Más del 65 por ciento del condado de Los Ángeles no está incorporado, es decir, comprende localidades, pero no ciudades. Para el millón de personas que viven en esas 100 o 120 áreas o poblados, la Junta de Supervisores es su «concejo municipal» y el supervisor del área, el «alcalde».
Ahí operan 1,600 pozos de petróleo. Pequeños. Esos escarabajos móviles que suben y bajan y que usted ve cuando viaja por ahí en los freeways. Por la carencia de regulaciones uniformes, por falta de poderío y voluntad políticos, porque a los planificadores les parece natural, a lo largo de los años, una gran cantidad de estos pozos están cerca de viviendas habitadas por comunidades de color – latinos y afroamericanos – y de bajos ingresos.
Vivir cerca de un sitio activo de extracción de petróleo es peligroso. Muy peligroso.Es por eso que son ellos quienes más lo sufren.
Los químicos resultantes de la operación de los pozos provocan “náuseas, dolores de cabeza, asma, enfermedades pulmonares y cardíacas, defectos de nacimiento, cáncer y más”. Según un estudio reciente de la Universidad de Harvard 34,000 californianos murieron prematuramente en 2018 (números más recientes obtenidos) por la contaminación por combustibles fósiles.
La revista Environmental Research documenta una disminución significativa en la función pulmonar asociada con vivir cerca de pozos de petróleo. Y el mismo Departamento de Salud Pública del Condado encontró en 2018 que incluso a una distancia de 1,500 pies, los pozos representan un riesgo para la salud. Otro estudio, de la prestigiosa American Lung Association, atribuye a esta contaminación el 15% de las muertes por COVID-19 en todo el país.
La evidencia científica es abrumadora. Estos pozos enferman y matan. Sin embargo, siguen funcionando en el condado. La extracción de petróleo continúa y nuestra gente enferma y muere.
Es una situación que no puede continuar.
Este miércoles 15, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, tendrá la oportunidad de decidir si finalmente comienza el proceso de eliminación gradual de la perforación de petróleo y gas en las áreas no incorporadas.
Los pozos se reparten especialmente en estas localidades. En el distrito 2 (supervisora Holly Mitchell) West Athens, West Carson y West Rancho Domínguez-Victoria. En el 4 (supervisora Janice Hahn), North Whittier y Rowland Heights. Y en el 5 (Kathryn Barger), con las comunidades de Castaic, Oat Mountain, el Valle de Santa Clarita y Val Verde.
Si los miembros de la Junta adoptan en buena hora las mociones, convertirán al condado en el primero del país en prohibir nuevas perforaciones y decidir eliminar de manera gradual las ya existentes.
Las dos propuestas son: primero, declarar la perforación petrolífera no conforme con la ley en zonas no incorporadas y el campo petrolífero de Inglewood, el mayor del mundo en zona urbana. Esta parte es de autoría de las supervisoras Holly Mitchell y Sheila Kuehl. Segundo, expandir el Grupo de Trabajo de Transición Justa, que ayudará al paso de los trabajadores de combustibles fósiles a empleos bien remunerados, y esta moción pertenece a Janice Hahn.
Esperamos que la supervisora Solís, presidenta de turno del consejo y cuya lucha por la justicia ambiental es conocida e importante, lleve adelante la propuesta.
En medio de la pandemia de COVID-19, una enfermedad viral que precisamente ataca las vías respiratorias, promulgar estas regulaciones para desmantelar los pozos de petróleo urbanos es, si cabe, aún más importante para proteger a la población.
