A estas horas, el último de los estudiantes de los diez campos universitarios de UC –la Universidad de California, una universidad pública — abandonó los edificios tomados, dejó atrás las pancartas y piensa cómo hará para hacer frente a posibles cargos criminales por vandalismo o sanciones disciplinarias de su propia institución.
El estallido de protesta contra el aumento del costo de estudios quizás se diluya, o quizás sea la semilla de nuevos grupos, nuevas organizaciones y deseos de cambio. Por el momento, sólo los miles que se congregaron en Los Angeles, Berkeley, Santa Cruz y otras sedes de las que albergan a 200,000 estudiantes, algunos medios de comunicación y un par de sindicatos trabajan contra la decisión.
Y sin embargo, haber subido en 32% la colegiatura es indignante. Y más que el 15% de ello ocurrirá durante el año lectivo, cuando los estudiantes ni pueden cambiar de universidad, como escribe Jelger Kalmijn.
Indigna, primero, porque pone el total, el costo de un año de estudios en casi 30.000 dólares. Subió 300% en menos de 10 años.
Segundo, porque para quien ya no lo recuerde, se trata de una escuela pública, cuyo objeto es hacer accesible la educación a toda la población.
Y tercero, indigna porque confirma la dirección estratégica en la que la educación de California –y en unos años, la de todo Estados Unidos– se dirige: así como se manejó al gobierno federal abiertamente como una corporación, se quiere manejar a las universidades como corporaciones, rompiendo un caracter que se había forjado a lo largo de más de mil años, enfocado en la profundización del saber por el saber, la transmisión del conocimiento especializado a cuanto más personas…
En este caso, se hace mediante el bloqueo del acceso de la clase media baja y la clase baja a esta prestigiosa universidad, la destrucción paulatina de los estudios de bachillerato y el énfasis total en asociaciones con empresas privadas para proyectos lucrativos de investigación y desarrollo.
Hay quien culpa de todo al gobernador republicano Arnold Schwarzenegger, quien prefirió para reducir un déficit presupuestal atacar la educación superior. Otros acusan a la Legislatura -donde hay una mayoría demócrata. Otros, como los estudiantes del inicio, responsabilizan al presidente Mark Yudof, y otros finalmente a la junta de directores (Regents) del sistema UC.
Según la Constitución de California la Universidad está gobernada por la junta, cuyos miembros se reúnen cada dos meses durante dos días.
Entonces, suponiendo que los directores tienen clara su función, ¿cómo es posible que aceptaran una resolución casi suicida?
Para comprenderlo, he aqui datos (mayormente del propio sitio de internet de la junta) sobre algunos de los miembros de la junta. Ver quiénes son da parte de la respuesta.
Son 26 miembros: 18 nombrados por 12 años por el gobernador; uno más es un estudiante, que participa durante un año. Siete son miembros en virtud de sus posiciones: el gobernador y su vice; la presidenta de la Asamblea, el superintendente de Instrucción pública, el presidente y vicepresidente de la asociación de ex alumnos y el presidente del sistema.
¿Y los profesores? Ah, por supuesto, que no se diga que no están representados… Están allí el presidente y vice del concejo académico. Solamente que los docentes no tienen derecho al voto. Son solamente “observadores”.
Los «Regents» no perciben salario por su trabajo, sino que se les reembolsa los gastos; miembros de juntas de directores de grandes corporaciones perciben alrededor de 200,000 dólares por año por la molestia.
No que éstos necesiten precisamente ese dinero para enviar a sus hijos a la escuela, como miles de padres a quienes ya no les alcanza. Ni siquiera si se trata de UC. Veamos por qué.
Miembros de la Junta
Por ejemplo, William De La Peña, M.D. es un oftalmólogo cuyo nombre adorna clínicas de su propiedad en Montebello, Huntington Park, Van Nuys, Santa Ana y Los Angeles, siempre en zonas predominantemente latinas. Nada malo en ello.
Richard C. Blum, un banquero y un pionero en estrategias de inversión. Es el esposo de la senadora demócrata Dianne Feinstein.
