Al igual que la población adulta, los niños y niñas tienen el derecho humano universal de solicitar y recibir asilo en caso de persecución. Con frecuencia, se persigue a los niños y niñas migrantes no acompañados precisamente por ser menores de edad, y ser más vulnerables a las violaciones de derechos humanos que las personas adultas. Los posibles daños a los que se enfrentan en cada país y a cada paso del trayecto migratorio, se ven agravados por el hecho de que, habitualmente, se les niegue acceso a asilo y a otros sistemas de protección.
Entre 2018 y 2021, los gobiernos de México y Estados Unidos han devuelto a sus países de origen a niños y niñas migrantes no acompañados, sin haber evaluado antes, de manera adecuada, los irreparables daños que pueden sufrir allí. No obstante, antes incluso de esa fecha, los menores migrantes no acompañados no tenían en todo momento acceso a procedimientos de asilo ni dentro de México ni en la frontera de Estados Unidos con México, situación que persiste hoy en día.
Desde enero de 2021, bajo el gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, decenas de miles de niños y niñas migrantes no acompañados procedentes de Centroamérica y México han entrado de manera irregular en Estados Unidos, cruzando la frontera mexicana. La mayoría de ellos buscan refugiarse de la violencia que sufren y de otras crisis de derechos humanos que tienen lugar en sus países de origen. Una de cada tres personas migrantes y solicitantes de asilo de México y Centroamérica es menor de edad, y de éstas, la mitad llega sin compañía de familiares ni de otras personas adultas. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en más del 80% de los casos, estos niños y niñas esperan reunirse con familiares que residen ya en el país.
Tras haber huido de una inseguridad que pone en peligro su propia vida, estos niños y niñas no acompañados se enfrentan a las expulsiones ilegales y devoluciones practicadas sistemáticamente por las autoridades estadounidenses y mexicanas, que las devuelven a los mismos países en los que muchos de ellos se enfrentan a amenazas de muerte o a otros daños irreparables. De conformidad con su propia legislación nacional y con el derecho internacional, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tienen la obligación de identificar el interés superior del menor a su llegada, y de actuar en favor de él. Sin embargo, a menudo se abstienen de analizar de manera adecuada los daños que el menor o la menor de edad puede sufrir al regresar a su país de origen y, en algunos casos, lo obligan a volver al peligro.
Entre 2018 y 2020, Amnistía Internacional entrevistó a decenas de niños y niñas no acompañados, procedentes de Centroamérica y México, que se encontraban en refugios a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Tras haber llegado con sus propios sueños y esperanzas —en la mayoría de los casos, reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos—, cada uno de ellos contó su perturbadora historia, en la que se negaba una y otra vez su derecho a solicitar asilo en los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México. Este derecho era negado tanto por las autoridades estadounidenses como por las mexicanas. Así, los niños y niñas en cuestión describieron cómo habían sido rechazados por las autoridades estadounidenses de fronteras, interceptados por funcionarios de inmigración mexicanos, amenazados con ser devueltos al peligro de sus países de origen si intentaban cruzar la frontera, e incluso insultados o físicamente agredidos por las autoridades.
En abril de 2019, una muchacha hondureña de 15 años explicó a Amnistía Internacional que —para evitar ser detectada por las autoridades mexicanas— durante dos semanas había dormido en las calles de Ciudad Juárez, hasta que pudo cruzar sin peligro el río hasta El Paso para intentar reunirse con su hermano en Estados Unidos. Huía de las amenazas de muerte de una pandilla que ya había matado a su prima, pero sabía que, como menor de edad, no podía solicitar asilo en la aduana oficial (“puerto de entrada”), y que, de ser interceptada, lo más probable sería que la devolvieran a los mismos peligros de los que acababa de escapar:
“No sabía por dónde empezar, y en el puente había muchas autoridades federales mexicanas, que amenazaban con devolverme a Honduras. […] Llegué mojada, atravesando el río por debajo del puente.”
– Maria*
En marzo de 2020, un muchacho hondureño de 16 años relató a Amnistía Internacional cómo había huido también de las amenazas de muerte de una pandilla, tras haberse negado a vender drogas para ella. A su llegada a Tijuana, intentó solicitar asilo en el puerto de entrada para reunirse con su hermano mayor en California. Las autoridades estadounidenses de fronteras lo rechazaron de inmediato.
“Dijeron que no me iban a conceder asilo de ninguna manera. Fue muy rápido. […] Un agente de policía, de seguridad privada, me dijo que o me iba o llamaba al INM para que me deportara. […] Estuve aquí una semana, y luego, cuando salté la valla, me atraparon.” – Eduardo*
Tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas han violado su obligación —derivada de sus propias legislaciones y del derecho internacional— de proteger los derechos humanos de los niños y niñas solicitantes de asilo. Han violado sus derechos, en primer lugar, al negarles acceso a procedimientos de asilo y expulsarlos ilegalmente en la frontera; y en segundo término, al devolverlos de manera sumaria a sus países de origen, sin haber evaluado de manera adecuada los posibles daños a los que los exponían. En algunos casos de menores de edad solicitantes de asilo, es probable que, al hacerlo, los hayan devuelto a situaciones de malos tratos (refoulement).
Conscientes de algunas de sus carencias, los gobiernos estadounidense y mexicano han adoptado, a lo largo de los últimos meses, medidas positivas para proteger mejor a los niños y niñas migrantes no acompañados. Sin embargo, no han hecho lo suficiente para garantizar que no sean devueltos al peligro, y las violaciones descritas continúan produciéndose a diario. Ambos gobiernos tienen capacidad y recursos para detener sus abusos, mejorar las salvaguardias de derechos humanos en sus políticas y prácticas y dejar de devolver a los menores migrantes a situaciones de peligro.
En algunas localidades, las autoridades de fronteras e inmigración de México y Estados Unidos han colaborado con distintos socios internacionales, según el caso, para facilitar la reunificación de niños y niñas centroamericanos y mexicanos no acompañados con sus familiares residentes en Estados Unidos. Esas iniciativas, aplicadas de forma limitada, han dado buenos resultados, por lo que deben recibir financiación adecuada para poder ampliarlas y someterlas a supervisión transparente en toda la frontera de Estados Unidos con México. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, señaló en 2021 que, aproximadamente, el 80% de los menores migrantes no acompañados aprehendidos por su departamento a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México pretendían reunirse con familiares residentes en Estados Unidos, que los patrocinaban.
Negar a menores migrantes no acompañados sus derechos a solicitar asilo y a la unidad familiar es inadmisible, ya procedan éstos de Centroamérica o de México. La violación sistemática de esos derechos por Estados Unidos y México debe cesar de inmediato.
Este artículo es parte del reporte de Amnistía Internacional México, Empujados al Peligro.
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