Uno de los peligros claros y presentes para nuestro modo de vida democrático es la reciente proliferación de leyes estatales que anulan la autonomía de las ciudades de legislar.
Leyes antidemocráticas
Hasta hace un par de años, esta tendencia se enfocaba en jurisdicción en zonificación, salud pública, control de alquileres, seguridad pública y respuesta a desastres. Ahora, incluye también temas de elecciones, protección a los trabajadores en salud y en ingresos mínimos, tenencia de armas, defensa de la comunidad LGBT, el medio ambiente y el derecho de la mujer a su cuerpo. Otras restricciones hacen pagar a las ciudades los costos de litigios cada vez que las corporaciones no acepten esas políticas locales.
Uno de los estados más restrictivos y controladores es Texas. El gobernador Greg Abbott está por firmar una nueva ley que despoja a los funcionarios electos de ciertas municipalidades de sus poderes. La ley, HB 2027 anulará toda ordenanza municipal que contradiga la política estatal existente, incluyendo por ejemplo la obligatoriedad de los empleadores de otorgar descansos de hidratación para trabajadores al aire libre. Permitirá a quien esté en desacuerdo con leyes municipales demandarlas en corte.
Sus defensores alegan que se trata de unificar criterios. Según analistas, solamente influirá allí donde las leyes municipales no concuerdan con las estatales, que es en centros urbanos demócratas.
Otra ley texana prohibe a las ciudades recortar sus propios presupuestos policiales, uniéndose a Missouri, Georgia y Florida. En Georgia, la ley SB 92 crea una comisión que revisará las decisiones de los fiscales locales con capacidad de anularlas y castigarlos, incluyendo la destitución del cargo. El fiscal local para quien inventaron esta regulación es quien está investigando a Trump por fraude electoral. De esa manera lo castigan y lo limitan, lo intimidan e intimidan a quien se atreva a seguir sus pasos en el futuro.
En Florida la AB 1515 permite a las corporaciones demandar a condados y ciudades por políticas “irrazonables” capaces de disminuir su lucro. En Texas la SB 13 prohibiría materiales de biblioteca «dañinos» en las escuelas locales y establecería un consejo asesor de la biblioteca escolar local con membresía obligatoria en representación del clero y comunidades empresariales que podrían supervisar ila mplementación de estas políticas
Derechos de la gente distinta
En Tennessee, la HB 90 ya prohíbe a los gobiernos locales proporcionar a sus empleados seguro que cubra el aborto, o que cree fuentes de financiamiento para que las personas viajen a otro estado para obtener un aborto legal. O sea que no se circunscribe a las prohibiciones dentro de las fronteras propias sino que se inmiscuye en lo que pasa en estados vecinos. No es casualidad, sino una tendencia histórica. En Carolina del Norte, la SB 553 prohíbe a los municipios aprobar ordenanzas para proteger a los inquilinos de los propietarios que se nieguen a aceptar vales de vivienda federales.
En temas recientes como restricción de los derechos de la gente trans, se ha hecho en todos los estados del Sur confederado histórico y en Arizona, Utah, Idaho y Montana. En varios estados las legislaturas ordenaron a las juntas escolares locales limitar a casi cero la discusión en clase sobre la esclavitud y los derechos civiles.
Y con el objetivo de prevenir que los votantes lleven a enmiendas constitucionales adicionales que protejan el derecho al aborto, como en Kentucky y Montana en 2022, otras hacen mucho más difícil el proceso del referendo local y estatal.
Existen al menos 650 propuestas de leyes en ese sentido en el último año. En el 95% de los casos, se trata de legislaturas en poder de los republicanos que limitan los derechos de las municipalidades controladas por demócratas. Asimismo, estas restricciones tienen lugar en poblaciones con un alto porcentaje de afroamericanos y latinos.
Los conservadores perdidos
Se basan en el hecho que la autoridad estatal está por lo general -pero no siempre- por encima de la municipal, de la misma manera que las leyes federales preceden a las estatales.
Esta es una continuación de los ataques contra los derechos a votar de la población que pulularon en estados republicanos después de las elecciones de 2020 a instancias del perdedor Donald Trump.
Esta ofensiva antidemocrática se une a los esfuerzos de redistribución de distritos electorales que han venido minimizando los curules disponibles para minorías, para que quien está en el poder asegure su continuación indistintamente de si son mayoría, algo que hacen tanto legislaturas republicanas como demócratas.
Hasta no hace mucho, los conservadores solían defender ideas como la autonomía local, y buscaban formas de debilitar el control centralizado. Ahora, ya no tienen esa excusa para pretender que les importa la democracia. Ahora se trata solo de acumular poder a toda costa.
