En 2008 Barack Obama, entonces candidato presidencial, prometió que si llegaba a la presidencia traería la reforma migratoria que legalizaría a los indocumentados y les diera la esperanza de adquirir un día la ciudadanía estadounidense.
Promesas y votos
Y el 67% de la comunidad latina votó por él ese año, y 71% en 2012.
Sabemos el desenlace. Obama prefirió apostar por la reforma de salud – hoy llamada Obamacare – y dejó de lado su promesa.
Quien firma estas líneas era a la sazón editor del Huffington Post en español. Entrevistando a Obama le pregunté por esa promesa. Le recordé que lo llamábamos el Deportador en Jefe, por sus intentos infructuosos de generar apoyo entre los republicanos deportando inmigrantes.
«Las estadísticas son en realidad un poco engañosas, porque lo que hemos estado haciendo es con el control fronterizo más estricto», me dijo Obama. «Hemos estado deteniendo a las personas en las fronteras y enviándolas de regreso. Eso se cuenta como una deportación, aunque solo hayan estado retenidos durante un día o 48 horas, y luego devueltos, eso se cuenta como una deportación».
Doce años después, quien fuera su compañero de fórmula, Joe Biden, hizo repetidamente las mismas promesas.
Recibió el 65% del voto hispano.
Ahora le toca a Biden cumplir. ¿Lo hará?
El camino a la ciudadanía
Ante el Congreso se halla un paquete de infraestructura de hasta 3.5 billones (trillions en inglés) de dólares, que sería aprobado exclusivamente con votos demócratas, por lo que no requiere concesiones a los republicanos.
Los posibles cambios se podrían deber a objeciones de la asesora legal parlamentaria. Es ella quien decide si una propuesta de ley cumple o no los requisitos. O bien, a la falta de apoyo entre los miembros de la bancada.
Se trata de un gigantesco presupuesto. En una arrojada maniobra parlamentaria y ante el nulo apoyo republicano, los demócratas debatirlo mediante la reconciliación parlamentaria. Esperan tener el apoyo de cada uno de los 50 senadores de la bancada además de su mayoría – exigua – en la Cámara Baja.
Y sobre el tapete ahora se halla la cuestión de incluir en ese paquete disposiciones sobre inmigración que significarán el “camino a la ciudadanía” de 5 a 7 millones de indocumentados.
Aunque inicialmente parecía que esa inclusión contaba con el apoyo irrestricto de la Casa Blanca y el liderazgo demócrata, ello no parece tan claro ahora.
Al parecer, el Presidente y sus aliados en ambas cámaras consideraban retirar el proyecto migratorio, para asegurar el apoyo a todo el paquete de representantes o senadores de estados opuestos a la inmigración.
Para presionar al presidente y a los líderes demócratas del Congreso, 84 alcaldes de 28 estados pidieron ayer la inclusión de la reforma migratoria parcial.
Entre las ciudades representadas están Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Houston.
Debe cumplir su promesa
Los incluidos potenciales de la legislación migratoria serían los Dreamers, así como los beneficiarios bajo la designación de TPS (Estatus de Protección Temporal), los trabajadores esenciales que se sacrificaron y mantuvieron la economía en marcha durante los peores meses de la pandemia y miles de trabajadores del campo.
La importancia de incluir la reforma migratoria parcial en el paquete de infraestructura es más urgente después de que un juez federal declaró al plan DACA ilegal, la semana pasada.
Como se sabe, DACA difiere acciones punitivas contra indocumentados llegados en la infancia, que son estadounidenses en todo menos los papeles, y les permite trabajar y estudiar. Con su decisión, el juez puso en el tapete el estatus de 700,000 “soñadores” y bloqueó el registro legal de otros 50,000.
El Presidente debe insistir en la permanencia de la parte migratoria en el paquete de infraestructura. Esperamos entonces que la historia de Obama no se repita y que Biden cumpla sus promesas a la comunidad latina.
