Los platos rotos de la elección judicial en México

En México, la expresión “pagar los platos rotos” describe situaciones en las que alguien sufre las consecuencias de acciones (o errores) cometidos por otros, especialmente cuando esa persona no tiene responsabilidad directa. Pues bien, eso es exactamente lo que le está ocurriendo al Instituto Nacional Electoral (INE) de México, que se prepara para supervisar una de las elecciones más complejas y controvertidas de la historia moderna del país: la elección extraordinaria de jueces y magistrados en 2025.

Sin embargo, lo que en teoría sería una monumental innovación democrática, en la práctica es un proceso cargado de tintes políticos y de una logística abrumadora. La elección judicial surge de una reforma que, según los críticos, fue apresurada y mal concebida, mientras que el INE enfrenta severas limitaciones presupuestarias, poco entusiasmo ciudadano, complicaciones logísticas y una gran guerra de narrativas. Cada uno de estos desafíos plantea serias preocupaciones sobre la legitimidad y viabilidad del proceso electoral. Pero alguien tiene que pagar los “platos rotos”.

¿Quién rompió los platos?

Antes de explicar los retos por venir, es importante entender cómo llegó México a este punto. La elección de jueces en 2025 proviene de una reforma judicial radical aprobada durante el último mes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Promovida como una medida para democratizar el Poder Judicial y eliminar lo que el entonces presidente calificaba reiteradamente como una institución “corrupta y elitista”, la reforma obligó a que miles de funcionarios judiciales (incluidos ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados) fueran electos por voto popular, en lugar de mediante los mecanismos de méritos que tradicionalmente regían el sistema judicial.

Aunque el discurso alrededor de la reforma se centró en “darle voz al pueblo” dentro del sistema de justicia, la realidad es mucho más compleja. La reforma se aprobó con mínima consulta técnica y sin mayor participación del propio Poder Judicial ni de organizaciones de la sociedad civil.

Expertos legales, tanto nacionales como internacionales, advirtieron que someter a jueces a procesos electorales podría minar su independencia, exponerlos al clientelismo político y generar nuevas formas de rendición de cuentas no ante la ley, sino ante los partidos políticos.

Esta transformación legal forzó al INE a entrar en un territorio desconocido. A diferencia de organizar elecciones legislativas o presidenciales, coordinar una elección judicial requiere producir materiales electorales altamente especializados, verificar candidatos con formación jurídica y certificar que no tuvieran algún antecedente penal, y diseñar procedimientos que no comprometan la neutralidad del poder judicial.

El INE, ya sobrecargado con enormes responsabilidades en un entorno políticamente polarizado, ahora debe atravesar un campo minado legal e institucional con muy pocos precedentes que lo orienten.

Para empezar, todo es cuestión de dinero.

Además de la complejidad técnica de la tarea, el INE opera bajo fuertes restricciones presupuestarias. Para la elección presidencial de 2024, el INE recibió aproximadamente 19 mil millones de pesos para organizar un proceso electoral nacional estándar. Sin embargo, para la elección judicial de 2025—un proceso de escala posiblemente mayor debido al número de cargos en disputa y la necesidad de una educación ciudadana más amplia—al INE se le asignaron solo 12,500 millones de pesos.

Este recorte presupuestal ha tenido consecuencias operativas inmediatas. La capacitación de funcionarios electorales, las campañas de información pública, la impresión de boletas y la logística para instalar casillas se han visto afectadas. Lo mismo ocurre con los programas de difusión necesarios para explicar al público el nuevo proceso de votación, especialmente porque la mayoría de los votantes no están familiarizados con los nombres o funciones de los candidatos judiciales.

La escasez de recursos no solo ha limitado el alcance logístico del INE, sino que también se ha convertido en un tema político. Los simpatizantes del gobierno argumentan que el Instituto debe hacer más con menos, como una medida de disciplina burocrática. Mientras tanto, la dirigencia del INE ha advertido que la falta de financiamiento adecuado podría afectar seriamente la integridad y eficiencia de la elección.

