Hace días me enviaron un mensaje en contra de la reforma judicial que se aproxima en México. Respondí que al haber ganado las elecciones de forma honesta, haber planteado el tema en campaña mostrando intencionalidad política, y tener un apoyo amplio, el gobierno cuenta con legitimidad para realizar esa y muchas otras reformas.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de legitimidad?
Hay dos conceptos centrales en la Ciencia Política, legitimidad y consenso. La vulgarización de la ciencia mete contenidos erróneos o inadecuados a los conceptos, y este caso no es la excepción; pensar que el comportamiento individual puede ser legítimo es erróneo, porque la categoría se refiere al Estado.
Hay dos definiciones de legitimidad. Una creada por el sociólogo Max Weber a fin del siglo XIX y otra producto de la sociología política estadounidense, esbozada por Seymour Lipset.
Para Weber la legitimidad consiste en un mandato válido y obligatorio porque está basado en la autoridad y reclama obediencia y sumisión, de aquí se desprende la dominación. Hay dominación legítima y no legitima, por ejemplo la lograda a partir de procesos ilegales, como un golpe de Estado, o un proceso electoral fraudulento. La compra de votos en esencia deslegitima al vencedor, aunque es posible que el proceso jurídico pos electoral legitime de jure al defraudador, como sucede con caciques por ejemplo.
Hay quién considera que la legitimidad es un contrato entre la sociedad y el Estado, donde la electa se encarga de administrar el contrato y los gobernados se obligan a respetar los términos del mismo. La dificultad consiste en que al no existir un contrato per se, el administrador llega a imponer el contenido y las formas de aplicarlo, mientras el gobernado obedece y se somete, de aquí que haya un autoritarismo legítimo.
En la raíz de la legitimidad hay un elemento fundamental de legalidad que según Weber “puede valer como legítima: a) en virtud de un pacto de los interesados; b) en virtud del otorgamiento-imposición de una autoridad considerada como legítima y del sometimiento correspondiente”.
El rol de la autoridad adquiere un papel central
Podemos encontrar las siguientes formas: “Autoridad racional-legal que se basa en un sistema de reglas que se aplica administrativa y judicialmente de acuerdo con principios conocidos. Las personas que administran esas reglas son nombradas o elegidas mediante procedimientos legales. Los superiores también están sujetos a reglas que limitan sus poderes, separan su vida privada de los deberes oficiales y requieren documentación escrita.
Autoridad tradicional: basada en un sistema en el que la autoridad es legítima porque «siempre ha existido». Las personas en el poder suelen disfrutarlo porque lo han heredado. Los funcionarios consisten en criados personales (en un régimen patrimonial) o de aliados leales personales, como vasallos o señores tributarios (en un régimen feudal). Sus prerrogativas suelen ser similares a las del gobernante por encima de ellos, simplemente reducidas en escala, y a menudo también se seleccionan en función de la herencia. (Algo similar se encuentra en los sistemas de partido único como el PRI, PC Chino, PC cubano).
Autoridad carismática donde el poder está en el carisma del líder, quien demuestra que posee el derecho a liderar en virtud de poderes mágicos, profecías, heroísmo, etc. Sus seguidores respetan su derecho a liderar debido a sus cualidades únicas (su carisma), no por tradición o reglas legales. Los funcionarios son aquellos que han mostrado devoción personal por el gobernante y aquellos que poseen su propio carisma..”
Un proceso electoral honesto
De aquí se desprende la centralidad de las elecciones que deben ser un proceso honesto y correcto.
Para Lipset la legitimidad, y algo de esto está en Weber, consiste en la aceptación por parte de la sociedad del Estado, como algo correcto y adecuado. Es de aquí de dónde se alimenta la dominación no legitima.
Toda vez que no hay procesos totalizantes. Ni toda la sociedad acepta al gobierno ni toda la rechaza. Hay sectores sociales que sienten al gobierno como legítimo mientras otros lo rechazan y hasta luchan contra él. Ese es el juego de la política y de la democracia siempre y cuando los que rechazan lo hagan dentro de las reglas aceptadas históricamente, o porque se generaron en procesos políticos legítimamente impuestos al todo social.
La política no es un juego puro y puede resultar que quienes aceptan y apoyan a un dominador ilegítimo como resultado del fraude, le otorgan legitimidad, es el caso de los fraudes electorales de Salinas y Calderón, apoyados por la oligarquía y sectores amplios de la burguesía y parte de las clases medias, cuya fuerza vence a los que reclaman la ilegitimidad, que en ciertas circunstancias recurren a prácticas políticas extra legales, como la insurrección o la guerra de guerrillas, y se enfrentan al Estado y a las facciones que lo apoyan.
Por supuesto que en el camino se enfrentará a la correlación de fuerzas que es dinámica, hoy actuaron los especuladores financieros. Las diversas clases sociales apoyan ciertas medidas y rechazan otras, ni aprueban ni rechazan todo aunque sin deslegitimar.
Este es el segundo gobierno que gana las elecciones por muy amplio margen y con un conflicto pos electoral muy reducido, y cuenta con legitimidad para fijar rumbo, esperemos que lo haga con una visión de futuro que nos lleve a la prosperidad y bienestar colectivos.
