Es un país pequeño con un poco más de seis millones de habitantes y 21,000 kilómetros cuadrados. La historia de El Salvador se remonta a ser una de las cinco provincias centroamericanas que, con capital en Guatemala, adquirieron la independencia política de España, el 15 de septiembre de 1821.
El Salvador, una y otra vez, se distinguió por ser un territorio reacio en aceptar el dominio español. En el antiguo territorio conocido como Cuscatlán fueron frecuentes los levantamientos en pro de la independencia a fines del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX. Ello fue un factor importante para la declaración de independencia.
Una prueba de esto último, en relación con la voluntad de independencia expresada por los sectores populares, se encuentra en el primer artículo del Acta de Independencia. Allí se lee que la independencia, siendo voluntad general de la sociedad guatemalteca, hacía necesario que “… el señor Jefe Político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.
Recientemente, con el gobierno del Presidente Nayib Bukele (1981 -) las cosas han sido por demás controversiales. Desde un inicio, fue evidente que surgió como rechazo a los políticos tradicionales, quienes se repartieron el poder en especial luego de la firma de los acuerdos de paz. Esa firma ocurrió en México el 16 de enero de 1992; son los célebres Acuerdos de Chapultepec.
Ya en el poder, tanto los grupos de la izquierda, FMLN, como los de la derecha, ARENA, dieron muestras de corrupción. Llegar al gobierno con el fin de eliminar esas pésimas prácticas, fue una de las banderas en la exitosa campaña de Bukele. Tómese en cuenta que se trata de un país que tiene al 28% de sus hogares en condiciones de pobreza monetaria, y casi un 10% viviendo en indigencia o condición de pobreza extrema.
Hasta ahora, las medidas de Bukele han contado con el respaldo de la población, pero los riesgos pueden surgir intempestivamente. Nadie quiere pensar que el mandatario es adicto a caminar por las cornisas, pero hay disposiciones que podrían lanzar la dinámica económica y social del país hacia una irreversible turbulencia.
Los riesgos de gobernabilidad son más drásticos en tres aspectos: (i) control pleno, con mayoría en el Organismo Legislativo; (ii) mando sobre el Organismo Judicial evitando el ejercicio de pesos y contrapesos; y (iii) medidas económicas de alto riesgo, como la aprobación del bitcoin como moneda legal.
Desde el 1 de enero de 2001 El Salvador tiene dolarizada su economía, situación similar a la de Ecuador y Panamá.
El control mayoritario del Congreso, aseguraría la gobernanza del país, sin un “candado” que impida aprobar las iniciativas legales surgidas del Ejecutivo. Esto puede ser un arma de doble filo. La población sabe que el partido de gobierno tiene el poder y por eso mismo puede exigir resultados inmediatos. La volatilidad de las aceptaciones políticas puede manifestarse de forma poco previsible.
En cuanto a la Corte Suprema, las cosas lucen muy complicadas dado que el Presidente Bukele prácticamente barrió con los jueces opositores. Ahora dispone jubilaciones forzosas, una vez los togados cumplan 60 años. Varios de los jueces dicen sentirse discriminados. Ellos conocen la ley, gestionan las disposiciones del Estado y pueden entrar en una diatriba de disputas utilizando tiempos de eras geológicas.
Si a esto se une el control del Legislativo, los sistemas de pesos y contrapesos se ven deteriorados. De nuevo, los puñales de doble filo surgen en un ambiente que aún tiene cierto margen para exacerbar la polarización. Un punto clave aquí es que mientras se mantengan las inestabilidades políticas, los agentes económicos y sociales pospondrán llevar a la práctica sus decisiones. Con ello comprometerían el crecimiento económico, el empleo, el fortalecimiento de emprendimientos y consecuentemente el desarrollo del país.
Una arista por demás peligrosa es el establecimiento del bitcoin como moneda. Desde un inicio se percibe que esto rápidamente puede transformarse en un auténtico salto al vacío que, originándose en la política monetaria, puede llevarse por delante las medidas de política fiscal, condiciones cambiarias, de inflación, laboral, comercial y la dinámica crediticia.
De entrada, ya teniendo la economía dolarizada, el país se vio totalmente maniatado en la utilización de la política monetaria. Recordemos que las políticas macroeconómicas -fundamentalmente la fiscal, cambiaria y monetaria – le permiten a las autoridades de un país ir acondicionando las circunstancias productivas en función del entorno económico.
Por ejemplo, en la medida que la economía se estanca – con bajos niveles de producción y alto desempleo – las políticas macroeconómicas deben ser expansivas. Esto es válido para lo fiscal: disminuir impuestos y aumentar egresos del gobierno. Y también es aplicable a lo monetario: reducción de tasas de cambio, disminución de los encajes bancarios y compra de títulos en operaciones de mercado abierto. Si la economía da muestras de sobrecalentamiento con tendencias a aumentos inflacionarios y cifras en negativo de la balanza comercial, las políticas se encaminarían por lo contractivo.
Todavía con el dólar, existe un referente en las disposiciones de la Federal Reserve de Estados Unidos. Con el bitcoin no existe nada de eso. Con este último escenario surgen los movimientos especulativos de una pirámide financiera global, una auténtica economía de casino. Ganan los que primero entran y los que primero salen del mercado. Los que quedan rezagados pagan todos los costos del descalabro.
Aún con las mejores intenciones, es peligrosísimo confiar en la “estabilidad y fortaleza” de una criptomoneda, que desestabiliza una de las bases esenciales para la gobernabilidad y el bienestar de todo un país.
