La Suprema Corte de Justicia ante tres decisiones cruciales: con Trump o contra Trump

Tres importantes casos están esta semana en el expediente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos o a punto de ser sometidos a su jurisdicción. El curso de nuestra democracia depende en gran medida de las decisiones que tome en estos casos el máximo tribunal de la nación. 

Los tres casos son: la demanda de la gobernadora del banco de la Reserva Federal Lisa Cook a su despido por Trump con la excusa de que mintió en una aplicación hipotecaria, algo que ella niega y de lo cual no ha sido siquiera acusada oficialmente. El banco federal es por ley independiente y si le permitieran a Trump hacer de la Junta de la Reserva Federal un instrumento obediente a sus mañas esto dañará profundamente la confianza depositada en las decisiones de esta última y la pérdida de la autoridad estadounidense en materia fiscal internacional.

Luego, la interposición del gobierno al dictamen (7 contra 4) de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, que declaró ilegales gran parte de los aranceles decretados por Trump y de los que depende su plan económico. Aquí está en juego la pretensión de Trump de ignorar al Congreso. «En ausencia de una delegación válida del Congreso”, dijeron los jueces, “el Presidente no tiene autoridad para imponer impuestos». Si la Suprema Corte siguiera la tesitura de aprobar activamente o por omisión los aranceles, subirán los precios al consumidor en todos los ámbitos de importación, y Estados Unidos perderá su lugar de preponderancia en el comercio mundial. Ya hemos visto cómo se está forjando una alianza comercial entre China y la India, hasta ahora dos amargos rivales, y Rusia. 

Finalmente, la decisión de Trump de retener miles de millones de dólares en ayuda externa que había sido aprobada por el Congreso. De por sí, el derrumbe de las instituciones de ayuda en países víctimas de la pobreza y las enfermedades ha causado centenares de miles de víctimas y la pérdida de la buena voluntad que la población mundial sentía hacia lo estadounidense. 

Los tres casos deberán resolverse en las próximas semanas. 

Si obraran con el bien del país como norte, los jueces supremos podrían establecer límites al poder que el presidente Trump trata de usurpar del Congreso y detener o al menos suspender la caída de nuestra democracia. O bien pueden darle carta blanca al mandatario para seguir expandiendo sus poderes e imponiendo sus caprichos del momento. 

Que es lo que han hecho con más frecuencia en los últimos meses. En mala situación estamos si confiamos en los precedentes más recientes. 

Por ejemplo, en junio limitaron la autoridad de los tribunales de apelación de emitir decisiones de alcance nacional para detener decretos presidenciales, ordenando que en cambio incluyan solamente a quienes activamente demandaron. En una decisión aparte, pero simultánea, permitieron que siguiera en pie la prohibición decretada por Trump de extender ciudadanía automática a nacidos aquí de padres no ciudadanos, algo que garantiza la Enmienda XIV de la Constitución. 

En agosto la Corte permitió a Trump recortar subvenciones del Instituto  Nacional de Salud para el estudio de enfermedades en comunidades minoritarias, gays y transgénero. Ante la inacción judicial, más recortes sobrevinieron. 

De 18 expedientes de emergencia, el tribunal superior favoreció al Presidente 14 veces. Todas esas victorias fueron en decisiones relámpago en las que la mayoría no proporcionó razonamientos ni estableció un calendario para una decisión final. O sea, con cero de transparencia. Es una desviación significativa de las prácticas tradicionales de la Corte Suprema. Parecería que al menos cuatro de los jueces se consideran parte del cambio profundo que se opera en la estructura del país y que tiene a Trump como protagonista. 

 Quien haya abrigado esperanzas de que el poder Judicial serviría de escollo impasable en la deriva del país hacia un régimen autoritario vio cómo mientras las instancias judiciales inferiores protegían la Constitución y las leyes, una y otra vez la Suprema Corte permitió los abusos de poder que caracterizan a este gobierno.

Pero con estos tres casos, surge una de las últimas oportunidades que le quedan al presidente de la Corte John Roberts de ejercer toda su influencia para detener los ataques contra la Constitución y devolver una semblanza de normalidad al proceso de toma de decisiones en nuestro país. Quizás lo convenza el hecho de que de sus decisiones depende la imagen de este tribunal y cómo la historia tratará la «Corte de Roberts». Lo mínimo que se espera de la Corte Suprema es que cumpla las leyes, proteja la Constitución y respete los antecedentes.