En una orden ejecutiva publicada el 27 de enero, una semana después de asumir la presidencia, Joe Biden detalló las múltiples maneras en que su administración atacaría la crisis climática.
Entre otras múltiples disposiciones la orden creó una herramienta de coordinación entre las distintas partes del gobierno federal, los estados y los gobiernos locales, llamada Iniciativa Justicia40. Su compromiso: que de todas las inversiones federales en el tema climático, al menos el 40% será dedicado a favorecer a comunidades de bajos ingresos y de color, posibilitando de esa manera acercarse al logro de justicia racial, económica, cuestiones de salud derivadas de la crisis climática.
Se entiende comunidades de color como los afroamericanos, nativoamericanos, latinos, asiáticos, oriundos del Medio Oriente, inmigrantes y otras poblaciones con origen fuera de Europa.
Definir e identificar a las comunidades desfavorecidas será crucial. Los organizadores proponen parámetros tales como exposición a la contaminación, proximidad a fuentes de contaminación, vulnerabilidades de salud y desventaja socioeconómica como guías para decidir en dónde se concentrarán sus esfuerzos.
Creemos que es importante que estas comunidades tengan una voz en la definición y administración de los proyectos, para, por ejemplo, hacer que aquellas más impactadas por la contaminación ambiental impulsen la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la polución del aire a nivel local.
De esta manera Joe Biden se propone cumplir su doble promesa electoral de mejorar económicamente a las comunidades pobres y simultáneamente promover la justicia ambiental.
Recientemente, los coordinadores de Justice40 dieron a conocer una guía provisional, un estudio, que “ayudará a las agencias federales a cumplir con la iniciativa”.
A partir de este instrumento es como podremos – los medios, los observadores – evaluar el progreso de la iniciativa Justicia40 y cerciorarnos de que se ajusta a su objetivo inicial.
La labor, catalizada por las crecientes necesidades de las comunidades, es aún más urgente tomando en cuenta que ya estamos sintiendo los primeros elementos de la catástrofe climática.
De hecho, ya se están dando en mayor o menor medida los fenómenos de los que nos advirtieron los científicos veinte años atrás y que creíamos tener todavía un siglo para evitarlos, como temperaturas más altas, cambios en los patrones de las lluvias, más sequías, aumento del nivel del mar, y la contracción del hielo polar. Y huracanes salvajes como los más recientes en la costa Este.
Los autores de la guía – el UCLA Luskin Center for Innovation – proponen una serie de proyectos individuales de gran, mediana y pequeña envergadura, con ejemplos de al menos seis proyectos y organizaciones que estarían bajo la responsabilidad de la iniciativa. Los proyectos atacarán de manera directa la aguda problemática en las comunidades marginadas, dentro del contexto del esfuerzo por una rápida descarbonización.
En el documento los autores definen cinco principales objetivos generales, así como quiénes serán los responsables de lograrlos y cómo establecer para todo el gobierno federal los principios que los guiarán en la toma de decisiones.
Estos son: establecer un marco de Justicia40 con objetivos claros; identificar para quién y dónde orientar las inversiones; detallar pautas de financiamiento, requisitos y mecanismos de rendición de cuentas; actualizar y diseñar programas para cumplir con las metas de Justicia40 y las pautas de financiamiento y finalmente, financiar equitativamente, tarea que estará bajo la responsabilidad del Congreso.
A su vez, los estados tienen que cumplir con una serie de requisitos para recibir el incentivo federal, por medio de leyes específicas, que cumplan con los objetivos de Justicia40 o con objetivos similares que haya legislado independientemente.
“Los estados y las comunidades de todo el país tienen una gran oportunidad”, dice el documento, “pero deben prepararse para poder recibir inversiones federales de Justice40. Esta requerirá una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, junto con las voces de la comunidad, para garantizar que tanto la justicia ambiental como las oportunidades económicas equitativas se desarrollen”.
California se encuentra un paso adelante respecto al resto del país al haber comenzado a implementar los principios que guían este plan; esperemos que la actividad se extienda pronto a toda la nación.
En suma, se trata de un esfuerzo loable, con un enorme potencial y posiblemente de gran envergadura. Depende de los fondos y las prioridades que en última instancia les conferirá la administración y el Congreso. Pero ya nos encontramos en la crisis climática, y la administración tiene una oportunidad de cumplir con su promesa para asegurar que el 40% de las inversiones climáticas federales beneficien a comunidades de escasos recursos.
