Pongan fin al filibuster, por el amor de Dios
El presidente Biden debe hacer prioritario anular el filibuster, para avanzar entre otros temas la reforma migratoria y cumplir sus promesas electorales a la comunidad latina
Recientemente, aparentemente se esfumaron las pocas probabilidades de que en este Congreso avance una moción de reforma migratoria que habría legalizado a ocho millones de indocumentados.
Se trataba de incluir la moción en el descomunal plan de desarrollo económico por 3.5 billones (trillions en inglés) de dólares. Incluiría regularizar a los beneficiarios en cuatro categorías: la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, aquellos con Estatus de Protección Temporal o TPS, trabajadores agrícolas, y otros trabajadores esenciales.
La propuesta era el fruto de meses de trabajo arduo de senadores demócratas, la administración Biden y una coalición de políticos, organizaciones comunitarias, líderes empresariales y religiosos.
Pero el plan cayó por la decisión – ampliamente prevista y legalmente correcta – de la asesora legal o Parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough de bloquearlo en el proceso presupuestario de reconciliación, porque, dijo, es una cuestión política más que presupuestaria. Ella es quien tiene la autoridad de decidir si las propuestas de ley cumplen con los requerimientos de la ley.
La así frustrada reforma migratoria fue parte de una maniobra de los demócratas que hubiese permitido avanzar esta y otras piezas legislativas sin necesidad de una mayoría calificada en el Senado.
Esta mayoría especial, como se sabe, es necesaria porque la minoría declara su oposición a debatir casi cualquier tema legislativo, en una maniobra procedural denominada “filibuster”. Para sobreponerse al filibuster, se requiere el voto de sesenta de los cien miembros.
Y los demócratas solo tienen cincuenta.
Pero el filibuster no incluye cuestiones presupuestarias.
Precisamente a ello apuntaba la aspiración demócrata de incluir la reforma migratoria en el paquete presupuestario, razonando que como la legalización agregaría un gasto de $150,000 millones balanceado por un aumento de $1.5 billones en el Producto Interno Bruto en la próxima década, era cuestión presupuestaria.
La decisión contraria de la asesora legal era de esperar. Desilusiona, pero no sorprende.
Es más: nos resulta difícil creer que los demócratas pensaban que les sería posible avanzar la reforma migratoria por esta vía.
Pero parecería que los líderes del partido hacen todo para que parezca que avanzan leyes similares, cuando la verdad es que mientras su mayoría en el Senado sea tan exigua eso es casi imposible.
A menos que se animen a anular el filibuster, que no es más que una regla interna usada desde 1837, abusada desde 1970 y que no tiene fuerza de ley,
Para limitar el filibuster – la llamada “opción nuclear” – se necesita una mayoría simple, y si bien ello no está asegurado ya que al menos dos senadores demócratas se oponen a hacerlo, es probable que lo logren.
Pero no lo harán sin el pleno apoyo del presidente Biden, y él no se ha expresado al respecto.
El presidente Biden debe hacerlo prioritario, para cumplir su promesa electoral a la comunidad latina. Mientras, millones de indocumentados se debaten entre la esperanza de estatus permanente, ciudadanía e integración, o detención, deportación y separación familiar.