Menos casillas, más tiempo en la fila

Debido a los recortes presupuestales y la complejidad de la elección, el INE ha anunciado que se instalarán menos casillas que en elecciones nacionales anteriores. A modo de comparación, en la elección presidencial de 2024 se colocaron aproximadamente 170,000 casillas a nivel nacional. En contraste, para la elección judicial de 2025 se espera la instalación de unas 120,000—una reducción del 30%.

Menos casillas significan filas más largas. A ello se suma la complejidad de la boleta electoral. En lugar de votar por uno o dos candidatos, los ciudadanos deberán elegir entre decenas de aspirantes a distintos cargos judiciales. Las boletas serán extensas y requerirán mucho tiempo para ser leídas, comprendidas y llenadas.

El INE estima que el tiempo promedio de votación podría pasar de 3 minutos por persona –en una elección estándar– a más de 7 minutos en la elección judicial. Esto significa esperas más largas, frustración entre los votantes y un mayor riesgo de que la gente abandone la fila—lo que deprimirá aún más la participación y pondrá en duda la legitimidad de los resultados.

Mucha gente no quiere votar

Más allá de los desafíos logísticos y financieros, el INE enfrenta una crisis más profunda: apatía y desconfianza generalizadas. Encuestas realizadas por medios como Reforma y El Financiero a principios de 2025 revelan que la mayoría de los mexicanos se muestra indiferente o escéptico respecto a la elección judicial. Esto no sorprende, dado que existe la percepción general de que los candidatos no están siendo elegidos por méritos o experiencia judicial, sino que han sido designados por partidos políticos y operadores gubernamentales.

Este sentimiento se agrava por la baja visibilidad y el poco conocimiento público de los candidatos. A diferencia de los aspirantes presidenciales o a alcaldías, los candidatos judiciales no suelen tener perfiles públicos. Los votantes no saben quiénes son, qué proponen o cómo fueron seleccionados.

En muchas regiones, los ciudadanos reportan que ya han sido “instruidos” por operadores de partido o funcionarios públicos sobre por quién votar, particularmente en zonas con fuerte presencia de Morena. Este escenario socava gravemente el concepto de una elección democrática. En lugar de ser un ejercicio popular de supervisión judicial, muchos la ven como una simulación orquestada desde arriba para consolidar el control político del Poder Judicial. Por eso, se estima que la participación no superará el 18% de la lista nominal.

El día después de la elección

Independientemente de la participación o los errores operativos, el partido en el poder y los aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum probablemente declararán el proceso como un triunfo histórico de la democracia. Presentarán los resultados como un mandato para reformar el Poder Judicial y continuar con lo que llaman la “Cuarta Transformación” del Estado mexicano.

Los críticos, por otro lado, enfatizarán la baja participación, la manipulación del voto y las fallas técnicas para cuestionar la legitimidad de la elección. Se esperan impugnaciones legales tanto a nivel nacional como internacional, y es probable que organismos de observación electoral y de derechos humanos pidan reevaluar la conveniencia de elegir jueces por voto popular.

Pero la parte más triste la vivirá el INE, que quedará atrapado en medio de las narrativas: acusado por el gobierno de ser ineficiente y por la oposición de no garantizar un proceso libre y justo. Esta posición puede dañar la credibilidad de la institución, ya de por sí golpeada tras años de ataques políticos.

La elección judicial de 2025 es un ejercicio democrático sin precedentes que nació no del consenso, sino de la urgencia política e ideológica del entonces presidente López Obrador. Para el INE, representa una tormenta perfecta de desafíos técnicos, financieros y sociales. Sin financiamiento adecuado, sin participación ciudadana y sin respaldo institucional, la elección corre el riesgo de convertirse no en una celebración de la reforma judicial, sino en un caso de estudio de cómo las reformas ambiciosas fracasan cuando se sobrecarga a las instituciones democráticas y se erosiona la confianza pública. Al final, alguien tiene que pagar los platos rotos.

*Estratega político y socio del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Ha asesorado campañas en México, Brasil, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Fue editor y director internacional de Campaigns & Elections, y coordinador académico del Programa de Gobernabilidad de GWU y CAF. Tiene un máster en Gerencia Política por The George Washington University.