La esperanza de una reforma migratoria continúa confundiendo a sus simpatizantes y oponentes. En el otoño de 2001 parecía que la reforma estaba en vías de pasar en el Congreso. Después vinieron los ataques del 11 de septiembre, que barrieron con casi toda la agencia legislativa nacional, cuando nuestros líderes y el país entero se apresuraron a confrontar una realidad nueva y sorprendente: nuestra vulnerabilidad a un ataque terrorista.
Después de casi una década, todavía no hemos logrado juntar las piezas de nuestra política y legislación migratoria. Los restriccionistas migratorios como la Federaction of Immigration Reform (FAIR) tratan de negar estatus legal para aquellos que hicieron de Estados Unidos su casa, sea porque se quedaron después de vencida su visa o porque entraron de manera indocumentada.
Más aún, FAIR quiere reducir la cuota anual de los que querrán inmigrar (legalmente) en el futuro. No les importa que si se reducen las cuotas, los miembros de muchas familias jamás se reunirán. Otros se oponen a una reforma hasta que “la frontera”, es decir la que nos separa con México, sea herméticamente cerrada. Dicen que si no se toma esa acción, tendremos nuevamente un problema de inmigración indocumentada. De hecho, eso es lo que efectivamente sucedió después de la amnistía de 1986.
La Constitución garantiza protección equitativa y un proceso jurídico debido para todos aquellos bajo su jurisdicción. La presencia física dentro de Estados Unidos garantiza a los indocumentados la protección por estos derechos.
El número de personas indocumentadas viviendo en Estados Unidos se estima entre 12 y 20 millones. Muchos de ellos carecen de números de Seguro Social o licencias de conducir. En consecuencia, cuando trabajan, les pagan en efectivo.
Esto significa que no pagan impuestos, ni contribuyen al Seguro Social, y que sus empleadores no pagan su contribución de este mismo impuesto. Muchos otros utilizan números del Seguro Social que le pertenecen a otras personas. En consecuencia, sus ganancias no se les acreditan proque sus nombres no corresponden a los números que utilizan.
Beneficio económico
Si se legalizara a los indocumentados, el crecimiento en la cantidad de personas trabajadoras beneficiaría definitivamente nuestra economía. En una situación en la que nuestra deuda nacional es de billones de dólares, los programas sociales están siendo amenazados, especialmente los planes de jubilación.
Desde ahora y al menos en los 10 años próximos, la mayor presión sobre los pagos de beneficios será ejercida sobre estos planes, a medida que millones de Baby Boomers (los nacidos en los primeros años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial) lleguen a edad de jubilación. Los pagos a los nuevos jubilados superarán, con mucho, las sumas cobradas a los actuales trabajadores.
El balance podría ser cubierto con la legalización de nuevos trabajadores, que harán posible la jubilación de aquellos que durante décadas hicieron sus pagos al sistema. Además, el Servicio de Ingresos Internos (IRS) o dirección impositiva recibirá miles de millones de dólares de los nuevos empleados legalizados
Otra mejora a la economía radica en las multas ya incluidas en todas las propuestas de reforma migratoria. Cada adulto deberá pagar, dependiendo de la moción debatida, entre mil y 2,000 dólares.
Otra idea de las leyes que se debatieron es cobrar impuestos atrasados. Es dinero que no se debería despreciar. No solamente hablamos de pagos futuros a la seguridad social, sino también de un flujo inmediato de efectivo en las arcas del erario en concepto de penalidades y otros pagos.
Beneficios de seguridad nacional
Parte del proceso migratorio consta en una revisación médica y un análisis del pasado de cada inmigrante. El primero, el postulante lo paga directamente a un médico estadounidense para identificar la posibilidad de transmisión de enfermedades tales como la tuberculosis, el VIH o sida o una condición mental o física que prevenga que el inmigrante perciba ingresos de su trabajo o impida que se convierta en un peso para la sociedad. El análisis está a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y asegura que nadie con prontuario criminal o pasado terrorista pueda entrar al país.
Esto significa que una vez procesados y legalizados los 12 a 20 millones de indocumentados, la cantidad de aquellos que viven aquí y que quieren hacernos daño se reducirá significativamente, lo que permitirá a las agencias de la ley enfocarse en aquellos que se resistieron a presentar sus datos e identificarlos.
La American Immigration Lawyers Association (AILA) informó que el Council for Foreign Relations, un grupo de peritos (think-tank) sobre política exterior de alto prestigio, declaró que la inmigración es cuestión de seguridad nacional.
Humanitaria y justa
Somos una nación de leyes, guidadas por la Constitución. La Constitución garantiza protección equitativa y un proceso jurídico debido para todos aquellos bajo su jurisdicción. La presencia física dentro de Estados Unidos garantiza a los indocumentados la protección por estos derechos.
Además de la Constitución, la ley de inmigración garantiza a todos aquellos que se encuentran en Estados Unidos por 90 días o más el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración antes de ser removidos o deportados. Hasta hace poco había 20 jueces de inmigración en Los Angeles, con entre 1,500 y 2,000 casos pendientes cada uno. Aquellos con derecho a una audiencia esperan entre uno y dos años.
En muchos casos cuando llega el día de su comparecencia en corte, algo pasa y ésta debe ser postpuesta una vez más por un año o más.
El gobierno asignó al Tribunal de Inmigración de Los Angeles 10 jueces adicionales, lo que llevará eventualmente su número a 30, reduciendo el tiempo de espera en un 33% aproximadamente. Ahora imagínese qué sucedería si entre 12 y 20 millones de personas más se agregaran a la agenda judicial. No solamente sería una pesadilla administrativa, sino que el costo de las audiencias y las deportaciones sería enorme, algo que no podemos permitirnos en estos tiempos de crisis económica.
¿Qué hacemos con los niños?
Además está el aspecto humanitario. ¿Qué hacemos con los niños que nacieron en Estados Unidos, hijos de indocumentados pero ciudadanos estadounidenses? Aquí crecieron y ésta es su cultura; muchos hablan sólo pocas palabras en español u otro idioma de origen y no pueden ni leerlo ni escribirlo.
Enviarlos a un país del Tercer Mundo significa condenarlos a una vida precaria y azarosa.
Tenemos la obligación moral de proteger a los niños que son ciudadanos de Estados Unidos. La mejor manera de cumplir con ello es permitir que sus padres se conviertan en residentes legales y al mismo tiempo cobrar los beneficios de su trabajo, sus contribuciones al Seguro Social, a impuestos de réditos, y las multas y aranceles de legalización. Todo será en beneficio de la seguridad, la economía, y la sociedad de este pais.
