Yik Oi Huang, una abuela de 89 años, se estaba ejercitando en un parque con juegos para niños en San Francisco cuando un adolescente la atacó brutalmente. Aunque durante un año peleó por sobrevivir, finalmente en 2020 Huang sucumbió a las serias heridas que sufrió en la cabeza y la columna vertebral.
La creciente violencia contra asiático estadounidenses y otras minorías se da en un contexto de COVID y tensiones económicas y políticas que han generado un nivel alarmante de polarización.
Para analizar el tema, Ethnic Media Services organizó una conferencia de prensa en la que participó Sassana Yee, nieta de Yik Oi Huang, quien explicó cómo el ataque contra su abuela inspiró su trabajo como activista y defensora de los derechos de las víctimas de crímenes de odio.
El evento, que incluyó a periodistas de medios de todo el país, también contó con presentaciones de Becky Monroe, subdirectora de Iniciativas Estratégicas y Asuntos Externos del Departamento de Derechos Civiles de California; Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y Extremismo de Cal State San Bernardino; y Manjusha Kulkarni,directora y cofundadora de Stop AAPI Hate.
La abogada Becky Monroe, del Departamento de Derechos Civiles de California, explicó la función de su oficina en la lucha contra crímenes de odio. También hizo hincapié en que es muy importante entender la diferencia entre “crímenes de odio” e “incidentes de odio”.
La Constitución Nacional protege ampliamente el derecho a la libre expresión. Por eso la gente puede expresar ideas y hacer comentarios que pueden llegar a ser repugnantes e inmorales sin que necesariamente sean delitos.
De acuerdo al Departamento de Justicia de EE.UU., muchos de esos comentarios, e incluso insultos, son incidentes de odio que implican “actos de prejuicio que no son delitos y no conllevan violencia, amenazas o daños materiales”.
Por el contrario, un crimen de odio “es un delito cometido por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad de origen, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad”
Monroe también recalcó que al analizar estas conductas es importante estudiarlas dentro de un contexto específico como el empleo, la salud, la educación.
“El odio no ocurre en un vacío”, dijo Monroe. “Si realmente vamos a trabajar con incidentes de odio y crímenes de odio, tenemos que hacer cumplir todas las protecciones de derechos civiles”.
El trabajo del Departamento de Derechos Civiles de California se enfoca en la comunidad. Entre sus objetivos se destacan tres aspectos fundamentales: a) identificar opciones y pasos a seguir para individuos y comunidades que son víctimas de crímenes de odio, b) conectar con programas culturalmente apropiados y c) mejorar la colección de data para poder prevenir y proveer respuestas adecuadas.
En lo que hace a los sistemas que se utilizan para la recolección de datos, Monroe recordó que tienen limitaciones e inconsistencias. Incluso muchos crímenes de odio nunca son reportados y, por lo tanto, no aparecen en las estadísticas del Uniform Crime Report, del National Crime Victimization Survey, la California State AG Data, del Center on Hate and Extremism, la CA State University San Bernadino o del Stop AAPI Hate Data.
Aun más, alrededor de 85% de las agencias que deben reportar crímenes en ciudades de más de 100,000 habitantes, no reportaron ni siquiera un solo crimen de odio. “Algo poco creíble”, comentó Monroe.
El mismo Departamento de Justicia de los EE.UU., en donde Monroe llegó a trabajar, admitió que en base a lo que se publica en el National Crime Victimization Survey “el número de crímenes de odio no es de 7 a 8,000 anuales, sino que cercano a 250,000”.
Brian Levin, de Cal State University San Bernardino estuvo de acuerdo en las limitaciones de los sistemas de reporte. Y agregó que también es preocupante que solo 20% de los casos en los que se denuncia un crimen de odio los perpetradores terminan siendo enjuiciados.
Levin presentó estadísticas que muestran una correlación significativa entre eventos específicos y el incremento en crímenes e incidentes de odio. Más específicamente, cuando hay elecciones, aumentan los crímenes de este tipo.
La peor fue la elección de noviembre de 2016, cuando Donald Trump terminó triunfando. Los crímenes contra la comunidad asiática crecieron nada menos que un 224%. Los crímenes contra la comunidad judía un 59%, contra la comunidad LGBTQ un 51%, un 41% contra los latinos, 30% contra personas de raza blanca y un 16% contra negros.
Se debe aclarar que, en números totales, la comunidad afroamericana continuó siendo la más afectada por los crímenes de odio.
Otro factor que complica la situación, sugirió Levin, es la retórica de algunos medios de comunicación y, también, la de líderes políticos.
Los crímenes de odio contra latinos, en 2018, fueron los más altos en una década debido a la discusión de odio en la televisión», dijo Levin.
En ese mismo año, los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ se duplicaron en Los Ángeles y aumentaron un 40% en todo el país. Y los ataques han sido cada vez «más viles y más violentos».
Manjusha Kulkarni, directora y cofundadora de Stop AAPI Hate, enfatizó la necesidad de entender las características de los crímenes de odio. Particularmente contra los asiáticos que parecen ser los más afectados últimamente.
Stop AAPI Hate, dijo Kulkarni, recibió 10,905 reportes de discriminación de distintas partes del país.
61.8% de los reportes fueron hechos por mujeres, 9.9% jóvenes menores de edad y 7% por personas de más de 60 años.
La mayoría fueron ataques verbales, 63%, y un 16.2% fueron asaltos. Por lo tanto, la mayoría se clasificarían como incidentes de odio que son traumáticos, pero que no son crímenes de odio.
Las siguientes comunidades fueron las más afectadas: 42.8% chinos, 16.1% coreanos, 8.9% filipinos, 8.2% japoneses, 8.0% vietnamitas, 7.3% blancos, 2.0% indios, 0.3% isleños del Pacífico.
¿Dónde ocurren?: 32.4% en calles y veredas, 26.9% negocios, 10.3% residencias privadas, 10.1% online, 8.4% transporte público, 8.0% parques, 6.0% escuelas, 2.9% universidades y 1% en hospitales/centros médicos.
Kulkarni recordó que a este fenómeno no que hay que considerarlo como un problema de ataques interpersonales, sino que como consecuencia de decisiones estructurales y políticas. Por eso, para ella, es necesario una respuesta que incluya “…una infraestructura integral de derechos civiles en todo el país”.
Es por ello que Stop AAPI Hate está apoyando la aprobación de dos proyectos de ley californianos, la SB1161 y la AB2549, para trabajar con funcionarios estatales en tres áreas: derechos civiles, seguridad comunitaria y equidad educativa.
