Si hay algo de lo que la sociedad argentina está hastiada y agotada, y lo dicen todos los encuestadores, es de la inseguridad, la falta de justicia y la impunidad.
La muerte del Fiscal Alberto Nisman, que pretendía investigar a la Presidenta de la Nación Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a terroristas iraníes vinculados al ataque de la Mutual israelita AMIA en 1994, sigue protagonizando portadas escritas y electrónicas en Argentina y el mundo con múltiples interrogantes.
A pesar de que la autopsia preliminar del fiscal indicó que se trataba de un suicidio, más tarde se profundizaron pruebas que por lo menos abren cuestionamientos sobre el hecho, como por ejemplo el no hallazgo de restos de pólvora en la mano con la que supuestamente Nisman se habría disparado.
Las investigaciones judiciales continúan, de la mano de relatos que no convencen acerca de cómo se produjo en realidad la muerte del fiscal que debía presentarse el lunes en el Congreso a fin de exponer los argumentos de su denuncia. La misma que a última hora del martes fue publicada en internet por orden de la justicia argentina.
Hay horas muertas entre la hora de deceso del Fiscal y la hora en la que lo encuentran, en las que nadie se explica como 10 custodios de la policía federal no advirtieron nada.
Para el gobierno, principal sector perjudicado con esta muerte, se trata de un caso de suicidio y diversos funcionarios del oficialismo insisten en la labilidad de las pruebas con las que contaba el Fiscal, muerto un día antes de exponer frente a los legisladores.
Cristina Kirchner expresó su pesar por la muerte del funcionario en dos cartas que publicó en Facebook, aunque en las mismas expresa también muchos interrogantes sobre los móviles que llevaban al Fiscal a hacer esta denuncia. Su jefe de Diputados, Julián Domínguez, planteó la síntesis de la postura oficial en una conferencia de prensa: “No vamos a discutir la denuncia. Queremos que se esclarezca. Queremos saber qué hay detrás de la decisión que tomó el Fiscal. Tenemos la certeza que hay sectores de la inteligencia, el último reducto donde no ha llegado la transparencia, que condiciona jueces, que le da inestabilidad a la democracia”.
En el mismo sentido, palabras más o menos, se expresan los pocos funcionarios que hablan desde la Casa Rosada, como el actual Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.
Nisman estaba convencido y ofrecía pruebas, decía en vida, que inculpaban a la propia Presidenta, a su actual Canciller Héctor Timerman y otros allegados al gobierno, en negociaciones secretas con Irán por las cuales se daría impunidad jurídica a los iraníes vinculados al atentado (AMIA1994), a cambio de una próspera relación comercial bilateral: petróleo iraní y granos argentinos.
Real o no, la causa de encubrimiento habría estado basada en escuchas telefónicas acercadas al propio fiscal por servicios de inteligencia locales, incluidas sus conexiones a raíz de la causa AMIA, con otros servicios de inteligencia internacionales como la CIA, Interpol, Mossad, algo que Nisman nunca negó y que es de rigor en investigaciones de atentados terroristas.
Este supuesto pacto, en un contexto regional en donde Venezuela, país cercano a Argentina, mantiene buenas relaciones comerciales con Irán, hace pensar a muchos analistas internacionales en una posibilidad no tan descabellada. Pero había que probarla. Y las pruebas parecen ser insuficientes. Y el fiscal está muerto, aunque la causa la llevará ahora el Juez Lijo, a quien toda la clase política pidió desde el Congreso nacional, el máximo compromiso, que los incluye, en la preservación de las pruebas, y todas las escuchas de inteligencia que el Fiscal habría recolectado para fundamentar su denuncia.
Denuncia que junto con la investigación por el atentado a la AMIA, y junto con causa del ahora fallecido Nisman, quedan en manos de una justicia señalada también como corrupta o sospechosa, al menos en algunos de sus sectores, por muchos observadores de la realidad nacional, inclusive la misma sociedad argentina se muestra en general muy descreída sobre este poder del estado.
Pero si la justicia es sospechada como ineficiente, otro poder oculto es aún más cuestionado por la dirigencia política y se trata de la mismísima Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la que está bajo la lupa de quienes interpretan este caso, basando una de las hipótesis de la muerte Nisman, como parte de una guerra de servicios de inteligencia locales, aunque hay quienes sospechan de los internacionales.
Por ejemplo el rabino Sergio Bergman, uno de los líderes de la comunidad judía local y diputado del Pro (centro-derecha) por la Ciudad de Buenos Aires: “creo que si hay un servicio de inteligencia que hizo este profesional, sofisticado y prolijo trabajo de matar al Fiscal Nisman, está más del lado de los iraníes que de otros servicios. Porque tienen 30 mil agentes, una universidad que los prepara y un nivel de sofisticación que la gente no se imagina, no se los puede subestimar.”
Sin duda, este lamentable episodio es un duro revés para el kirchnerismo, habituado a lidiar -y vencer- a una oposición constante desde su arribo al poder, sobre todo desde el segundo gobierno de Cristina, que finaliza en diciembre de este año.
No es éste el caso, hasta el momento, puesto que la muerte de Nisman, que además llevaba la investigación por el atentado a la AMIA, tan sensible para la sociedad argentina y sin resolver durante los últimos 20 años, complica su presente y sus próximos y últimos meses de gobierno. Incluso y dependiendo del resultado final de este caso, podría complicar también el futuro del kirchnerismo como fuerza política y hasta la del peronismo, que hasta ahora y según las encuestas, era el partido con posibilidades de vencer nuevamente las elecciones, con un nuevo candidato, no necesariamente ultrakirchnerista como Daniel Scioli.
Publicado originalmente en La Opinión
