De todos los cambios acaecidos en nuestro sistema de gobierno desde que Donald Trump inició su segundo término presidencial el 20 de enero, uno de los más importantes y sin embargo menos comentado, es la desaparición del Congreso como uno de los tres poderes.
Nuestra Constitución es famosa por su afán de balancear las atribuciones del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la manifiesta y principal determinación de prevenir el surgimiento de un dictador, monarca o gobierno autoritario.
Sin embargo, en última instancia en las leyes es el Congreso el más poderoso.
Es el que redacta, presenta, debate y aprueba leyes. Si bien un Presidente puede vetarlas y una Suprema Corte declararlas inconstitucionales, una mayoría parlamentaria adecuada puede rechazar esas acciones.
La Cámara de Representantes puede votar por un juicio político del Presidente y el Senado al juzgarlo puede derrocar al mandatario. Pero contrariamente a otros países, el presidente de Estados Unidos no tiene la facultad de disolver el Congreso.
Hoy parecería que el Congreso actual, en el que ambas cámaras están en poder de los republicanos, desconoce todo esto. Si sigue por esta senda, el 119.º Congreso de nuestra historia terminará siendo el menos productivo.
En sus primeros 100 días de gobierno, Trump firmó solo cinco proyectos de ley, menos que cualquier otro presidente en la era moderna. Algo que ni siquiera podría explicarse en una situación normal, es inadmisible en la situación actual de conflictos constitucionales.
De estas cinco leyes, una, la “S5, Laken Riley Act”, exige “al Secretario de Seguridad Nacional que detenga a extranjeros que hayan sido acusados de robo y por otros motivos”. Esto incluye a quienes no fueron hallados culpables o ni siquiera juzgados. Es una ley que amplía el caudal de candidatos a deportación inmediata y sin el debido proceso.
Otra, la Ley Pública 119-4, es solo una prórroga del ejercicio fiscal, que posterga la necesidad de toma de decisiones económicas.
Y las otras tres son meras correcciones administrativas o desaprobaciones de distintas normas menores.
Nada más.
Cuando el país más lo necesita, el Congreso no ha hecho nada. Sus escasas deliberaciones se concentran en cumplir fielmente las prioridades y demandas de Trump, básicamente el recorte de impuestos a los más ricos y un presupuesto de recortes de servicios sociales.
Por carecer de poder, los congresistas hoy reemplazan el trabajo parlamentario con apariciones televisivas, entrevistas con declaraciones explosivas, actos de recaudación de fondos para su reelección, mítines y publicaciones en los medios sociales. Esto incluye a republicanos y demócratas.
Dentro del partido Republicano, el servilismo extremo reemplazó la capacidad de crítica, especialmente en el Presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson.
Es este servilismo y esta debilidad lo que ha permitido a Trump usurpar poderes tradicionalmente otorgados al poder legislativo y gobernar por decreto.
Así, Trump ha impuesto tarifas y aranceles, cuando solo el Congreso puede hacerlo. Ha cerrado agencias y programas federales creados por el Congreso. Se niega a gastar fondos autorizados por el Congreso.
Frente a eso, el Congreso se niega a ejercer su poder de vigilancia de las acciones ejecutivas; obedeciendo órdenes de Trump, el Comité de Asuntos Judiciales aprobó una medida que facilitará a la administración ignorar las órdenes judiciales en su contra y que, para colmo, se aplicaría retroactivamente y a los litigios en curso.
En estas circunstancias, son los ciudadanos de a pie quienes deben reaccionar y demandar de sus congresistas de ambos partidos acción, para hacerlos merecedores de la responsabilidad que recae en ellos y balancear aunque sea parcialmente la carrera de Trump hacia un gobierno autocrático con la suma del poder.
