Hay que decirlo claramente, están robando los votos de la ciudadanía, minimizándolos, usando una miríada de tretas, estratagemas y ocurrencias para que la gente no vote o si vote, que no se cuente su voto, especialmente si es de minorías o directamente si es contrario.
La ley de restricción del voto en Texas, firmada a principios de mes por el gobernador Abbott, junto con otras decenas ya en efecto en otros estados, llevarán a que en las elecciones del año próximo los republicanos probablemente ganen ambas cámaras del Congreso. Aunque representan una minoría del electorado. Si no hay cambios, los republicanos recuperarán en 2024 la Casa Blanca aunque sean un partido de minoría.
Para eso las están legislando. Su objetivo es anular las políticas que salvaron la votación durante la pandemia y produjeron la mayor participación electoral en más de un siglo.
La nueva ley de Texas enfatiza reducir el voto de afroamericanos y latinos. Impone nuevas restricciones a la votación por correo; da autoridad a observadores electorales partidistas; prohíbe el drive-thru y la votación anticipada durante la noche; agrega requisitos de identificación para el voto en ausencia y aumenta los solicitados para emitir el voto en persona.
Así culmina el proceso iniciado por la gran mentira del expresidente Trump de que él ganó las elecciones y que Joe Biden es un usurpador.
De esa manera se puso en evidencia que la mayor ofensiva contra el derecho al voto en 100 años avanza implacablemente. Antecedieron a Texas 17 estados que promulgaron 32 leyes con disposiciones similares; trece más han aprobado otras con lenguaje parcialmente restrictivo.
Pero con 30 millones de habitantes, Texas es el más importante de todos ellos en su peso electoral. Por ello, este es un parteaguas en el ataque frontal a lo más importante en una democracia: el derecho al voto.
No es que los demócratas en la Legislatura estatal no hayan luchado. Lucharon. Incluso, en masa, dejaron el estado para evitar que hubiese el quórum para votar. Enfilaron para Washington y se encontraron con congresistas y funcionarios de la Casa Blanca, rogando que hiciesen algo para prevenir lo que ayer finalmente sucedió.
Los legisladores de Texas pedían que el Congreso de mayoría demócrata, aprobase la Ley Para el Pueblo y la Ley John Lewis de Defensa del Derecho al Voto. Estas dejarían sin efecto medidas estatales como la de Texas. Su presión no tuvo efecto. Washington no se inmutó.
Ya iniciaron varias demandas judiciales contra la nueva ley en Texas. Pero si no prosperan, y si esas leyes siguen en pie, queda una sola vía para defender el voto.
El Senado debe anular la regla arcaica conocida como “filibuster” por la cual se requieren 60 de los 100 votos para detener un debate y llevarlo a votación. Eso significa que para legislar se necesita hoy una mayoría extraordinaria. Los demócratas tienen solo 50 miembros, más, si se requiere, el voto de la vicepresidenta. Eso alcanza para anular la regla y hacer que las leyes para la defensa del voto pasen con mayoría simple. Eso es lo que tienen que hacer. Desde el presidente Biden hasta el último de los políticos demócratas deben tener como prioridad actuar a partir de ahora para cancelar el “filibuster” e impedir el robo electoral que se viene rápidamente.
Si no lo hacen, estamos en camino a un régimen autoritario, del cual los cuatro años de Trump fueron sólo una muestra.
