El Congreso certificó el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial del 5 de noviembre de 2024 y quedó constatado que el proceso electoral, democrático y constitucional funciona aunque para Trump esto es cierto solamente si gana. Porque si pierde, como en el 2020, el sistema es corrupto y fraudulento y hay que recurrir a la violencia, como hicieron sus huestes hace exactamente cuatro años atrás en el violento asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021. Aunque la certificación se produjo sin drama, cuando Trump juramente como el presidente número 47 de Estados Unidos, se retoman el caos y el conflicto que lo caracterizan. Asimismo, las batallas por imponer una agenda extremista, particularmente en inmigración, estarán enmarcadas por desinformación y mentiras.
Igualar a los inmigrantes con la criminalidad
Ya la semana pasada tuvimos una probadita de lo que está por venir. Tras el ataque terrorista en Nueva Orleans, que cobró la vida de 15 personas e hirió a otras tantas, Trump, Fox News y otras figuras republicanas de inmediato culparon a los inmigrantes y al sistema migratorio.
“Cuando dije que los criminales que vienen son mucho peores que los criminales que tenemos en nuestro país, esa afirmación fue refutada constantemente por los demócratas y los medios de noticias falsas, pero resultó ser verdad”, declaró Trump en su plataforma Truth Social. Fox News incluso reportó que el atacante había cruzado desde México días antes del ataque.
Pero el atacante, Shamsud-Din Jabbar, muerto a tiros por la policía, era un ciudadano estadounidense de Texas, y veterano del Ejército. ¿Se retractó Trump de sus declaraciones? Por supuesto que no.
Y para recibir a Trump con los brazos abiertos, la Cámara Baja de estrecha mayoría republicana aprobó, con el apoyo de 48 demócratas, el proyecto HR29, la Ley Laken Riley, una joven asesinada por un indocumentado en Georgia en febrero de 2024. El atacante tenía cargos por hurto, pero no fue encarcelado. La legislación obligaría a los funcionarios federales a detener a los indocumentados que cometan delitos de hurto, robo con allanamiento de morada, entre otros, ordenando su detención hasta ser deportados.
La medida es cuestionada por diversos sectores porque a pesar del horrible crimen, los inmigrantes son menos propensos que los ciudadanos a cometer delitos. Consideran que el proyecto es un mecanismo para detenciones y deportaciones en masa, incluso por infracciones menores.
El Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC), escribió que “los defensores de la Ley Laken Riley la enmarcan como una medida de seguridad pública, pero en realidad las disposiciones del proyecto de ley socavarían las protecciones constitucionales y no harían nada para mantenernos más seguros”.
Además de seguir enmarcando el tema migratorio como uno de “criminalidad”, hay mucha incertidumbre en torno al lenguaje y el alcance de las diversas órdenes ejecutivas migratorias que se anticipa Trump firme cuando asuma el cargo.
Las amenazas de Trump pueden hacerse realidad
Se especula que pueda declarar una “emergencia nacional” para cerrar la frontera o vetar el ingreso de nacionales de ciertos países, similar al veto musulmán de su primera gestión. O para limitar la inmigración documentada y el asilo. Puede además activar al Ejército para labores migratorias. O puede ordenar, por ejemplo, que la administración del Seguro Social no gire tarjetas a los niños ciudadanos cuyos padres sean indocumentados como parte de su plan para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Eso sin contar el temor generalizado a las redadas y deportaciones masivas que prometió. Se habla de deportar a quienes ya están encarcelados o en centros de detención; a quienes se les hayan vencido sus permisos de trabajo y amparo de la deportación a través de programas como el TPS o el parole humanitario. Se temen redadas en centros de trabajo, iglesias y refugios, entre otros lugares.
También se especula qué ocurrirá con los Dreamers una vez venzan sus permisos de trabajo y amparo de la deportación.
Al interior del equipo de Trump se han dado diferencias sobre algunos asuntos. Como el debate sobre las visas H1B para trabajadores extranjeros especializados. Elon Musk y Vivek Ramaswamy, quienes encabezan una oscura iniciativa de “eficiencia gubernamental”, defendieron el programa rechazado por el asesor de Trump y ahora encargado de política pública en la Casa Blanca, Stephen Miller, arquitecto de las políticas más antiinmigrantes del primer gobierno de Trump, incluyendo la separación familiar en la frontera.
Pero fuera de ese tema, a todos los une un profundo desdén y prejuicio hacia los indocumentados que siguen al centro de los planes de Trump en 2025, cuando sus amenazas podrían convertirse en realidad.
