La decisión de la Suprema Corte el 24 de junio, en la que anuló el derecho constitucional de la mujer al aborto que había establecido en 1973 en el caso Roe vs Wade, asestó un fuerte golpe a las libertades individuales y al gobierno de la mayoría en nuestro país.
Después del fallo de la Corte Suprema
Desde entonces, el apetito de los sectores más conservadores por limitar aún más los derechos de la mujer los llevó a nuevas iniciativas.
En 13 estados entró en vigencia la prohibición del aborto en virtud de leyes activadas (trigger laws) por la decisión judicial. Para algunos fue inmediato. Para otros, como los tres de esta semana – Texas, Idaho y Tennessee – , la ley disponía de 60 días para entrar en vigencia.
Siete estados ya tenía prohibiciones de aborto que no podían ser aplicadas hasta ahora. Cuatro aprobaron una enmienda a su constitución estatal expresando que ni garantiza ni protege el derecho al aborto ni permite el uso de fondos públicos para ello.
Pero en Kansas, una enmienda similar fracasó el 4 de agosto, con casi 60% de los votos en contra y una participación récord. El aborto sigue siendo legal allí para sorpresa y desaliento de los organizadores.
A pesar de la diferencia de 20 puntos, los activistas antiaborto demandaron un recuento de los votos; un millonario seguidor de Trump pagó los gastos. El recuento recién terminó y dejó el resultado intacto.
Estrategia: ataque continuo contra la mujer
Pero aunque pierdan, la estrategia de solicitar un recuento de los votos cada vez que no estén conformes con los resultados de las elecciones se ha convertido en común entre los republicanos. Es decir que el reclamo de «fraude» ni bien se cierren las urnas o se sepa la proyección del resultado elaborada por las cadenas de noticias, será automático, con el lamentable resultado de que los estadounidenses desconfían de los resultados de las elecciones, sean cuales fueren. Seguirán aplicando esa modalidad, cada vez más.
A esta altura, se está también aclarando cual es la próxima etapa para hacer absoluta la prohibición del aborto.
Se trata de avanzar leyes que otorgan a los fetos los mismos derechos y protecciones legales que cualquier persona, al conferirles la personalidad fetal.
No es sino un medio para que el aborto sea considerado un asesinato, estado por estado. En última instancia, el aborto sería directamente anticonstitucional. Quedarían descartadas las pocas excepciones para proteger a la mujer. La prohibición sería total.
Son leyes absurdas.
En Georgia, un feto, a las seis semanas de embarazo, ya califica para un crédito fiscal de 3,000 dólares, manutención infantil, censos de población y redistribución de distritos electorales.
Esta ha sido la máxima ambición del movimiento antiaborto.
Cumplir la máxima ambición
Una legislación federal por parte del Congreso cumpliría esa ambición, porque obligaría incluso a estados como Nueva York o California a hacer ilegal el aborto.
Precisamente, este mes, senadores republicanos presentaron una propuesta de ley, que llaman “Ley de apoyo a niños no nacidos”.
Esta propuesta podría pasar inicialmente si los republicanos se hacen del control del Senado o la Cámara Baja en las elecciones del 8 de noviembre. El presidente Biden podría vetarla. Igual sería un paso más hacia la propagación del concepto de que los fetos tienen los mismos derechos que, por ejemplo, la mujer que los porta.
Señalaría que si un republicano gana la presidencia en 2024, aprobará este hechizo de ley.
Sin embargo la mayoría del país apoya el derecho al aborto, como lo demuestra encuesta tras encuesta.
Oponerse a esta corriente es una campaña cuesta arriba, mas necesaria. Faltando pocos días para las elecciones, participar eligiendo candidatos que apoyen el derecho al aborto es la mejor opción. Y la protesta en defensa de los derechos de la mujer tiene que estar presente en todos los estados.
