Se ha conocido hace un par de semanas la noticia que habla de un supuesto “complot” para dividir la bancada del partido del presidente Nayib Bukele.
Esto indudablemente cae como sorpresa para la población salvadoreña, pero los movimientos políticos son así, muchas veces sorpresivos. La respuesta de los dirigentes de Nuevas Ideas no se hizo esperar, en primer lugar separando a dos diputados que presuntamente sostuvieron negociaciones para a su vez separar de 15 a 25 miembros de la bancada del presidente. De seguro para que este personaje, Roy García, que forma parte de la diáspora de salvadoreños que viven en Estados Unidos y que dio todo su apoyo para que el actual presidente, lograra ocupar la primera magistratura del país.
Después, como muchos, fueron apartados y marginados de las decisiones del partido.
En primer lugar, lo sucedido nos permite especular que ésta es únicamente la punta del iceberg que se esconde ante los ojos de los que no pertenecemos a ese partido y que devela la lucha por el poder que se irá acrecentando al pasar del tiempo. Sólo para mencionar un hecho concreto, es tradición en nuestro país que quien ocupa la comuna capitalina sea candidato presidencial en las próximas elecciones, pero lo que la población ha observado es la falta de protagonismo del alcalde de San Salvador.
Por tanto, no encontramos el relevo al presidente Bukele. ¿Será que éste no quiere que nadie le quite brillo, o que le robe protagonismo político debido a que él quiere postularse nuevamente como candidato a la presidencia?
Cuando se conforma una constitución en ella van descritas las normas de convivencia social que son fundamentales para que los ciudadanos podamos retomar nuestras obligaciones, pero sobre todo para saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. En este particular caso de la reelección presidencial, la constitución es bien clara al declarar que el presidente constitucional de la república no puede ejercer su cargo ni un día más del tiempo que ésta misma estipula, cinco años. De no ser así, el Ejercito está obligado a insurreccionarse y a deponer al mandatario que pretenda usurpar el poder.
Y no sólo menciona esto, también inhabilita a todo funcionario público que promueva la reelección presidencial. Los ciudadanos estamos claros en nuestros derechos y obligaciones, pero el presidente Bukele se ha caracterizado por su irrespeto a la constitución y las leyes de la república. En este contexto de cosas, me imagino, que obedecer órdenes a ciegas no es buena idea ya que todo funcionario en determinado momento responderá por sus actos y a sus acciones, que pueden acarrear acciones penales en su contra, si estas riñen con la ley.
También no podemos dejar de lado las sanciones que han tenido altos funcionarios de la administración Bukele al serles retirada la visa, que a ojos de muchos podrá parecer poca cosa, pero eso da pie a otras sanciones internacionales que pueden cortar cualquier deseo de seguir una carrera política.
Ahora bien, como siempre los altos dirigentes de Nuevas Ideas han reaccionado como se esperaba: amenazando a los diputados con enjuiciarlos por negociaciones ilícitas. El gran problema es que los diputados tienen fuero, por tanto, deben promover un antejuicio y tendrán que ejecutarlo sus mismos compañeros de partido.
En ese acto nos enfrentaremos precisamente a la obediencia debida, en donde cada uno de los diputados tendrá que decidir cuál es el camino correcto. ¿Debo condenar al compañero de partido para que sea enjuiciado y que eso le lleve a purgar una pena mínima de seis años de cárcel?
En mi vida profesional, como docente de una Universidad de “prestigio”, en una oportunidad, me llamó la coordinadora para explicarme la situación de un estudiante que trabajaba y que por eso ya llevaba mi asignatura en tercera matrícula. Me pidieron que fuera benévolo al evaluarlo, bueno y ¿cuál era mi labor como docente? Que el estudiante aprendiera, o que el estudiante pasara la asignatura, mientras tanto observaba como otros docentes aceptaban cambiar calificaciones a pedido de la decana o coordinadora?
Me pregunto si el tráfico de calificaciones a los estudiantes no es corrupción, si yo aceptaba cambiar una nota por prebendas, favores o presiones, no estaba cometiendo un delito que posteriormente podría tener consecuencias en mi prestigio como docente o como profesional.
Este será el razonamiento que todo funcionario debe hacerse. Sabemos que los salarios de los diputados son jugosos, que de ninguna otra manera los podrán obtener si no son diputados, Pero valdrá la pena exponerse al descrédito profesional, a renunciar a la ética en el ejercicio del poder por lograr esas prebendas.
Espero que todos los diputados se estén cuestionando cuál es su labor como ejecutores de un poder otorgado por el pueblo, que por cierto ya en las encuestas se los están reclamando. Su labor como diputados no sale tan bien evaluado como su partido, ¿que les puede indicar eso?, que el pueblo observa sus acciones, que ofrecieron austeridad en el manejo de la cosa pública y lo que hemos observado son aumentos salariales, no tener que dar cuentas de viajes y viáticos, de utilizar recursos del pueblo para comprar más camionetas de lujo, contratar más motoristas, y aumentar el bono de gasolina.
Recordemos las sabias palabras de nuestro arzobispo: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios…Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla”
