Mientras el presidente electo, Donald Trump, afina su promesa de deportaciones masivas, grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes a nivel nacional, estatal y local discuten cómo hacer frente a un plan del que se conocen pocas especificidades, pero que tiene el potencial de generar caos humanitario, económico, legal y constitucional en Estados Unidos.
Trump planificaría declarar una emergencia nacional para echar mano de diversas herramientas a su disposición. Una de ellas es el uso de militares para implementar su plan de deportaciones masivas incluyendo habilitar las instalaciones para albergar el mayor número posible de inmigrantes. Asimismo, los militares asistirían a agentes de ICE y guardias nacionales estatales para detener personas, todo bajo la Ley de Insurrección que le permite desplegar a las fuerzas armadas para suprimir disturbios o cuando se obstruye el cumplimiento de las leyes.
Es una antigua ley que acarrea graves riesgos de violaciones de derechos civiles y que en el pasado se ha empleado para reprimir manifestaciones y huelgas.
Todavía algunos se preguntan si esta pesadilla se concretará y si Estados Unidos se apresta a escribir otro nefasto capítulo en su historia. La sola idea de tener a fuerzas militares y policiales rondando vecindarios debería alarmar a cualquiera.
En una nación donde las minorías son mayoría, ¿cómo van a saber quiénes son indocumentados? ¿Cuántos ciudadanos caerán en alguna redada migratoria? Previo a las elecciones, varios medios citaron a hispanos naturalizados que votaron por Trump a pesar de tener cónyuges o familiares indocumentados y decían que el plan de Trump no los tocará porque el presidente electo se centrará en “criminales”. El “zar de la frontera”, Tom Homan, reiteró esta semana que ningún indocumentado está descartado.
Leyes antiinmigrantes han sido probadas en algunos estados con resultados desastrosos.
Estuve en Arizona y en Alabama cuando entraron en vigor las leyes antiinmigrantes SB 1070 y HB 56, en 2010 y 2011, respectivamente. En Arizona el uso del perfil racial contra ciudadanos y residentes autorizados era rampante. Los daños a su economía, evidentes.
Pasé más tiempo en Alabama y vi el terror que este tipo de leyes genera, no solo entre los indocumentados, sino entre sus familiares ciudadanos o residentes permanentes. Vi niños ciudadanos que dejaron de ir a la escuela o de visitar un médico estando enfermos porque sus padres temían salir de la casa por miedo a ser detenidos y deportados. Que pasaban hambre porque sus padres temían ir al supermercado y dependían de la caridad de iglesias y grupos comunitarios. Hablé con agricultores con cosechas podridas porque sus trabajadores agrícolas dejaron de trabajar. Entrevisté a comerciantes que en un principio apoyaron la ley en el furor inicial que genera el prejuicio, pero luego perdieron los clientes que auspiciaban sus barberías, restaurantes, supermercados y tantos otros negocios. Vi vecindarios revividos por los inmigrantes convertirse en pueblos fantasma.
Y en más de una ocasión presencié a familias enteras, incluyendo niños ciudadanos que solamente hablaban inglés, llenar autos con sus pertenencias y marcharse en la oscuridad de la noche rumbo a otro estado y en algunos casos, rumbo a México.
Pero la persecución que propone Trump es nacional. Y no se limita a los indocumentados con historial delictivo o de reciente ingreso cerca de la frontera sino a los que llevan décadas viviendo y trabajando en el país, pagando impuestos, casados con ciudadanos estadounidenses, con hijos y a veces nietos ciudadanos. Se refiere a inmigrantes amparados por TPS, DACA, permisos humanitarios (parole), a solicitantes de asilo. Y no dude que hasta ciudadanos serán víctimas de redadas y deportaciones.
Ha ocurrido. La repatriación de mexicanos en los años 30 para “liberar” trabajos para los estadounidenses en medio de la Gran Depresión, resultó en la deportación de 2 millones de personas, 60% de las cuales eran ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, reportó la revista Time. El presidente republicano Ike Eisenhower y su “Operación Espalda Mojada” de los años 50 removió del país a más de un millón de mexicanos, incluyendo ciudadanos estadounidenses.
Trump incluso busca dejar de expedir documentos de identidad como pasaportes y tarjetas de Seguro Social a niños nacidos en Estados Unidos a padres indocumentados, reportó The New York Times.
Los seleccionados para integrar el gabinete de Trump son la mejor indicación de que la ley y el orden no son prioritarios para este presidente. Sus elegidos son un sello de goma para su extremismo. Dicen que no es lo mismo que llamar al diablo que verlo venir, e incluso aquellos que apoyaron a Trump podrán verse afectados por los tentáculos de su reino de miedo y su efecto devastador sobre la economía, los derechos civiles, familias y comunidades.