Es dueño de Blum Capital Partners, vicepresidente de Newbridge Capital, presidente de CB Richard Ellis y miembro de las juntas de directores de Playtex Products, Glenborough Realty Trust. Sus negocios en China y sus contratos con el gobierno a través de las empresas Perini y URS –de la que se retiró a fines de 2005– fueron objeto de investigación sobre posible conflicto de intereses por parte de su esposa que beneficiaría los negocios.
Sus inversiones abarcan Irak, Afganistán y sus asociados son parte del grupo neoconservador que estuvo en el poder hasta enero.
Miembro de la junta desde 2002, en 2005 fue contratado por la misma junta de Regentes para asesorar en un proyecto de construcción por 200 millones de dólares en UC Berkeley, por lo que hasta ahora se ha pagado 1.7 millones de dólares a su empresa.
Potenciales conflictos de intereses se denunciaron respecto a obras de mantenimiento y construcción en UC San Diego y en el laboratorio atómico nacional en Los Alamos, administrado por UC. En 2005 el asesor jurídico de UC dictaminó que tal conflicto de intereses no existía, pese a la protesta de decenas de estudiantes. Dos años atrás otorgó un regalo de 15 millones de dólares a la universidad.
Russell Gould es vicepresidente senior del banco Wachovia y encargado de sus servicios de inversión. Entre 1993 y 1996 encabezó el Departamento de Finanzas del estado de California.
Norman J. Pattiz es el fundador (en 1976) y presidente de Westwood One, el mayor proveedor de programas de radio en Estados Unidos, que envía 150 programas a 7,000 estaciones de radio.
George Kieffer es socio y miembro principal del bufete de abogados nacional Manatt, Phelps & Phillips.
Sherry L. Lansing dirige la Fundación… Sherry Lansing. Ex actriz, fue presidenta y CEO del Paramount Pictures’ Motion Picture Group y como directora de 20th Century Fox la primer mujer productora de cine. Citada como una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos. Participa además en las juntas de directores de la Cruz Roja, el Centro Carter, DonorsChoose, Qualcomm, Teach for America, la Fundación Lasker y otros.
Hadi Makarechian es presidente de Makar Properties y de Banning Lewis Ranch Management. Fue presidente de Capital Holdings y de Shamron Corporation.
George M. Marcus es fundador y presidente de la financiera Marcus & Millichap, especializada en bienes raíces, y presidente de Essex Property Trust.
Bonnie Reiss es asesora operativa de Pegasus Capital.
Frederick Ruiz es el dueño de Ruiz Foods, una cadena de empaquetamiento y distribución de comida mexicana en los barrios latinos. Es miembro de las juntas de directores de McClatchy, Gottschalks y Valley CAN.
Leslie Tang Schilling es fundadora y presidenta de LTDD y Golden Bay Investments, donde administra un portafolio global de 150 millones de dólares; posee Union Square Investments una empresa de bienes raíces en San Francisco.
Bruce D. Varner es socio de la firma de abogados Varner & Brandt
Paul Wachter es fundador, presidente y CEO de Main Street Advisors.
Eddie Island fue vicepresidente de McDonnell-Douglas y vice asesor legal de Pacific Enterprises Corporation.
Tres miembros adicionales, Odessa Johnson, Monica Lozano y Joanne Kozberg, vienen de la educación, el activismo comunitario o los medios, y no de las finanzas y grandes corporaciones.
Esta larguísima presentación solamente quería ayudar a quitarse la idea de que por ser UC una institución pública, influyen en su administración grandes pensadores, profesores eméritos, premios Nobel de la ciencia, líderes comunitarios o representantes del personal no académico.
Todo lo contrario, y las excepciones positivas mencionadas confirman la regla. Quizás ni sea nuevo esto (aquí está la lista completa de directores del pasado).
Cuando el gobierno de una institución como ésta se encuentra en manos de banqueros y financistas, ¿por qué nos sorprendemos de que actúen como tales?
