que la policía disparara contra civiles deben investigarse y los responsables castigados abiertamente.
Las noticias más recientes, especialmente de Cali, hacen pensar que lejos de haber obrado para la pacificación y concordia, el actual gobierno optó por una ola de represión, tortura, muertes y desapariciones, una actitud que condenamos. Llamamos a la comunidad internacional a hacer públicos estos hechos y a los gobiernos que ejerzan su influencia para que la represión cese de inmediato.
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